Desde la Cámara de Diputados de la provincia solicitaron al gobierno de Miguel Lifschitz que reglamente la normativa que garantiza el derecho a conocer lo sucedido durante la última dictadura cívico militar, tal como lo establece la ley Nº 13528, Creación del Archivo Provincial de la Memoria, sancionada en marzo de 2016 y promulgada un mes después.
La norma, producto de una iniciativa de la legisladora del bloque Partido SI, Alicia Gutiérrez, tiene como objeto resguardar toda la documentación vinculada a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado desde el 24 de marzo de 1976 hasta el retorno de la democracia en 1983.
“Recién ahora, después de 32 años, podemos contar con una ley que le da un marco a todas las políticas públicas destinadas a la construcción de la memoria colectiva, y que permiten la conservación de inmuebles, documentos, testimonios, que son fundamentales para garantizar el conocimiento sobre el pasado reciente”, explicó la autora del proyecto.
Al mismo tiempo, Gutiérrez solicitó al Ejecutivo provincial que se lleve a cabo la convocatoria, -establecida en la norma en cuestión en el artículo 29-, a fin de crear las comisiones del Espacio de Memoria, como también la actualización de la ventana correspondiente a Memoria, Verdad y Justicia de la página web oficial del gobierno de la provincia.
Gutiérrez sostuvo que, “si bien debemos reconocer la voluntad de los últimos gobiernos democráticos de nuestra provincia en pos de mantener viva la memoria y que muchas de las medidas que establece la normativa, como la creación del Archivo de la Memoria y la Señalización de los Sitios de la Memoria, ya han sido llevadas adelante a través de decretos del Ejecutivo, es fundamental que esto quede establecido por ley”.
De esta manera se garantizará la continuidad de las políticas y se esclarecen los objetivos, la formación y los mecanismos de dichos institutos para complementar lo actuado.
El aporte del Archivo Provincial de la Memoria, creado en 2006, que concentra toda la información referida a violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado, ha sido vital para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. El material constituido por partes policiales, antecedentes y fichas personales, informes sobre instituciones y diversas entidades; impresos tales como volantes y panfletos de distintas agrupaciones y organizaciones, recortes periodísticos de la época, entre otras cosas, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por el Programa “Memoria del Mundo” de la Unesco.
“Para que se pueda seguir avanzando en esta dirección es necesario que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reglamente la ley mencionada”, concluyó la diputada.
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