Alvaro Arellano
El gobierno nacional decretó hace poco menos de una semana que los trabajadores y trabajadoras que comiencen una nueva relación laboral deberán permanecer al menos por un año en la obra social del gremio que les corresponde por su actividad. Ante los cruces de empresarios de la salud privada, quienes fundaron sus críticas en una presunta privación de la libertad de los empleados para decidir dónde atenderse, referentes sindicales esgrimieron sus motivos para defender la iniciativa.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) apelaron al revisionismo histórico para justificar parte de las dificultades económicas que atraviesan las obras sociales sindicales. Según manifestaron sus principales referentes, la disposición del Ejecutivo nacional pretende resguardar a las obras sociales que sufrieron el proceso de desregulación durante los 90.
Se trata de un Decreto dispuesto durante el segundo año de mandato de Carlos Menem, que modificaba las reglas de juego y le permitía a los asalariados elegir su cobertura médica independientemente de la rama de su actividad. Entre los fundamentos de la resolución, se establecía que la decisión posibilitaría “el mayor clima de competencia”.
Para los referentes sindicales esta política se tradujo en un proceso denominado “descreme”. De esta manera catalogaron al fenómeno en el que afiliados jóvenes y con salarios altos comenzaron a derivar sus aportes a prepagas desfinanciando al sistema de salud sindical y generando una distribución inequitativa.
Consultado por este diario, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), Claudio Leoni, respaldó la idea de modificar el esquema de desregulación menemista al considerar que “lo que hizo fue romper el sistema de solidaridad para permitir la capitalización de los sectores privados de salud”.
Cruces por el anuncio
Uno de los primeros en manifestar su descontento con la medida fue Claudio Belocopit, presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS) y titular de Swiss Medical Group, una figura con permanente aparición en los medios más importantes de Capital Federal con llegada al resto del país.
El empresario de la salud privada, repitió en más de una oportunidad en diferentes señales que la medida “afecta a la gente” y suma dificultades “a la problemática que hay con el sistema privado de salud”.
Por su parte, el director del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) y vicepresidente de la Asociación de Empresas de Medicina Privada (Ademp), Hugo Magonza, de similar trascendencia pública, suscribió los dichos de Belocopitt en los principales medios opositores y agregó que la determinación se trata de “una restricción a la libertad de opción que tienen los trabajadores”.
En medio de los cruces, el titular de Swiss Medical, aprovechó para reclamar nuevamente al gobierno que permita a las prepagas el aumento de cuota por la prestación de servicio, y paradójicamente reconoció que desde el Ejecutivo “congelaron el precio de tal forma que cada vez a la gente le es más barato salir de su gremio a la prepaga”.
Ante las críticas, el cosecretario general de la CGT y titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer, se refirió al tema y dedicó parte de su mensaje a los detractores de la iniciativa apelando a un viejo refrán. “Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, y con el primer chirlo, apareció”, señaló el referente gremial.
En cuanto al decreto presidencial, señaló que “viene a terminar con una práctica espuria y antisindical de los empresarios y gerentes de las empresas de medicina privada, consistente en elegir el prestador del servicio de salud de sus trabajadores en beneficio de sus intereses económicos y para alejarlo del vínculo natural con el sindicato de su actividad”.
Un caso en la provincia
Claudio Leoni es uno de los referentes gremiales más importantes de la provincia. Al frente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), representa a más de 40 mil trabajadores del sector público municipal que cuentan con la cobertura del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos).
En diálogo con El Ciudadano, respaldó el Decreto nacional a partir de la “necesidad” de modificar un esquema desregulado desde los 90´, aunque consideró que el problema de fondo “debería resolverse con una modificación total del sistema”.
Iapos se creó a partir de la Ley 8.288/78 para organizar, administrar y financiar un sistema solidario de atención médica para sus beneficiarios. Cuenta actualmente con 550 mil afiliados en todo el territorio provincial.
“Esto funciona como el sistema jubilatorio, todos aportamos y después se reparte, lo que hizo el decreto de los 90´ fue romper el sistema de solidaridad para permitir la capitalización de los sectores privados de salud”, explicó Leoni.
Ante las constantes críticas de sectores empresariales ligados al sistema de salud privada, reproducidas en los principales medios, y que se fundan incluso en una presunta restricción de las libertades, la defensa del sector sindical hace hincapié en un esquema que provocó el desfinanciamiento de sus cajas.
En ese sentido, el titular de Festram profundizó: “Todas las obras sociales están sostenidas por los aportes, pero a partir de las desregulaciones, por el mismo costo te podías ir a otra privada que no es la tuya y esto generó una distorsión fuerte en el sistema”.
Si bien el referente de los trabajadores municipales de la provincia consideró que es necesario un cambio más profundo, y que el gobierno nacional adeuda sumas millonarias con los sindicatos, reconoció que el Decreto “busca llevar tranquilidad” a las finanzas de sus obras sociales.
El grueso deriva sus aportes
Con esta nueva decisión, si bien resta su reglamentación, el gobierno determina que los trabajadores y las trabajadoras deben permanecer por lo menos doce meses en la obra social de su actividad cuando inicien una relación laboral. Durante este lapso, no podrán derivar aportes al sistema privado.
Un dato publicado por el sitio Mi Obra Social, que elabora informes sobre cobertura médica en Argentina, reveló que de las 6 millones de personas que utilizan el sistema de salud pre paga, 4,8 millones son trabajadores que derivan sus aportes para pagar la cuota.
Es decir que el grueso de ese total que accede a la medicina privada lo hace girando sus aportes patronales. Solo 1,2 millón abona la totalidad de la tarifa de manera particular.
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