Manuel Parola
La llegada de las fuerzas federales al territorio de Rosario es una realidad. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández dio a conocer a través de un video la decisión de trasladar 400 oficiales federales a la ciudad (300 gendarmes que se suman a los 1.000 que ya están en Rosario, y 100 efectivos de la policía federal), y al cuerpo de Ingenieros del Ejército que tendrá la tarea de urbanizar los barrios populares. Es la novena vez desde 2014 que se toma una decisión de estas características para solucionar el problema de la violencia urbana. El Ciudadano se comunicó con diferentes representantes barriales y referentes vecinales para conocer la opinión de los vecinos de a pie sobre esta medida. Los rosarinos no quieren más soluciones anunciadas: buscan resultados.
“Acá en principio, todo lo que sea ayuda es bienvenido”, dijo Melisa Herrero, referente de la Asociación de Vecinales Unidas. “Entre las vecinales hay una buena recepción, pero lo que se necesita es un trabajo en conjunto para que haya un plan de provincia y municipio para ordenar el barrio, no para ocupar el territorio”.
La referente barrial entiende que las fuerzas armadas, así como han sido presentadas en anuncios, deben tener un rol partícipe de ese plan, en conjunto con el ministerio de Infraestructura de la provincia y de la Municipalidad: “Lo que pretendemos es que las Fuerzas Armadas vengan no a ocupar el territorio sino a ordenarlo”, aclaró Herrero, quien señaló que ninguno de los niveles del Estado se comunicó con las organizaciones vecinales o sociales para abordar el territorio que ellos transitan desde hace años: “Lo ideal sería que trabajemos todos juntos. Lo importante es que se trabaje de manera coordinada, haciendo cosas para el mismo lado, porque si no es la misma desorganización de siempre”
“A los barrios (los representantes del Estado) se llegan sólo cuando hay problemas y con policías, nada más”, acusó Herrero, y siguió: “Necesitamos también una presencia del Estado que llegue de otra manera, a nivel más social a la gente de los barrios. Que hagan un abordaje integral”.
Osvaldo Ortolani es el presidente de la vecinal de Empalme Graneros, uno de los barrios más afectados por la violencia urbana, y un militante territorial con muchos años caminando las calles de su barrio: “Todo lo que sea para mejorar o para hacer es siempre bienvenido. Que haya 200 o 400 gendarmes, es bienvenido. Ahora, nuestra preocupación mayor es qué se hace realmente. Por más saturación que uno va poniendo en las calles, como por ejemplo en el barrio hace cuatro meses que hay mucha presencia policial, podemos terminar con un gendarme por casa, pero si no se busca el origen de los problemas ni se trata de resolver ese origen, la preocupación va a seguir estando”.
“Estamos a un click de un Estado fallido”, reflexiona el referente vecinal, y advirtió: “Estamos hablando de un problema mucho mayor, frente a un problema que está quebrando una sociedad”. Ortolani sostuvo que no es la policía la que controla el territorio. Marcos Romero, secretario de Seguridad Pública de la provincia, confirmó recientemente que en Rosario hay aproximadamente 150 búnkers de venta de droga. El vecinalista hace pie en este dato para aventurar la dimensión de la cantidad de personas que trabaja al servicio de la venta callejera de droga: “Estamos hablando de un enorme número de personas armadas que andan pululando por la calle, es un ejército paralelo que dirimen sus discusiones por territorio a los tiros”.
“Mientras que no se avance con los temas de fondo, se da una cosa de tiempo y espacio muy cortos, pero si los generadores de muertos vivos que están en la calle no son abordados, las cosas van a seguir pasando. Me gustaría que los dos Estados empiecen a dar lugar a esta pandemia de muertos vivos”, se lamentó Ortolani.
“Todavía no hemos visto demasiado”, confesó Silvia Girgolet, antropóloga de profesión. Girgolet señala que no hubo ningún tipo de comunicación hacia las organizaciones sociales o vecinales sobre qué tipo de trabajos se llevarán adelante para poder urbanizar: “No sabemos bien cómo va a ser eso, o qué significa eso de la urbanización. Porque no debe ser algo que se puede hacer de un día para otro”.
La antropóloga entiende que la presencia de los policías en los barrios tiene que ser estratégica y planificada, determinando los lugares de acción de las bandas en el territorio: “Esta medida va a servir en tanto se bloqueen determinados barrios con una presencia masiva. Tienen que determinar cuánto tiempo van a estar ahí y si pueden detectar la ubicación de estas bandas, porque no se van a quedar en los lugares donde están los policías, dónde están todas las fuerzas de seguridad. La verdad es que todavía no queda muy claro eso”.
Por otro lado, la referente agregó que la saturación no tendrá mayores frutos si no se investiga las fuentes de financiamiento de las bandas criminales: “Esto sólo sirve si no se queda en desmantelar búnkeres y se ponen a hacer un seguimiento de la sociedad a otros niveles, porque realmente todo el lavado de dinero que se está haciendo en la ciudad, la proliferación de la construcción en Rosario, en un país que se dice que se está tan mal”, exclamó Girgolet. “Yo creo que todo ésto ahí radica ahí. Porque los bosques son unos perejiles en los barrios que venden drogas a otros pobres diablos. Acá lo que funcionan son bandas, no carteles”. Para ella, las organizaciones están lejos de ser carteles, sino que más bien tienen una barrial de las bandas que hoy disputan el territorio: “No creo que todavía tengan un estatus semejante”.
“No va a haber salida si no se integran los tres Estados con las organizaciones en el barrio, pero me parece que acá lo que falta es el diálogo con la comunidad, que es la que sufre esto. Hoy está rota la relación de la de la sociedad con la policía, el problema es la policía”, sentenció Girgolet, y profundizó: “Nosotros con los gendarmes no tenemos relación, tampoco tenemos relación con la Policía Federal prácticamente, o sea, la Policía de la provincia a través de sus comisarías en los barrios está rota. El vecino no te va a hacer una denuncia, porque después tiene miedo a las represalias, realmente no se confía en los comisarios”. Pero eso no es suficiente: “Acá tiene que haber alguna instancia donde se pueda revertir esto y que podamos ver resultados en que la gente pueda volver a la calle tranquila”.
La vecina del barrio Empalme Graneros analizó: “Esto se desmadró por falta de compromiso de una fuerza de seguridad que tendría que estar al servicio de la comunidad y no financiados por estos sectores de la crimen”.
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