Tatiana Scorciapino-Verónica Benaim / Tiempo Argentino
La guerra entre Nación y gobernadores “recién empieza”. Tras la cumbre de urgencia que se llevó adelante este sábado, los cinco mandatarios patagónicos ratificaron su postura de avanzar con el corte de suministro de petróleo a partir del próximo miércoles, tal como lo había anunciado Ignacio Torres (Chubut) horas antes. Sin instancias de diálogo concretas, la tensión de los mandatarios con el líder libertario no cede, pero el impasse del fin de semana podría funcionar para acercar posturas entre el oficialismo nacional y los líderes provinciales para evitar una ruptura que podría no tener retorno.
Los mandatarios provinciales participaron el sábado de un encuentro vía zoom convocado de manera urgente por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para analizar la suspensión de la producción de petróleo desde el miércoles.
En medio de la disputa con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables y de denuncias de destrato por parte de la Casa Rosada participaron del encuentro virtual el rionegrino Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa de Neuquén, Claudio Vidal de Santa Cruz, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Sergio Ziliotto por La Pampa.
La mecha la encendió Torres el viernes con la amenaza al gobierno nacional de cortar el envío de petróleo y gas al país, luego de que por una disposición del Ministerio de Economía, el gobierno nacional le retuvo a la provincia $13.000 millones del total de los ingresos por coparticipación que recibe mensualmente. La ejecución se dio en concepto del cobro de la primera cuota de la deuda que la provincia mantiene con el Fondo Fiduciario para el desarrollo provincial, que escala a 120.000 millones.
El reclamo reunió el apoyo de los restantes mandatarios patagónicos que tomó forma de un documento en el que ya advertían sobre el corte del suministro de petróleo. De a poco se sumó el resto de los mandatarios provinciales -sin distinción de partido político- senadores, diputados y sindicatos.
Y es que son varias las provincias que podrían correr la misma suerte de Chubut y verse presionadas políticamente por el cada vez más explícito revanchismo de la Casa Rosada frente al fracaso de la Ley ómnibus y el posible rechazo que puede llegar a tener el mega DNU del presidente si la oposición logra los números especialmente en el Senado de la Nación.
Según pudo saber Tiempo, ante esta situación los patagónicos analizaron -amparados en el artículo 124 de la Constitución Nacional que establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”-, la posibilidad de judicializar las medidas para que las provincias del sur puedan retener las regalías hidrocarburíferas en origen y que éstas no pasen a la Nación. “No va a existir una presentación conjunta, sino que se van a ir segmentando y presentando en forma progresiva”, describió a este diario una fuente cercana a la reunión.
Según explicaron desde el gobierno de Santa Cruz, esa medida implicaría que “las empresas liquiden directamente a los bancos de sus provincias en lugar de a la Nación y así quedarse con esos fondos”.
Cortar el grifo
El término “cerrar la válvula” o cortar el grifo al que hizo alusión Torres en sus advertencias en términos reales es difícil de llevar a la práctica. Fuentes del gobierno de Tierra del Fuego señalaron a este medio que el gasoducto San Martín que cruza toda la Patagonia “abastece en un 70% a la provincia de Buenos Aires. Cortar el suministro del gasoducto es peligroso por que no hay una refinería o lugar para almacenarlo”. Con respecto a no enviar barriles de petróleo, señalaron que “no exportar más significa que las provincias no cobren regalías”.
¿Por qué el gobierno nacional apunta a Chubut?, es el interrogante. “Nos ven como una provincia chica que pueden pisotear, y lo somos, pero nos vamos a defender”, aseguró el gobernador Torres en declaraciones televisivas el sábado. En medio de los acuerdos que teje Mauricio Macri, líder del Pro con Javier Milei, Torres advirtió que “eligen Chubut para hacer pelear a Patricia (Bullrich) con Mauricio”.
