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Lesa humanidad

A 15 años del reinicio de los juicios se dictaron 269 sentencias y 1052 personas fueron condenadas

El Informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad determinó que en 2021 se dictaron 17 sentencias, 65 personas fueron condenadas y 9 fueron absueltas. En Rosario se dictó sentencia en la Causa Klotzman y hay cuatro causas más a la espera de juicio para 2022


Todos los años, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad -PCCH- del Ministerio Público Fiscal -MPF- de la Nación publica un informe estadístico que refleja cómo avanzaron los juicios de lesa humanidad en Argentina. En 2021, hasta el 1° de diciembre, se dictaron 17 sentencias, con 65 personas condenadas y 9 absueltas. El 75 por ciento de las 785 personas detenidas permanece en prisión domiciliaria

Desde 2006, con el reinicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983, tribunales de todo el país dictaron 269 sentencias en las cuales condenaron a 1052 personas y absolvieron a 165.

Los datos que se incluyen en el informe son de elaboración propia de la PCCH, a partir de la  información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país.

Una de las 17 sentencias de 2021 fue en Rosario, la única de hecho. En la causa Klotzman se investigaron por primera vez los crímenes cometidos en la Quinta de Fisherton (San José de Calazans 9100), que funcionó como centro clandestino de detención -CCD-. Se conoce a la causa bajo este nombre por el apellido del primer secuestrado en una serie de “operativos conjuntos” del Ejército y la Policía Federal.

La jueza Mariela Emilce Rojas y los magistrados Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez, integrantes del Tribunal Oral Federal N°2, condenaron a cuatro represores a la pena de prisión perpetua: Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López.

La causa se había elevado a juicio en 2015 pero recién inició en septiembre de 2020 luego de ser suspendido en tres oportunidades. Durante esas demoras fallecieron tres acusados vinculados a la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib.

Se investigaron los crímenes cometidos contra 29 personas, de las cuales solo hay dos sobrevivientes: Fernando Brarda, que pasó décadas denunciando la existencia de este CCD; y la nieta -hija de la pareja Cecilia Barral y Ricardo Klotzman- cuya identidad fue restituida por Abuelas de Plaza de Mayo en 2011. Además, en 2016 se conoció  la existencia de un sobreviviente más, cuyo caso no llegó a elevarse en esta oportunidad pero declaró en noviembre de 2020. Diecisiete víctimas continúan desaparecidas, cuatro identidades fueron restituidas y seis fueron asesinadas.

Salvo los sobrevivientes, los demás eran militantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo).

Cada juicio tiene aspectos que los distinguen de otros procesos, en este caso se trató de la primera vez que se investigó a personal de la Policía Federal Argentina delegación Rosario. También fue una novedad la investigación en la ciudad de un caso de apropiación y robo de identidad en la ciudad. Para Abuelas de Plaza de Mayo Rosario era un juicio especialmente importante por esto y porque además hubo otras tres mujeres embarazadas al momento de su secuestro: Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi. Las tres fueron llevadas con vida desde sus domicilios, sin embargo durante el transcurso del juicio no se obtuvieron más precisiones sobre el nacimiento o no de sus hijos o hijas.

Iván Fina, hijo de Isabel Ángela Carlucci y Víctor Hugo Fina -ambos secuestrados en la Quinta de Fisherton- todavía busca a su hermano o hermana y declaró en esta causa. En mayo de 2021 dijo a El Ciudadano que “el silencio de los represores continúa y ese silencio cómplice es una forma de crueldad”.

Próximos juicios en Rosario

El informe indica que durante 2021 se dictaron 17 sentencias: 6 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 en Mar del Plata y en San Martín; y 1 en Bahía Blanca, Catamarca, Córdoba, Posadas, Resistencia, Santa Fe y Rosario. Se registró así un considerable aumento interanual de las sentencias respecto de 2020, año en que se dictaron 11.

