“Lo que está sucediendo hoy es algo que nosotros veníamos advirtiendo. Lamentablemente tuvimos razón, y ahora decimos que esto va a explotar”, describe Diego González. Él es uno de los millares de deudores de créditos UVA, los conocidos como “hipotecados UVA” que siguen pidiendo una solución de fondo para su problema que es la expresión en la Argentina de lo que años antes fue la “burbuja” de Estados Unidos y los “desahuciados” de España: personas que tomaron préstamos para comprar su vivienda –única, familiar y de ocupación permanente– y corren el riesgo de quedarse sin casa y encima debiendo plata. Hasta el pasado 31 de enero rigió a su favor un congelamiento de las cuotas, que venían indexándose a un ritmo imparable. Y hasta este 31 de marzo estaba vigente la posibilidad de no pagarlas, difiriendo las cuotas de 2020 hacia el final de los créditos. Pero ahora ya nada los ampara y ya aparecen los primeros estallidos: cientos de deudores rosarinos se sumaron este martes a un “tuitazo nacional” por una familia de Mendoza, a la que finalmente le postergaron por 6 meses la ejecución de su vivienda. Y este jueves participarán en otra campaña similar por otra familia de Villa María, cuyo caso se reveló este miércoles: el Banco Nación local rechazó su propuesta de cancelar el crédito y la Justicia ordenó el remate. En Rosario y en Santa Fe hay millares de familias en condición similar, y es cuestión de tiempo que la escena se generalice, remarcan los deudores.
A nivel nacional, provincial y local los deudores hipotecarios se autoconvocaron y organizaron desde hace rato. Nunca están quietos y hablan con quien los atienda, tanto del gobierno anterior de Mauricio Macri –que presentó el plan de créditos hipotecarios con bombos y platillos en abril de 2016– como con el de Alberto Fernández. Pero a medida que pasa el tiempo las instancias se van cerrando y no aparece una solución de fondo.
En Rosario hay un núcleo duro que está permanentemente activo. Tienen una red, se transmiten informaciones por Whatsapp, coordinan con grupos de todo el país. A todos los cruza el mismo problema: la mayoría tomó sus créditos en 2017 y 2018, por lo que llevan tres años o más pagando cuotas. Muchos lo hacen a duras penas, y la cuestión no es sólo el valor inalcanzable al que fueron escalando, sino que con lo que pagaron, todos ya deben casi cuatro veces más que lo que les prestaron. Y faltan, en los mejores de los casos 27 años más de pesadillas.
“El que tomó 1 millón de pesos en 2018, hoy debe 3.800.000. Pero la mayoría no pidió eso, sino más, porque se podía pedir hasta el 80 por ciento del valor de la propiedad”, explica González a El Ciudadano. Y desgrana que tanto el valor de las cuotas como el del capital original se van actualizando por UVA, la abreviatura de unidad de valor adquisitivo, que fue la base del diseño del plan original. Es que cuando se aprobaba el monto de los créditos, esa cantidad de pesos se convertían a UVA y lo que debe cada tomador es en UVA, un coeficiente que se actualiza por inflación día a día. “Pensaron que iban a terminar el gobierno en 2019 con un 9 por ciento de inflación. Y fue un 54 por ciento”, describe el deudor. Así, las cuotas originales que en la presentación del plan eran “el valor de un alquiler” y que representaban un máximo del 25 por ciento del ingreso familiar –condición técnica para aprobar la carpeta crediticia– hoy estás lejos de esa realidad. No sólo porque la inflación creció por lejos encima de los salarios, sino que, en el contexto de recesión económica, al empezar a pagar trabajadores, profesionales y comerciantes resignaron ingresos y hasta empleos. Ése es, precisamente, el caso de Córdoba que se buscará hacer visible en las redes sociales. María Laura Alamo, tomó el crédito UVA en mayo de 2017. “Le pedimos al Banco Nación $1.600.000 para terminar de comprar nuestra casa. Nosotros pusimos nuestros ahorros y así la compramos. Mi marido tenía trabajo como ingeniero agrónomo y yo tenía tres locales de telefonía celular. Pero en 2019 se inició nuestra crisis, la empresa donde trabajaba mi esposo se fue del país y se quedó sin trabajo. Y yo empecé a cerrar los locales, primero uno, después otro y el último. Y dejamos de pagar las cuotas de la casa. Hoy debemos más de $6 millones”, lamentó.