El mandatario provincial buscó desligar a Macri de una conspiración contra Milei en momentos en que se aleja la posibilidad de un acuerdo entre ambos. “Hizo todos los esfuerzos habidos y por haber para generar un canal de diálogo, el problema es que no se sabe con quién hablar».
Torres viene de un conflicto anterior con el gobierno nacional. A principios de mes, el Ejecutivo comunicó la eliminación del fondo de subsidio al transporte público en el interior, una decisión que empujó a los jefes provinciales a aumentar los valores de los boletos. Decidido a confrontar, el chubutense presentó una medida cautelar en el juzgado federal de Rawson, a cargo de Hugo Ricardo Sastre, para frenar esta medida y resultó beneficiado.
Con un fallo veloz, la justicia provincial ordenó que el Estado nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”. El revés se sintió en Casa Rosada y, según especulan desde varios frentes, el descuento de la deuda no es más que el cobro de venganza hacia el gobernador.
La reacción de Casa Rosada
La guerra desatada el viernes por la noche desembocó en un sinfín de descalificaciones por parte de Javier Milei hacia el mandatario provincial a través de su cuenta de X. Lejos de retroceder, Torres redobló la apuesta contra el libertario y sostuvo que si para “el miércoles no está la solución para los chubutenses,se paran todos los yacimientos”. “Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, respondieron desde la Oficina del Presidente con un comunicado.
La misma línea mantuvieron los miembros del gabinete, que salieron en tándem a defender al presidente. Los ministros de Seguridad, Economía y del Interior se formaron como fuerza de choque y en un raid mediático alertaron que la postura que adoptó el gobierno nacional se explica por lo establecido por la ley y no como un mecanismo de venganza.
Para el gobierno nacional no hay margen para la negociación. Desde el círculo de Guillermo Francos se abrazan a la legalidad y explican que el gobierno no está haciendo más que cumplir lo establecido en la resolución que habilita el cobro de la deuda. “Si siempre se hicieron las cosas mal no es nuestro problema, el gobierno va a hacer cumplir la ley a como dé lugar”, dijo a este medio un colaborador con despacho en Casa Rosada, quien aclaró que el oficialismo no garantizará ningún nuevo refinanciamiento.
El origen de la disputa se posa en dos ramas superpuestas: la conducción económica y política de un país en crisis. La puesta en marcha del plan de ajuste que ordenó el Ejecutivo para alcanzar el déficit cero primero y gemelos después se apoya en el recorte y licuación de gastos, la reducción al mínimo de los envíos de dinero a las provincias y la decisión de no emitir más dinero del necesario.
Con este escenario, el gobierno nacional buscará recaudar de todas las formas posibles y una de ellas será cobrar las deudas provinciales con los Fondos Fiduciarios, entre las que está incluída la de Chubut. Es en este punto donde la economía y la política se superponen. La fragilidad del sistema financiero y tributario nacional que -como explicó Julio Burdman en su columna del 28 de enero se debe a que la falta de coordinación entre las cuentas nacionales y provinciales que deriva en un gasto excesivo de los gobernadores y una figura presidencial que hace equilibrio entre las políticas y el cierre de las cajas- permitía, hasta ahora, que la política tenga la decisión final en el funcionamiento de la economía.
Históricamente, los gobiernos provinciales accedían a un refinanciamiento de sus deudas con Nación gracias a la construcción de alianzas que permitían una convivencia estratégica en un país con elecciones cada un bienio. Sin embargo, la llegada al poder de un presidente anarco capitalista con nulo poder territorial puso en jaque el funcionamiento de un modelo que cumplirá 41 años el próximo diciembre.
Con un Ejecutivo sin gobernadores propios y con apenas una treintena de legisladores nacionales, el esquema de acuerdos cae en picada. En resumidas cuentas: Javier Milei sabe que no le debe su poder político a los gobernadores, por eso no hará nada para salvarlos, incluso si de esto dependiera la estabilidad de miles de argentinos.
