El Ciudadano
Joaquín “Pelado” Pérez fue condenado a 25 años en un juicio oral y público por el crimen del comerciante Edgardo Giménez, ocurrido en octubre de 2014. Este martes hubo una audiencia en la que el juez Rafael Coria citó a la Fiscalía, al Servicio Penitenciario y a la defensa para resolver la situación de encierro del Pelado Pérez. Hace un mes y medio que está en una celda de aislamiento después de una audiencia en la Cámara Penal, en donde denunció que fue golpeado y mostró a los magistrados las marcas. Este martes, Pérez después de gritar, tratar de mentirosa a la fiscal y asegurar que iba a matarse, explicó que no puede vivir más en esa situación. El juez evaluó el caso y resolvió trasladarlo a un pabellón de alto perfil siempre y cuando estén dadas las condiciones de seguridad, de cupo, y tenga la anuencia de los internos del pabellón para sacarlo del buzón.
El Pelado Pérez fue uno de los cinco ladrones que entró a la Casa de las Porcelanas el 30 de octubre de 2014. Llegaron en dos autos al comercio de San Lorenzo al 1200, en Granadero Baigorria. Entraron con armas y el hijo del dueño, identificado como Edgardo Giménez, de 34 años, resistió el atraco a los tiros. Le pegaron dos disparos en el pecho y lo mataron. Los ladrones se llevaron 7 mil pesos. Uno de los atracadores también resultó herido en el tiroteo y murió en el interior del local. El hombre fue identificado como Sebastián Alba y tenía una condena a 8 años de cárcel.
Por un error administrativo, a Pérez lo soltaron de la cárcel Coronda. Estuvo 11 meses prófugo y lo recapturaron en la provincia de Córdoba. En noviembre de 2017, fueron a juicio sus compinches de causa: Néstor Fabián Robledo, Fernando Daniel D’Angelo y su hermano Carlos D’Angelo. El tribunal oral a cargo de Hebe Marcogliese, Gonzalo López Quintana y Rodolfo Zvala condenó a Robledo a 24 años de cárcel, a Carlos D’Angelo a 23 años de reclusión –quien fue uno de los que protagonizó la fuga de presos del camión de Servicio Penitenciario ocurrida el 8 de mayo pasado en la autopista Rosario – Santa Fe–y a su hermano Fernando a 18 años.
En tanto, Pérez fue enjuiciado un año después. El tribunal a cargo de Rafael Coria, María Trinidad Chiabrera y María Melania Carrara lo condenó a 25 años de cárcel. El 11 de mayo pasado fue la audiencia de apelación de la condena al Pelado Pérez. En esa circunstancia, contó que había sido golpeado. Ante ello el tribunal dijo que se lo resguarde para evitar nuevas situaciones de esa índole. Desde entonces está en un buzón en el penal corondino. El defensor presentó un habeas corpus que no tuvo acogida y después de ir y venir con el tema, el juez Coria llamó a una audiencia a raíz de las diferentes posiciones sobre entre el Servicio Penitenciario (SP) y la defensa para darle un fin a la situación.
Así se llegó a este martes: el defensor Gabriel Navas dijo que se decidió ponerlo en un buzón sin ningún tipo de condición humana. Aseguró que la celda está inundada, que hay roedores, que no se puede bañar, ni higienizarse, ni acostarse. Sostuvo que el Servicio Penitenciario se resguardó a sí mismo porque el tribunal responsabilizó al director por la seguridad del Pelado y pidió el retorno a un pabellón fuera de Coronda.
En representación del SP habló Lucía Masneri. Explicó que Pérez está a resguardo por una orden judicial. La Cámara Penal dispuso el “debido resguardo físico” y la resolución es clara ya que en Santa Fe hay un protocolo y si el defensor pensó otra cosa debió pedir una aclaratoria, dijo. Explicó que en un pabellón hay entre 50 y 100 internos y los días de visita son otras 50 o 100 personas que tienen contacto con los internos por lo que se puede tener contacto con unas 200 personas –aseguró– y que si el único responsable es el director corresponde la aplicación del protocolo, dijo.
Masneri agregó que si se modifica la situación, Pérez sólo puede ir a la Unidad 1 de Coronda o a la 11 de Piñero. Y señaló que hoy en Coronda hay 800 rosarinos y 1.800 en Piñero, por si todos piden traslado sin explicar las razones ocurriría un vaciamiento en las cárceles, dijo en relación al planteo de la defensa respecto al acercamiento familiar.
Mientras que la fiscal Georgina Pairola explicó que el resguardo se ordenó por el planteo que realizó Pérez en la audiencia, que desconoce si las condiciones de detención son las que asegura pero duda que este tipo de situaciones ocurran en la actualidad. Y tuvo en cuenta que estuvo 11 meses prófugo y aseguró que si se dan las condiciones de seguridad podría volver a un pabellón.
A los gritos
Pérez dijo lo suyo a los gritos. Le pidió al juez que lo acompañe a su celda, que nadie más que él sabe las condiciones en la que está. Señalando a los representantes del SP y la Fiscalía, gritó que se terminen las mentiras: “¡Todos contra mí. Estoy cansado, torturado psicológicamente, no puedo más. Me voy a matar!”, aseguró. Y siguió: “No me puedo bañar, no me puedo afeitar. Mirá cómo estoy”, volvió a gritar golpeando el escritorio.
Y se dirigió a Pairola “¿Qué tiene que ver Pairola que yo me fugué (NdR: en relación a cuando lo liberaron por un error administrativo de Coronda)? ¿Hasta cuándo me va a ensuciar señorita con mentiras? Me tenés cansado con las cosas que inventas mentirosa”, le gritó y la fiscal pidió la intervención del juez que decidió resolver.
Coria le hizo un par de preguntar a Pérez y dispuso que se lo pase a un pabellón de alto perfil tras una evaluación del SP, siempre y cuando estén dadas las medidas de seguridad y exista cupo. También pidió que por escrito se fije el consentimiento del pabellón para aceptarlo.
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