“Hay una visión equivocada del sistema universitario”

El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Eduardo Seminara presentó un proyecto en el Congreso para explicitar su preocupación ante la caída de convenios entre el Estado y las universidades, que se dio tras el arribo del nuevo gobierno de Mauricio Macri y que tira por tierra la vinculación de conocimientos que generan los centros de educación superior con la sociedad. A ello se le suma el freno a los procesos de organización y puesta en funcionamiento de las flamantes casas de altos estudios creadas en todo el país durante los últimos años, como es el caso de la de Rafaela. “Creo que hay una visión equivocada de lo que significa el sistema universitario”, indicó el ex vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En diálogo con El Ciudadano, Seminara atribuyó estas decisiones “al desconocimiento y probablemente a algunas malas prácticas que alguien le pueda haber soplado al presidente”.

—¿De qué se trata este proyecto de resolución?

—Desde 1983 para acá se han creado 25 universidades públicas, de las cuales 15 se crearon en la última década. Todas esas universidades están sujetas a un proceso de organización y normalización. Y con el cambio de gobierno nos preocupa que se pueda cambiar el criterio y no se les pueda garantizar los procesos de normalización. Desde que se crea por ley la universidad hay un proceso de organización sobre distintas esferas de control y hay ministerios que aprueban el proyecto institucional y académico. Y luego se arma el estatuto y la forma de elección democrática para que empiece a funcionar como una universidad normalizada. Estos procesos llevan por lo menos entre 2 y 4 años.

—¿Y estos procesos no se han terminado?

—Muchos están iniciados. Es el caso de Rafaela, que era uno de los motivos de mi preocupación. Ya tiene aprobado el proyecto institucional y después vienen las fases de implementación, puesta en funcionamiento, inscripción para las primeras carreras y el proceso de normalización. Esto viene vinculado a una duda, una inseguridad que uno piensa que puede pasar y también a los decretos de necesidad y urgencia que dieron de baja de manera unilateral todos los convenios que las distintas universidades públicas tienen.

—¿De qué se tratan esos convenios?

—El Estado nacional se vincula con las universidades a través del Consejo Interuniversitario Nacional, con el cual todo el sistema público de universidades firmó un acuerdo marco y después cada universidad en particular suscribe acuerdos con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales o municipales. Esto tiene que ver con las capacidades de conocimiento que acumulan las universidades, capacidades que creemos que cada vez tienen que estar más vinculadas con las regiones donde están enclavadas cada una de estas universidades. Entonces la suspensión arbitraria de convenios por un lado tiene un dejo de desconfianza generalizada contra todo el sistema público de universidades. Creemos que fue innecesario, que se podía haber garantizado una continuidad jurídica dado que es una relación público-público, de total transparencia ya que los convenios los aprueban los consejos superiores de cada universidad, afectan tareas técnicas, sociales. La universidad no debe ser objeto de sospecha y mucho menos la universidad pública.

—A qué te referís cuando decís que hay “sospechas” sobre las universidades.

—Parte un poco de lo que dijo el presidente, Macri. Señaló que eran “ámbitos de militancia política”. La universidad pública se crea en el ámbito del debate político en el año 1917 con la reforma universitaria y ha sido uno de los principales lugares de formación de la dirigencia política y además ha sido cantera de premios Nobel. La política bien entendida no es un problema para la universidad pública. Tiene un sistema de votación y participación de todos los claustros, hay una ley que consagra esos derechos, el ingreso irrestricto, la gratuidad. En ese sentido creemos que pretender querer tirar un manto de sospecha sobre las universidades públicas es una cosa muy dañina.

—¿Creés que hay una especie de desprecio ideológico?

—Yo diría que hay una mezcla de desconocimiento de las lógicas de funcionamiento de lo público, que tienen como objetivo fundamental la formación no sólo en temas técnicos de excelencia sino también la formación de ciudadanos para vivir en una vida democrática intensa. Por eso el modo de gobierno que tiene la universidad en donde en la elección de su rector participan de manera proporcional todos los claustros. Entonces creo que todo ese tipo de cosas son atribuibles al desconocimiento y probablemente a algunas malas prácticas que alguien le pueda haber soplado al presidente.