La ley y la política
El pasado 6 de noviembre, el entonces ministro y candidato presidencial, Sergio Massa, habilitó el refinanciamiento de esta deuda a través de la resolución 1632/2023. Esta norma, publicada en el Boletín Oficial, estableció el cobro de la deuda –cuyos intereses se ajustarían conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)– en 12 cuotas mensuales y consecutivas, estipulando que el primer vencimiento se ejecutaría desde el último día hábil del mes de enero de 2024 en adelante.
En el acuerdo, el Estado provincial y la cartera de Hacienda definieron que “los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de cada mes y serán pagaderos a partir del décimo día hábil anterior al vencimiento hasta su total cancelación, mediante la retención de los recursos previstos en la Cláusula Quinta del convenio”. Esta última cláusula es la que complica la situación de Torres.
El punto ‘F’ de la resolución habilita la retención de los fondos, por lo que el gobierno está habilitado a hacer ese descuento.
La queja del gobernador radica en que entre enero y febrero el chubutense inició una nueva negociación con el ministro del Interior, pero que, a la luz de los hechos, la misma no tenía validez. “Es frustrante ver que del otro lado no hay respuestas; para negociar algo hay que tener una ventanilla validada, pero en el gobierno se desconocen entre ellos. Un ministro que hace de nexo un día te dice blanco, otro te dice negro”, lanzó Torres.
En la misma línea se posicionó su vice, Gustavo Menna, quien apuntó directamente contra el titular de la cartera de Hacienda, Luis Caputo, al que calificó como mentiroso. A través de su cuenta de Twitter, el radical expuso que el gobierno provincial solicitó a Nación un nuevo refinanciamiento para las dos primeras cuotas de los vencimientos el pasado 15 de diciembre.
“Posteriormente, y luego de una reunión mantenida con el Secretario de Hacienda de la Nación, se presentó al Ministro del Interior el 16 de febrero (3 días antes de que se comience la retención de la coparticipación) otra nota reiterando la necesidad de refinanciar la deuda con el Fondo Fiduciario, pues la actualización por CER que la misma prevé en momentos de altísima inflación hacía imposible la cancelación de la misma sin afectar los servicios esenciales del Estado Provincial. Por último, el 22 de febrero se solicitó la autorización formal para cancelar la deuda con el FFDP con recursos obtenidos de emisión de títulos de deuda garantizados con regalías, sin que hubiese contestación, ya que la intención es ahogar financieramente a la Provincia”, explicó el vice.
Un diputado chubutense con llegada al gobernador recalcó a Tiempo que el refinanciamiento de las deudas es un estadio común entre la nación y la provincia. La última de estas instancias se dio mientras Chubut era conducida por Martín Buzzi y la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner habilitó el Programa Federal de Desendeudamiento, que garantizaba una devolución en cómodas cuotas.
La firma de Massa en el decreto mencionado responde a esta línea. Torres esperaba que el nuevo oficialismo continuara con esta tradición, postura que no adoptó y recortó deliberadamente un tercio de los ingresos de la provincia, que al igual que el resto del territorio nacional, tampoco recibirá más Aportes del Tesoro Nacional por el plan de ajuste que puso en marcha el Ejecutivo.
El diputado nacional, Julio Cobos, se metió en la disputa y recalcó que el proceso de refinanciamiento que solicita la provincia de Chubut es el mismo mecanismo que utiliza el Estado nacional para “mejorar la curva de vencimientos de su deuda.” A través de su cuenta de Twitter, el ex vicepresidente recalcó que “en enero pasado, aún con superávit financiero, el Tesoro colocó nuevo endeudamiento por $3.315.767 millones para cancelar vencimientos. Sin esta refinanciación sería imposible para el gobierno nacional cumplir con sus compromisos. El mismo mecanismo aplica para Chubut.”
El regreso de Milei, el lunes, revelará hasta dónde estos escarceos seguirán escalando. Los gobernadores preparan para esta semana una conferencia de prensa y Torres una visita a los legisladores del PRO para sumar masa crítica a su estrategia.
