Luciana Mangó
Despedidos y criminalizados. Un trabajador de Electrolux fue imputado por la Justicia por protestar frente a la fábrica para pedir volver a trabajar. Forma parte de los más de 20 empleados que el lunes pasado fueron despedidos por una reestructuración alegada por la empresa. Desde ese momento, acampan en la puerta para que los reincorporen. La firma los denunció porque no permiten el ingreso de los camiones, pero el viernes un juez negó esa solicitud y dijo que era un asunto laboral.
Sin embargo, después de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de este lunes, que pasó a un cuarto intermedio, la Justicia los volverá a acusar este martes al mediodía por “turbación y defraudación”, un delito que prevé una pena de entre 3 meses y 2 años de prisión. La fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Valeria Haurigot, pedirá ante el juez Hernán Postma “el cese de estado antijurídico”. Es decir, que los trabajadores se muevan del lugar que ocupan en el predio. Este martes a las 17 los empleados se movilizarán desde la plaza 25 de Mayo hasta la sede de Gobernación para pedir la reincorporación y “repudiar la criminalización”.
Acusados
“Me despidieron, quiero volver a trabajar y paso a ser un criminal. Es importante que nos acompañen en la movilización para mostrar que no es un problema de empleo sino que buscan criminalizar a quienes quieren defender sus derechos. No somos violentos. Sólo queremos volver a trabajar”, dijo a El Ciudadano uno de los trabajadores que este lunes fue imputado.
El lunes de la otra semana la firma de electrodomésticos Electrolux despidió a 20 trabajadores. Los empleados contaron que anteriormente habían llegado otros 20 telegramas. Sorprendidos por la medida, los obreros resolvieron acampar en la puerta de la planta de Battle y Ordoñez al 3400 para pedir la reincorporación.
Pero el viernes los abogados de la firma los acusaron por usurpación, amenazas y tenencia de arma de fuego, entre otros delitos. La fiscal Valeria Haurigot pidió desalojarlos del predio, pero el juez Hernán Postma desestimó la solicitud.
Dijo que era un conflicto laboral y definió que los empleados y la empresa fueran este lunes a las 9 a las oficinas del Ministerio de Trabajo de Ovidio Lagos y San Lorenzo para resolverlo. No hubo acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 9.
Cuando los trabajadores salieron de la audiencia, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) les notificó que este lunes por la tarde serían imputados. Según contaron los empleados, el sábado a la mañana habían ido hasta la puerta de la fábrica donde sólo encontraron a un operario.
“La PDI fue a identificar a los trabajadores. El ministro Genesini los echó y les volvió a plantear que es un conflicto laboral”, dijo Celina Tidoni, la abogada del -hasta ahora- único acusado.
Este lunes a la tarde el trabajador de 26 años fue imputado por turbación y defraudación, un delito que prevé una pena de 3 meses a 2 años de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes o los servicios públicos”.
Este martes al mediodía la fiscal Valeria Haurigot acusará a otros 17 trabajadores frente al juez Hernán Postma, el mismo que el viernes desestimó la cautelar, por impedir el ingreso de los camiones y materias primas a la fábrica y pedirá el cese de estado antijurídico.
“No queremos desalojarlos, sino que se muevan del portón donde ingresa la mercadería para que puedan salir los productos terminados. Adentro hay trabajadores que no pueden ejercer sus tareas. No buscamos reprimir, sino pacificar el conflicto. Tenemos la obligación de impedir que comentan un delito”, explicó Haurigot. La fiscal señaló que la audiencia tendrá lugar porque encontró nuevos elementos para acusar: la continuidad del bloqueo y amenazas, entre otros.
Criminalizados
“Estamos preocupados. Es un escándalo. Buscan aplicar la doctrina Bullrich de criminalizar la protesta a quienes pelean por su fuente de trabajo. No vamos a permitir que la Fiscalía y la Justicia desalojen con la fuerza pública a 22 trabajadores que se quedaron en la calle. Muchos tienen familia a cargo. Uno tiene un hijo con discapacidad, otro una esposa con cáncer, y otra una bebé de 9 meses. La empresa responde con una acción penal cuando tiene que dialogar por vía laboral”, dijo, por su parte, la abogada del imputado.
El operario tiene 26 años y desde hacía tres trabajaba en la producción de todas las líneas de la empresa. Cuando el lunes pasado a las 6.45 llegó a la puerta de la planta no imaginó que sería su último día dentro. Menos aún, que una semana después lo acusarían frente a un juez por reclamar volver a trabajar.
“Entendemos que es parte de una persecución para que nos vayamos. Queremos volver a trabajar. Sabemos que no somos delincuentes. Nos manifestamos pacíficamente. No nos van a amedrentar”, señaló el obrero, y destacó el apoyo recibido de las organizaciones de derechos humanos como de Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel de la Paz), Carlos del Frade (diputado provincial de Santa Fe), Daniela Vergara (secretaria de Derechos Humanos de Amsafé Rosario), la concejala Celeste Lepratti, autoridades de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de la organización Hijos, entre otros referentes.
Conflicto laboral
La reunión que tuvieron este lunes los representantes de la firma con los empleados y el Ministro de Trabajo Julio Genesini pasó a un cuarto intermedio. Según dijeron los trabajadores, la empresa no mostró intenciones de reincorporarlos. Sin embargo, hicieron un cálculo basado en los balances presentados por la firma donde estimaron que un día de trabajo permite pagar el sueldo a los 22 despedidos durante dos años laborales.
“Vamos a mantener la protesta. Es la única manera que tenemos para que nos reintegren. No tenemos problemas con la Justicia. Somos trabajadores. No tenemos armas, ni somos violentos”, dijo una de las empleadas.
La mujer tiene 34 años y desde hace siete es operaria en la línea de producción de heladeras. Cuando el lunes pasado cruzó el molinete no la dejaron pasar. El guardia de seguridad le informó que era una de los 20 despedidos. Junto a los otros empleados, resolvieron quedarse en la puerta y exigir que los reincorporen.
Ese día supieron por los delegados sindicales que la firma había tramitado el procedimiento preventivo de crisis. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario anunciaron que la empresa se comprometió a no volver a despedir hasta que termine 2019. Pero el acuerdo llegó después de los 40 telegramas.
Críticas a la empresa
El diputado provincial Carlos del Frade acompañó a los obreros al Ministerio de Trabajo y cuestionó el intento de criminalización por parte de la empresa.
“Es un conflicto laboral que la empresa busca criminalizar al denunciar a los trabajadores. La salida debe ser en el Ministerio: nos parece una brutalidad convocar a audiencias imputativas en la Justicia penal. La Policía debería combatir el delito y no perseguir a trabajadores”, sostuvo el diputado.
“El gremio los abandonó. Desde las organizaciones vamos a seguir acompañando para que la empresa explique por qué los despidió y al menos saque la denuncia en la Justicia. La firma primero los despide y después los trata de delincuentes. El gobierno no puede ser cómplice”, concluyó el legislador.
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