Manuel Parola
A Carlos Daniel Orellano le decían “Bocacha” por su enorme sonrisa. La hija de un amigo de la familia un día hizo alusión a esa sonrisa y a su incapacidad de estar quieto y en silencio, por lo que el apodo no se hizo esperar. El joven de 24 años murió la madrugada del 24 de febrero del 2020 en circunstancias que, a dos años de iniciada la investigación, aún sigue sin responder a las innumerables preguntas que se desprenden de su fallecimiento. Una investigación signada por contradicciones y tensiones entre la querella, la fiscalía y la defensa del dueño del boliche, Guillermo Woelflin. A casi dos años del hallazgo del cuerpo de Bocacha, la familia afirma: “Nos seguimos tropezando con diferentes cuestiones. La más clara es que se cumplen dos años del asesinato de Carlitos y aún no tenemos ni la mitad de las pruebas que necesitamos”. En el marco del amargo aniversario, la Asociación Civil Carlos Bocacha Orellano organiza un festival en su memoria: músicos en vivo, venta de comida y exposiciones de muralismo, para honrar la vida del joven y exigir un alto a la violencia institucional.
El chico era trabajador de la empresa de electrodomésticos Liliana, y había pasado ese día con unas amigas en el Caribe Canalla, como se le conoce al balneario de Rosario Central, el club de los amores de Orellano. Por la tarde noche, regresó a su casa raudo para bañarse, vestirse y salir a bailar con amigos al boliche Ming River House, una disco que, según afirman sus familiares, no frecuentaba.
Al día siguiente, la familia iba a reunirse en las islas frente a la ciudad como lo hacían los fines de semana, y lo esperaron durante toda la tarde, hasta que la preocupación de sus amigos, que no lo encontraban, los empujó a comenzar una búsqueda que derivaría en una lucha constante por la verdad sobre lo que le pasó a su hijo y hermano, esa noche en la costa del Paraná. Un río que ya es escenario fatal de tres crímenes de ineludibles similitudes con la desaparición forzada de Gerardo “Pichón” Escobar, y la detención seguida de muerte de Franco Casco, en agosto 2015 y en octubre del 2014, respectivamente.
Hoy, la causa se encuentra en un estado de quietud: las últimas novedades datan del 27 de mayo del año pasado, cuando fueron confirmadas las prisiones preventivas para dos efectivos de la Policía provincial, Gabriel Nicolossi y Karina Gómez (quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera en su casa, ya que se encuentra al cuidado de un menor de edad y de una persona con discapacidad), y para los patovicas Emilio López, y Fabián Maidana, quien además era el encargado de seguridad de Ming River.
A los cuatro les imputan los cargos de falsedad ideológica, incumplimiento del deber de funcionario público y homicidio simple con dolo eventual, en carácter de coautores. Fuentes cercanas a la querella afirman que la defensa de los imputados planea presentar la excarcelación en los próximos días. El boliche continúa clausurado por pedido del fiscal Patricio Saldutti, quien es el que lleva adelante la causa.
Una cámara que no grabó y una denuncia que no está
Los Orellano insisten en que la investigación ha estado plagada de entorpecimientos, de irregularidades y elementos que dan cuenta de una diferencia entre los intereses de la querella y la investigación. Noelia Orellano, hermana mayor de Bocacha, narra que al momento de hacer la denuncia en la comisaría 2a, el libro de actas no registraba ningún movimiento desde el viernes anterior a la desaparición de Carlos.
“Cuando nos presentamos en la comisaría 2a a preguntar, primero nos atienden de buena manera, nos dicen que no había nada”. Según relata, no había registro alguno en el libro de actas desde el día viernes: “Ni disturbios en el boliche, ni de alguien que haya caído al agua. Nada”. Al salir de la comisaría, reciben un llamado de una oficial de la comisaría 20a diciéndoles que “por comunicaciones internas, ella sabía que la denuncia que era de un chico que había caído al agua la tenía la sumariante (Brenda) Leis”, que es de la comisaría 2a. A raíz de esto nos volvemos a presentar en la comisaría en otro tono, exigiendo que nos vuelva a atender la sumariante”, quien los maltrató ante la pregunta de por qué querían comunicarse con la oficial citada.
