El juez penal José Luis Suárez explicó ayer por qué condenó a tres años de prisión condicional al joven de 19 años que manejaba y provocó el siniestro vial en el que murieron Emiliano Cáceres y Facundo Aguirre. El día después de la lectura de la condena, que fuera repudiada por familiares de las víctimas fatales, el magistrado sostuvo que se apegó a las leyes en vigencia y que forjó su decisión de no optar por una pena de cumplimiento efectivo en virtud de los atenuantes, –como la edad e inmadurez del conductor, por entonces de 18 años– por sobre los agravantes del caso, como el consumo de alcohol y la velocidad a la que conducía. Además al tiempo advirtió que el condenado deberá seguir estrictas pautas de conducta que, de infringirse, pueden abrir camino a una pena efectiva, al igual que hipotéticas nuevas condenas.
“Esta condena es de tres años. No es que salió impune”, se plantó el magistrado, y abrió el debate sobre la eficacia de la función resocializadora de una pena de cárcel efectiva por un delito culposo, esto es, cometido sin intención. De sus palabras se desprende que esa línea es, probablemente, una de las directrices de los fundamentos del fallo, que se darán a conocer este lunes. Esos detalles, además, terminarán de definir el rumbo que seguirán la Fiscalía y la querella, que están analizando apelar el fallo, al que pretendían más severo.
En tanto, pendiente queda la causa por irregularidades en la investigación inicial, con detalles cuanto menos llamativos, como la presunta pérdida de volumen de la muestra de sangre tomada al joven conductor tras el siniestro ocurrido en febrero del año pasado, o el errático rumbo que siguieron las pertenencias de Emiliano y Facundo, las víctimas fatales.
Agravantes y atenuantes
Un día después de la convulsionada lectura de la sentencia a Federico Gómez, condenado a tres años de prisión condicional por el homicidio culposo de Emiliano Ferreyra y Facundo Aguirre, el juez a cargo del fallo explicó por qué dictó una pena condicional, mientras la Fiscalía y la querella pedían una pena de cárcel efectiva. El magistrado lo hizo durante una entrevista radial en el programa La Marca de la Almohada, que se emite por las mañanas en Radio Universidad.
Consultado sobre cómo tomó su decisión, Suárez respondió: “Sigo las pautas del Código (Penal). Primero veo qué pena le voy a dar entre el mínimo de dos y el máximo de cinco años. Entiendo que hay elementos que agravan la pena, hay elementos que atenúan y ponderando unos y otros llego a tres años de prisión. Ponderé con más peso el agravante, sobre todo el alcohol”.
Respecto a los atenuantes, el magistrado explicó: “La edad es lo más importante y la inmadurez que demuestra (por Gómez). También el hecho que no haya sido ajeno a las víctimas –hasta la tragedia todos eran compañeros de colegio y amigos– y la condena que tiene del grupo de pertenencia”, refiriéndose al repudio social que generaron las acciones del joven conductor antes y durante el siniestro y de su familia después de ocurrido.
Sobre los elementos en el juicio que agravaron la pena, Suárez mencionó que el alcohol fue determinante. Como se pudo ver durante el juicio, varios testigos indicaron que Gastón había tomado copiosamente en la fiesta previa al siniestro, pese a que estaba al mando de un vehículo y que en ese estado debía regresar a Rosario desde Funes, donde fue la celebración.
Sin embargo, esto no fue acompañado por la prueba toxicológica en forma concluyente, lo que será foco de una segunda causa judicial por irregularidades en la investigación. “Hay agravantes que pidió la querella que entendí no estaban acreditados. Por eso me quedé en tres años”, señaló el juez.
Preso
Consultado por el pedido de la Fiscalía, la querella y las asociaciones de familiares de víctimas de tragedias viales para que la pena fuera de cárcel, Suárez indicó: “La condicionalidad de la pena se impone en delitos que tienen de tres años o menos. Se da cuando las condiciones morales de la persona, lo que yo consideré en este caso, permiten entender de que mandarlo a prisión efectiva sería algo inútil”.
E insistió: “Esta condena es de tres años. No es que salió impune. Tiene una condena, es un antecedente. Cualquier infracción a la ley que él haga, aunque sea leve, una pelea o algún lesionado, va a prisión efectiva en ese delito y le van a sumar los tres años de esta condena”.
También refirió que el condenado deberá cumplir con las reglas de conducta y presentaciones periódicas ante la dirección de Control y Asistencia Pospenitenciaria.
“El incumplimiento puede llevar a que la pena se aumente. Si reitera su inconducta puede llegar a transformarse en efectiva la pena. Eso es algo que no he visto hasta ahora, pero está previsto legalmente”, detalló Suárez.
Con todo, respecto a por qué le dio la inhabilitación de 10 años para conducir, Suárez señaló que se apegó a la ley y que ése es el máximo. “Le estoy dando el máximo porque la imprudencia, en cuanto es la conducción del rodado, excede toda tolerancia. Era una velocidad inadmisible para entrar a una zona urbana”, explicó el magistrado. Durante el juicio, peritos indicaron que el vehículo siniestrado ingresó a entre 90 y casi 100 kilómetros por hora a la avenida Pellegrini desde el viaducto Che Guevara segundos antes de chocar, cruzando a esa velocidad la avenida Provincias Unidas en una maniobra que podría haber sido aun peor de lo que fue.
“¿Para qué?”
El juez Suárez explicó también que la pena tiene doble fin: retributivo y tendiente a la resocialización del condenado. “Si no le doy la condicional a un chico de 18 años que cometió un delito culposo, algo que no quiso –no salió a conducir, a pesar de la imprudencia que tuvo, para matar a alguien, y se pudo matar él mismo– entonces ¿para qué está puesta la condicional en el Código (por el Penal)?”. Se desprende de la entrevista que el juez no consideró al tiempo en una cárcel como método tendiente a la resocialización en este caso.
El turno de la madre
El lunes se conocerá el detalle de la sentencia y los días próximos comenzará el juicio por la denuncia de irregularidades durante la investigación que siguió al choque del 22 de febrero de 2014 en Provincias Unidas y Pellegrini. Según la denuncia de familiares de las víctimas, la madre del condenado utilizó sus conexiones –pertenece a la Policía de la provincia– para alterar las pruebas y resguardar a su hijo. Entre otros elementos, la muestra de sangre que se le extrajo a Federico Gómez después del siniestro. Este punto fue uno de los más polémicos de las audiencias. Peritos involucrados en la investigación indicaron que la muestra era insuficiente para constatar cuánto alcohol en sangre tenía el joven, pero el enfermero a cargo de la extracción atestiguó que obtuvo más sangre de lo necesario.
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