No entraron en el recuento las condenas dictadas el 2 de diciembre a dos ex policías y a la esposa de uno de ellos en Mendoza en el caso de la apropiación de una niña e impuestas el 9 de diciembre a 15 militares y policías en Neuquén en el juicio Escuelita VII.

Por otro lado, otras 364 causas judiciales aún no registran sentencia, de las cuales 17 se encontraban en trámite, en etapa de juicio oral o plenario.

En el último año además se iniciaron 17 juicios, de los cuales 9 llegaron a sentencia, 7 continúan con el debate en curso y uno se suspendió por el fallecimiento de los dos imputados involucrados. En este contexto, son 67 las causas elevadas a juicio y solo 3 de ellas tienen fecha de inicio de debate para 2022.

En la fase de instrucción, es decir, en la primera parte del proceso, se registran 280 causas. De todas ellas, en 21 el MPF ha requerido la elevación a juicio. Se contabilizan 18 imputados en el exterior del país que registran pedido de captura, de los cuales 6 han sido localizados pero aún no extraditados, 11 a quienes se les ha denegado la extradición y 1 que se encuentra en proceso de extradición.

Adolfo Villate, fiscal general de la Unidad de Asistencia a las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Rosario, adelantó a El Ciudadano que se fijó la fecha de 28 de marzo para el comienzo de un juicio por un tramo con cuatro víctimas del ex Servicio de Informaciones de la Policía -San Lorenzo y Dorrego-. Se trata de la megacausa Feced, que tuvo su última sentencia en mayo de 2020, y es la causa más grande en relación a centros clandestinos en la provincia de Santa Fe; lleva el nombre del ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la Policía local en durante la última dictadura cívico militar.

También, durante el transcurso del 2022, se espera el inicio de la causa Guerrieri IV, pero aún no hay fecha. La última sentencia de esta causa fue en mayo de 2017 por los crímenes cometidos en los CCD La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia.

Por otra parte, el pasado 14 de octubre se requirió la elevación a juicio por la causa de Robo a Tribunales pero “hubo planteos de nulidad de las defensas que están pendientes de resolver, cuando eso suceda es probable que interpongan recursos de apelación”. Villate calcula que a partir de mitad de año estará en condiciones de ser elevada a juicio.

Finalmente, en la causa Villazo las querellas y fiscalías requirieron elevación a juicio el pasado 20 de diciembre por el operativo represivo ocurrido el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución. Un aspecto de la relevancia de este juicio tiene que ver con que se trató de una suerte de “banco de prueba” para el despliegue del terrorismo de Estado que se daría después en todo el país y por las responsabilidades empresariales que esperan que se investigue.

Quince años de juicios a genocidas

Por otro lado, el informe de la Procuraduría indica que desde 2006, tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad insanable de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se ha requerido la investigación de 3551 personas. Entre ellas se encuentran las 1217 sentenciadas (1052 condenadas y 165 absueltas), que representan poco más de un tercio del total de investigadas.

En 2021, hasta el 1° de diciembre, fueron condenadas 65 personas y 9 resultaron absueltas. Es decir, 74 personas obtuvieron veredicto en juicio. Esta última cifra es superior a las 58 registradas en 2020, pero inferior a las 234 de 2017; 108 de 2018; y 95 de 2019.

“Continúa siendo significativo el número de personas que aún no han obtenido sentencia”, explican y agregan que “de ellas, 572 se encuentran procesadas, 154 con falta de mérito y 93 sobreseídas. Asimismo, de la información recibida por las distintas fiscalías de todo el país, surge que aún resta que se resuelva la situación procesal de 620 personas, de las cuales 38 ya fueron indagadas, y 582 tienen pedido de indagatoria pendiente”.

A lo largo del año, fallecieron 79 personas investigadas por crímenes contra la humanidad. A su vez: 22 permanecen prófugas de la justicia, desconociendo su paradero, mientras que al cierre de este informe se contabilizaron 18 imputados en el exterior del país que registran pedido de captura, de los cuales 6 han sido localizados pero aún no extraditados, 11 a quienes se les ha denegado la extradición y 1 que se encuentra en proceso de extradición.