“A los quince, veinte minutos” de insistencia por parte de la familia, “aparece ella sacando una denuncia de su bolsillo” redactada a mano en un papel no oficial, “preguntando (por) la familia del chico que se ahogó”. La denuncia había sido hecha por la oficial Gómez, quien estaba como servicio adicional de seguridad esa noche, y describía al detalle la contextura física y la ropa del joven desaparecido. Noelia Orellano afirma que esta fue una de “las primeras irregularidades: ocultarnos la denuncia” y luego, la desaparición de la informal declaración. “Hasta el día de hoy, esa denuncia no apareció más. No está”.
La Fluvial: seguirá tras las rejas personal de seguridad acusado por el crimen de Bocacha Orellano
Esto sólo fue el inicio. El informe de la comisión de seguimiento, información e investigación sobre la muerte de Carlos Orellano de la Cámara de Diputados, presidida por Matilde Bruera, da cuenta de las declaraciones de las diferentes partes: fiscales, familiares, querella y hasta testimonios de víctimas de sucesos similares al ocurrido a Bocacha. En el escrito, el abogado querellante, Salvador Vera, informa “una serie de consideraciones críticas en relación al trabajo del personal del Instituto Médico Legal (IML), de la policía, de los fiscales y del dueño del local bailable”.
La sexta reunión de la comisión de seguimiento da cuenta de lo dicho por el fiscal general Jorge Baclini y Patricio Saldutti, fiscal adjunto de la oficina de Homicidios Dolosos. Según Saldutti, la Prefectura había sido informada de la caída de un joven al río a las 5.30 de la mañana.
El fiscal afirma que durante el allanamiento realizado al boliche se secuestraron 4 DVR y dos cámaras pertenecientes a las guarderías (uno del club Ministerio de Obras Públicas y otro del parque) y que “una de esas cámaras dejó de filmar a las 4:49 h y volvió a filmar a las 7” de la mañana.
El investigador declaró a la comisión que se solicitaron pericias técnicas para determinar si fue una falla o una manipulación intencionada. Hasta el momento, no hay novedades sobre dicho pedido, que data desde mediados del 2020.
Sin agua en los pulmones
Asimismo, al momento de realizar la autopsia, el juez actuante no autorizó la participación activa de la perito de parte Virginia Creimer, especialista en el protocolo de Minnesota, quien “participó de toda la autopsia con numerosos obstáculos por parte de la fiscalía y del IML de Rosario”, aunque “le prohibió hacer comentarios y acercarse al cuerpo”.
En el informe, Creimer denuncia que hubo diferencias en el trato respecto del perito presentado por el dueño del boliche, Guillermo Woelflin, y para con ella, aludiendo que “éste sacaba fotos y las mandaba por whatsapp, mientras que a ella se le impedía ingresar”
Si bien la autopsia resuelve que la causa de muerte es indeterminada, del análisis preliminar se desprenden datos llamativos: el cuerpo del joven presentaba lesiones vitales, ya que se observaban “múltiples infiltraciones hemáticas”, signos de “haber sufrido fuerza en las regiones del omóplato y en los hombros”. Según Creimer, “esto denota que se ejerció una fuerza sobre el cuerpo por personas que conocen el manejo de la restricción sobre otro individuo”.
Por otro lado, los informes complementarios de la autopsia reflejan que no se detectaban sustancias en el organismo (Bocacha no había consumido ni alcohol ni drogas) y que los estudios se habían realizado en un contexto de pulmones secos: no había agua en el estómago o en los pulmones.
Así las cosas, el examen de diatomeas dio positivo, análisis que usualmente se usa para determinar si la causa de muerte se halla en el ahogamiento, aunque la querella pone en duda este dato, al afirmar que “vivimos en el río, tomamos constantemente agua del río”. “Si nos hicieran el análisis a la familia, nos daría positivo a todos”.
