La Obra Social del Poder Judicial, a la que están afiliados trabajadores y magistrados de la Nación, es extraña: está gerenciada por la Corte Suprema de Justicia en lugar de los gremios, y también está envuelta en un escándalo por supuesta malversación de fondos cuyo último capítulo es el allanamiento de este lunes a su sede central de calle Lavalle al 1600, en la ciudad de Buenos Aires, por orden de la jueza María Capuchetti.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) viene desde hace tiempo denunciando lo que califica como poco transparente manejo del voluminoso presupuesto asignado al Máximo Tribunal de la Nación. Dentro de esa oscuridad contable, señalan, se encuentra la obra social. Su estructura, en el marco de un reparto de poder interno, está bajo el control del supremo Juan Carlos Maqueda, quien a su vez designó como director de la misma a Aldo Juan Tonón. Es, acusa el sindicato, una especie de “loteo de facultades” y un kiosco con abundante caja manejada de forma discrecional.
La investigación que derivó en el allanamiento fue promovida por el fiscal Carlos Rívolo y sus pormenores están en el expediente 5666/2021 al que nadie pudo acceder. El caso se inició con la denuncia presentada el 14 de septiembre en los tribunales federales de Comodoro Py por un empleado del área informática de la obra social.
La titular del Juzgado federal 5, Capuchetti, ordenó a la Policía Federal el procedimiento a la sede de Lavalle al 1600 para determinar la presunta existencia del delito de malversación de fondos por parte de las autoridades de la institución.
“El dinero de la obra social y de los fondos Anticíclicos que maneja discrecionalmente la Corte se nutren de nuestro esfuerzo. Sólo respecto de la obra social, el dinero que duerme en plazo fijos asciende a 10 mil millones de pesos”, denunciaron desde el gremio Sitraju. Y destacan que ese monto puesto a generar intereses “en un país golpeado por la crisis que dejó la pandemia es producto de obras de infraestructura sin ejecutar, vacantes sin cubrir y prestaciones médicas o para turismo que no se cumplen o que se podrían brindar de mejor manera”.
La investigación judicial tiene bajo la lupa la posible existencia de un padrón de afiliados vip que accederían a prestaciones de mayor costo negadas para el resto de los aportantes. También, indaga si hay beneficiarios que no pertenecen al Poder Judicial. Y hurga licitaciones por 100 millones de pesos a una empresa de Córdoba, de donde es oriundo precisamente Maqueda, a quién además apuntan desde sindicatos de trabajadores de colocar a familiares en el organigrama laboral de la obra social. La firma en cuestión opera con la obra social desde 2008 con la obra social.
“Lamentamos que las irregularidades salgan a la luz menos de una semana después del penoso acuerdo extraordinario de la Corte, en el que se definió con el autovoto de dos de sus miembros la nueva conducción del Tribunal”, sigue el comunicado de Sitraju. Lo que sospechan es que, en lugar de una investigación a fondo, sea apenas parte del entramado de disputas de poder y enconos varios en los que se desenvuelve la cabeza del Poder Judicial: “La justa demanda por transparentar el uso del presupuesto judicial no puede ser parte de una interna entre cortesanos”, insiste el gremio.
De hecho, en los pasillos de los Tribunales de Comodoro Py refieren que el contenido del expediente se encuentra vedado a la vista de todos. Y la información oficial sobre el procedimiento no hace referencia a los presuntos delitos denunciados por los gremios. El allanamiento, comunicaron, fue para “obtener toda aquella documentación que permita identificar todos los equipos de telefonía móvil que fueron adquiridos para el personal de la Obra Social” y para obtener “información de todas las licitaciones o actuaciones administrativas relacionadas a la adquisición de esos equipos”.
Comentarios