En la actualidad hay 785 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad y un 75 por ciento de ellas (590 en total) gozan del beneficio de arresto domiciliario que se transformó en “la modalidad de encierro predominante desde el año 2016”, indicó la procuraduría. Un 39 por ciento de las personas detenidas en sus hogares están controladas con un dispositivo de monitoreo electrónico.

En tanto, 127 están alojadas en dependencias penitenciarias, 68 en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad o en el Hospital Militar. La procuraduría pone de relieve que 55 de esas 68 están privadas de su libertad en la cárcel que funciona dentro del predio militar de Campo de Mayo, donde “las características de esta dependencia y el rol del Ejército en su administración impiden homologarla con el resto de las unidades penitenciarias del país”.

Delitos sexuales y sistemáticos

Además, el informe refleja la visibilización de los delitos sexuales en las sentencias dictadas desde 2010 y analiza las dificultades y demoras de las instancias recursivas. En el informe sobre el estado de los procesos, la procuraduría especializada diferencia y destaca “un incremento en la cantidad de sentencias donde se juzgan dichos delitos, que han demostrado que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado”. Especifica que, si bien se observa una constante desde 2013 -en 2012, la Procuración General fijó la política criminal al respecto-, no se ha superado el dictado de cinco sentencias con estas características por año.

En Rosario se condenaron por primera vez a dos represores por el delito de violación en mayo de 2020 en el marco de la última elevación de la megacausa Feced: José Rubén Lo Fiego y Mario Alfredo Marcote fueron condenados a perpetua. En julio de 2021 Lo Fiego falleció en el penal de Ezeiza pocos días después de que la Justicia denegara el beneficio de la prisión domiciliaria.

La primera vez que se condenó en Argentina la violencia sexual como un delito de lesa humanidad fue en 2010 cuando el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata resolvió un falló donde condenó a prisión perpetua a Gregorio Rafael Molina.

En números globales, 40 de las 269 sentencias dictadas hasta el 1° de diciembre pasado contemplan delitos por violencia sexual que tuvieron como víctimas a 117 mujeres y 25 varones. En relación a las personas juzgadas por estos delitos, suman 124 las condenadas y 14 las absueltas.

Justicia lenta

De las 269 sentencias dictadas desde el reinicio de los procesos, solo 81 se encuentran firmes. En este contexto, suman 316 las personas condenadas con al menos una sentencia firme y 28 las absueltas. Representan el 30 y el 18 por ciento del total, respectivamente. El 20 por ciento (206) de los condenados falleció previo a que la sentencia se encuentre firme, y el 12 por ciento (20) en el caso de los absueltos.

La Procuraduría evaluó plazos y detalló que en instrucción, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la investigación es de cuatro meses; en instancia de juicio transcurren en promedio dos años y dos meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; en instancias recursivas pasan en promedio tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.

“Si se considera que más del 90 por ciento de las sentencias se recurren ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cierto es que a los tiempos de tramitación se le suma en todos los casos casi 4 años más, para confirmar o no lo dispuesto por el TOF”, concluyeron.

De acuerdo con los registros de la PCCH, el tiempo total de tramitación de las causas con sentencias no firmes con al menos un reenvío de la CFCP es de seis años desde el dictado de la sentencia del tribunal oral. En tanto, el tiempo total de tramitación de las causas firmes que no tuvieron reenvío por el máximo tribunal penal es de cuatro años entre la sentencia del tribunal y el último fallo de la Corte.

La procuraduría viene advirtiendo desde 2019 sobre “cómo se ralentiza el proceso de juzgamiento”. De acuerdo a los registros existen al menos 75 recursos pendientes de resolución ante la CSJN, que involucran a 130 personas acusadas en 34 causas.

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