Exhuman el cuerpo de Carlos “Bocacha” Orellano para extraer una nueva muestra biológica
El último informe elevado a la presidencia de la Cámara de Diputados el año pasado concluye, entre otros puntos, que “hubo irregularidades en la intervención policial”, que efectivamente “hubo hechos de violencia por parte del personal de seguridad en el interior del boliche y afuera y en las orillas del río”.
Los diputados integrantes de la comisión sentencian que “las evidencias resumidas” son suficientes “como para avanzar en una investigación penal con hipótesis de homicidio doloso”. En el día de hoy, la titular de la comisión, Matilde Bruera, presentó un segundo informe sobre el estado de la investigación aún en curso.
El fiscal Saldutti dio un giro en la hipótesis oficial del caso, explicando en abril del año pasado, cuando se realizaron las confirmaciones de las medidas cautelares e imputaciones de los cuatro efectivos de seguridad del boliche, que estos “determinaron la caída de la víctima al agua, y de esta forma determinaron la muerte. Agredieron en grupo a un chico solo, con superioridad física y numérica”.
Asimismo, agregó que los acusados “ejercieron violencia física contra Orellano, dentro del complejo La Fluvial y en cercanías al muelle 3, tras rodear a la víctima contra la baranda del río Paraná, aprovechándose de la superioridad física y numérica, lo golpean, determinando con su accionar que Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río Paraná, circunstancias que le provocaron el fallecimiento”.
Del dolor a la lucha: un sueño cumplido
Los familiares y amigos de Carlos Bocacha Orellano constituyeron en diciembre del 2020 una asociación civil que lleva el nombre del joven hincha de Central, desde la cual organizan este sábado un festival de música, junto a distintos artistas locales para honrar su vida “a través de la música y el grito hermanado exigiendo justicia”.
Los organizadores invitan al evento que se realizará el próximo sábado 26 de febrero a las 17 en arroyo Ludueña y el río Paraná, a pronunciarse en contra de la violencia institucional, “por lxs pibxs que aún están entre nosotrxs”.
“La mayor movilización que nos motoriza, además de la búsqueda de la verdad y justicia por lo que le pasó a Carlitos, es que esto no le pase a otras familias” dicen Juan Pablo y Victoria Alancay, primos de Bocacha y referentes de la asociación civil: “Que no le pase a otro pibe que sale a bailar y no vuelve a abrazar a su familia”.
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La organización se constituyó “entendiendo que el obtener esa matrícula y organizarnos nos iba a posibilitar muchas más herramientas, y con una fuerza diferente” para obtener otros resultados en base a la causa “y también surge desde un principio, por una necesidad de transformar la bronca en algo que sirva, y poder plasmar un sueño que tenía Carlitos”.
Los hermanos Alancay cuentan que, tras la declaración de la cuarentena casi dos años atrás, la economía general tuvo una muy abrupta caída y las necesidades en el barrio se hicieron muy urgentes: “Empezaron a aparecer ollas populares por todos los barrios y nosotros, en esa búsqueda de transformar y de estar moviéndonos constantemente, quisimos plasmar el sueño que tenía Carlos”.
Según ellos, el joven “a todo el mundo le decía que cuando él tuviera plata le iba a dar de comer a todos los pibitos del barrio”. Ese sueño se realizó de a poco, organizando ollas populares desde el hogar de los Orellano, hasta que “entendimos que necesitaba ser un poco más trascendente nuestra lucha, y la única forma de hacerlo era organizándonos, organizando a todo el barrio”.
Esto llevó a que desde los mismos vecinos se organizaran para poder paliar la crisis que trajo consigo la pandemia, en pleno barrio humilde de Empalme Graneros. “Todo lo aprendimos a los ponchazos, es la búsqueda de transformar, de no quedarse con el dolor” dice Juan Pablo, y concluye: “La organización de toda la gente, de los barrios, la organización desde abajo es la que realmente cambia las cosas”.
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