Central, para emitir ese “consejo previo no vinculante”. La integran el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Gustavo Marconato -Frente para la Victoria-, y el presidente de la de Finanzas de la misma Cámara, Alfonso Prat-Gay -Coalición Cívica-; sus sesiones son reservadas -sin presencia de asesores- y pueden derivar en secretas; entre sus atribuciones puede estar pedir la suspensión de los funcionarios bajo examen.
Ese equipo debe despejar varias incógnitas. La primera es si el decreto presidencial sobre Redrado, dictado antes de la consulta parlamentaria, es válido. Será crucial la posición de Cobos. Acaso deba desempatar una disidencia entre Prat-Gay y Marconato. Cabe, entonces, la posibilidad, de que la comisión pida al Poder Ejecutivo que anule el DNU.
CAMINOS INTERMEDIOS
Hay juristas independientes que imaginan caminos intermedios. Por ejemplo, la aplicación de un procedimiento, bastante inusual, denominado “conversión”. La señora de Kirchner podría, por un decreto simple, aclarar el procedimiento de la remoción de Redrado, subsanando de algún modo la omisión en la que incurrió. Es difícil que lo haga.
El otro interrogante que estará sobre la mesa de la comisión, mañana, es la razón por la cual se removió o se pretende remover a Redrado. La nota dirigida por Cristina Kirchner a Cobos habla de “incumplimiento de los deberes de funcionario y mala conducta”. Si es por haberse convertido en “el guardián de las reservas” -como se calificó él ayer, en una nota de opinión publicada en el diario La Nación-, el motivo parece haber desaparecido. La misma cámara de apelaciones determinó el viernes, en otro fallo, que el Poder Ejecutivo no puede utilizar las reservas sin intervención del Parlamento.
Los funcionarios del Central alineados con la Casa Rosada defienden, sin embargo, que hubo un incumplimiento por parte de Redrado. Uno de ellos sostuvo ayer: “Esta crisis se produjo porque, como presidente del Banco, no consultó al directorio sobre algo que sólo el directorio puede decidir. Tal vez, hasta lo hubiéramos acompañado. Pero el expediente sobre el Fondo del Bicentenario se inició recién cuando la oposición fue a la Justicia”.
Cuando a ese funcionario, íntimo de Pesce, se le observa que Redrado esperaba el resultado de consultas internas, contesta: “En 2005, cuando se pagó al Fondo con reservas, él mismo negoció el decreto con Felisa Miceli y liquidó todo el procedimiento, con la autorización del directorio incluida, en un día”.
El alcance del motivo por el cual el caso Redrado va al Congreso esta semana puede tener derivaciones imprevistas. En la oposición ya se levantaron voces indicando que quizás haya que examinar toda la gestión de Redrado. Sobre todo su reivindicación como “guardián de las reservas”. El diputado Prat-Gay, por ejemplo, cuestionó ese enfoque hace semanas. El 29 de diciembre, realizó un pedido de informes sosteniendo que “la Carta Orgánica no le pide al presidente del Banco Central que acumule reservas, sino que custodie el valor de la moneda. La acumulación de reservas de la que se ufanan el Gobierno y el presidente del banco la pagamos todos, con una inflación que fue el triple de las de nuestros vecinos”.
No habría que descartar que el tedioso trámite procesal que se inicie mañana mute en un proceso general sobre la política económica de los últimos años. De ser así, la suerte de Redrado se volverá todavía más incierta.
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