María Laura y Martín tienen dos hijos, un nene de 5 años y una nena de 3, y la casa en la que viven en Villa María tiene una cédula de ejecución emitida en febrero pasado. “Nosotros vendimos todo lo que pudimos para hacer frente a esta deuda y no nos quisieron recibir la oferta en el Banco Nación de Villa María”, lamenta.
Las primeras cuotas que pagó la familia a mediados de 2017 rondaban los $8.000. Hoy están cerca de los $32.000. “Yo espero que el presidente nos escuche, que nos proponga una salida más lógica, él es un hombre del Derecho. Señor presidente, no quiero perder la casa de mis hijos, usted puede hacer algo por nosotros, somos miles de deudores de créditos UVA”, implora.
El caso por el que ya se hizo el tuitazo nacional es el de Marcelo Macaluso, quien acordó con la gerencia regional de Mendoza del Banco Nación solicitar a la justicia la suspensión durante 180 días de la ejecución de su vivienda. Fue el primero en el país en recibir la notificación de remate. Empleado bancario, tomó un crédito a 30 años por $2 millones en 2017, del que pagó 20 cuotas y dejó de hacerlo cuando llegaron a $21.000, en abril de 2019, más del doble de los $9.000 con que había comenzado. “Era la mitad de mi sueldo”, recuerda. Pero, peor aún, debía $4.000.000 por la actualización del capital.
Acudió a la Justicia, pero sufrió un revés: se dictaminó que la cuota y el capital se incrementaban en la misma proporción que el valor de la vivienda que había comprado en San Rafael. Pero ahora debe 9 millones de pesos.
“Si le rematan la casa, le va a quedar deuda”, advierte González. Tanto él como los “Hipotecados” vienen siguiendo al minuto la situación, y marca que hay una tercera, en condiciones similares, en Tierra del Fuego.
El miembro local de la red cree que la única solución posible es una mesa de diálogo para acordar una solución de fondo, ante el evidente fracaso de los créditos UVA como política pública de acceso a la vivienda. En su caso, él está al día con las cuotas y ya comenzó el empalme que aplica a las cuotas los intereses no cobrados durante el congelamiento, una “facilidad” de 18 meses para no hacerlo de un sopetón que se extiende por seis meses. Pero no duda en definir el programa ideado por el economista Federico Sturzenegger como “una estafa” a sabiendas que la indexación del capital terminará por hacer impagable el crédito, no sólo el suyo sino todos, o casi.
Y si bien el Banco Nación concentra entre la tercera parte y la mitad de los préstamos, que se estiman en unos 115.000 en todo el país –habría unos 8 mil en Santa Fe, de los cuales un millar están en la red– el 80% está en manos de bancos públicos, y sólo 2 de cada 10 desperdigados en poco más de una decena de bancos privados. Y ahí hay otra cuestión: González tiene datos de que tampoco hay una política general para las cuotas que los deudores postergaron hasta el final: dio el caso de un banco que tomó las cuotas diferidas como nuevos préstamos, así que los deudores, afrontan nuevos créditos, además de la hipoteca.
“Esto se presentó como una política de acceso a la vivienda y estamos estafados. No es un acuerdo entre privados: es una política pública. Y las políticas públicas se heredan”, insiste a modo de reclamo. Y baraja que vuelva a ser una política pública: entre un posible menú de soluciones, una es lanzar una línea de créditos para cancelar los ya tomados, pero en condiciones sustentables. Lo mismo que reclama el gobierno nacional al Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída por el gobierno de Macri, el mayor empréstito en la historia del FMI: que sea “sustentable”.
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