 

Visita presidencial

Según confirmaron a El Ciudadano fuentes del PRO local, el presidente Mauricio Macri tiene planeado estar en el inicio del año académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el próximo lunes 14. Tal como ocurrió en su intento frustrado de visita a la vecina San Lorenzo –llegó al Aeropuerto de Fisherton pero ante el mal clima Seguridad le aconsejó retornar– se esperan movilizaciones y protestas por parte de militantes del kirchnerismo, entre otras agrupaciones y organizaciones sociales. La presencia de Macri en la Facultad de Derecho, con la asistencia de todos los decanos, sería entonces la primera visita como presidente a la ciudad. Ante la posible llegada de Macri, organizaciones sociales, de alumnos y profesores expresaron que protestarán en el exterior de rectorado.

 

“Esperaba un discurso presidencial más conceptual”

—¿Qué le quedó del discurso que brindó el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones?

—En realidad uno esperaba un discurso que fuera mucho más conceptual. Lo que vimos es un conjunto de opiniones sobre la gestión anterior, en muchos casos no demasiado fundadas, y bastante poco de cómo va a ser la continuidad del proceso, sobre todo económico, industrial y social del futuro gobierno. Se habló muy poco de producción, se habló muy poco de trabajo, salvo la mención que hizo a los sindicalistas y a un problema puntual que afecta a muy pocos trabajadores (por el impuesto a las Ganancias), que son alrededor de un millón sobre una masa de población económicamente activa de 10 millones. Pero fundamentalmente me parece que la gente esperaba un discurso acerca de cómo es, en el imaginario del nuevo gobierno, la sociedad que se quiere construir. Esperemos que las cosas se encaminen, que sea el camino de la política el que permita un debate más profundo de ideas. Nosotros venimos además de dos meses de esperar haber sido convocados como diputados para tratar las necesidades y urgencias que tenía el país y sin embargo se nos contestó con la nada misma.

 

Medios: “Atropello al orden democrático”

—¿Cómo tomó la decisión del nuevo gobierno de dejar sin efecto la ley de Medios a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU)?

—Es un atropello al orden democrático la forma en que se modificó la ley 26.522 y la ley de Telecomunicaciones. Es una falta de respeto haber tomado decisiones sobre el futuro de canales de televisión abiertos dándoles hoy prórrogas por 15 años por decisión automática del presidente cuando faltan dos años y medio para que venzan esas licencias. Realmente son medidas a pedido de un grupo económico y en detrimento inclusive de otros sectores empresarios que quedan excluidos del negocio de la convergencia que por decreto ha impuesto el gobierno. Ahora habrá que ver si el DNU tiene ratificación en el Congreso. Creo que es mucho el daño que se le hace al sector de las telecomunicaciones con este tipo de modificaciones. Queda un sistema totalmente cautivo de algunas pocas empresas en detrimento del conjunto de la sociedad.

—Y en el medio también quedan desprotegidos los trabajadores de la comunicación…

—Quedan desprotegidos los trabajadores, quedan desprotegido el sistema público no estatal, queda desprotegidas las cooperativas y mutuales. Realmente todas las transformaciones que hacían que se considerara a la comunicación como un derecho humano más, pasó a ser un problema de mercado. Y en las telecomunicaciones cuatro o cinco personas se van a apropiar de las infraestructuras tanto satelitales como de fibra óptica que el gobierno y el pueblo argentino habían puesto con mucho esfuerzo. Porque hoy el debate en realidad es por la soberanía científico-tecnológica y por la soberanía comunicacional. Cuando Argentina ya tiene dos satélites en órbita y puede empezar a brindar servicios de telecomunicaciones de primer mundo a otros países o empresas, viene esto que va a terminar prácticamente entregado en bandeja para que termine todo el sistema de telecomunicaciones gestionado por un consorcio privado.