A ocho años de la sanción de la ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), que significó un cambio de paradigma, la adecuación de las provincias “es muy lenta” y en algunos casos “inexistente”, señalaron especialistas de la Fundación Sur que realizaron una exhaustiva investigación sobre el tema. “Hay atisbos de avances institucionales de los distintos poderes, pero es un proceso muy lento que tiene que ver con los cien años de patronato que tenemos encima”, señaló a la agencia de noticias Télam María Victoria Lucero, la abogada que coordinó la investigación. La letrada precisó: “En un primer momento vimos que se trató de una ley muy resistida, sobre todo desde los Superiores Tribunales de Justicia provinciales, luego se fueron adaptando, pero todavía hay reticencias, no sólo porque requiere una inversión de dinero, sino por una cuestión ideológica”.
La ley 26.061 fue promulgada el 26 de octubre de 2005 en reemplazo de la ley de Patronato que entendía al niño como una persona incapaz, que ante la imposibilidad de la familia de contenerlo debía quedar bajo la tutela del Estado, más específicamente de un juez, quien debía decidir sobre su futuro. Antes, Argentina había adherido e incorporado a la Constitución Nacional la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde ya se ubicaba al “menor” como un sujeto de derecho pleno con voz y voto sobre su futuro, espíritu que se respetó en la ley 26.061 y que representó un cambio de paradigma.
“En términos concretos lo que cambió con esta ley es que la intervención en los casos de menores ya no corresponde más al juez sino al Poder Ejecutivo, que es quien tiene que implementar y aplicar las políticas públicas de infancia en forma responsable y con todas las áreas de gobierno”, describió Lucero. “Es por ello que, desde su promulgación, la ley exigió la creación de una institucionalidad,de órganos del Estado”.
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