Juan Pablo Sarkissian
Hablar de la ley nacional de Riesgos de Trabajo (conocida como ley de ART) es remontarnos a 2017 cuando el gobierno de Cambiemos impulsó y presionó para su aprobación. En los dos años siguientes el macrismo continúo su presión para que las provincias adhieran.
Santa Fe no fue la excepción, pero por un conjunto complejo de situaciones dio como resultado que la legislatura provincial dilatara el proyecto. Hubo que esperar hasta marzo pasado cuando el tema volvió a la palestra.
En efecto, por pedido del ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni, el gobernador Omar Perotti envió el proyecto a las cámaras, tal como había hecho su antecesor Miguel Lifschitz.
Su tratamiento en diputados no prosperó. En el Senado sí. El 25 de junio obtuvo media sanción y fue girada nuevamente a la Cámara de Diputados. En ese marco, los legisladores decidieron iniciar “una ronda de consultas para que todos los sectores involucrados puedan manifestarse”, señalaron distintos voceros.
Quienes en ningún momento tuvieron dudas sobre el rechazo de la ley son un conjunto de gremios enrolados en el Movimiento Sindical Rosarino (MSR) y las dos CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores y la Confederación General del Trabajo (CGT) de la ciudad de Santa Fe
El lobo cuidando ovejas
Así, el 17 de julio se realizó un encuentro de estas organizaciones gremiales, a las que se le sumó la Asociación de Abogados Laboralistas: luego se reunieron, con los diputados provinciales de todos los bloques, menos de Juntos Por el Cambio para solicitarles que rechacen el tratamiento del proyecto.
Diez días después se realizaron dos reuniones más; una en Rosario, en la sede de La Bancaria, y otra en Santa Fe, en la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram).
El resultado no varió: rechazo absoluto a la norma. En la misma línea de razonamiento y con igual contundencia se expresó desde su asunción la diputada provincial, por el Partido Justicialista, Matilde Bruera, quien ya aseguró que votará contra de la adhesión de Santa Fe a la ley de ART, al tiempo que cuestionó el aval que le dieron los senadores de su partido al señalar que “el proyecto que aprobó por unanimidad el Senado es el peor de todos.
Con esta ley se vulnera el derecho de los trabajadores y se pone al lobo a cuidar a las ovejas”.
Y agregó: “Lo más importante es el derecho que tienen los trabajadores a acceder a la Justicia. Con esta ley, si un trabajador tiene una enfermedad o un accidente vinculado a lo laboral y el empleador no se lo reconoce, para reclamar, en lugar de ir a un juez tiene que ir a una comisión médica, un órgano administrativo que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que a su vez depende del Ejecutivo nacional, que es el mismo que regula a las ART”.
Comisiones creadas para desconocer derechos
En efecto, este es el nudo principal de la cuestión. Dice Bruera: “La ley de contrato de trabajo es una ley protectiva de los derechos laborales de los trabajadores, por eso esa norma contempla la vigencia de dos años para reclamar ante la justicia laboral algún aspecto incumplido por las patronales, con la ley de ART el trabajador sólo tiene sesenta días para reclamar y no ante la justicia, sino ante las comisiones médicas”.
Y remarca: “Es un brutal cambio de paradigma. Deja de ser una ley de protección al eslabón más débil, para transformarse en una ley de ajuste. Porque le da facultades judiciales a un organismo administrativo.
Es una ley del macrismo, que defiende el ajuste laboral. Fue la ley emblema del macrismo”. En relación al rol de las comisiones médicas la letrada fue contundente: “Solo reconocen el dos por ciento de las enfermedades profesionales.
Estas comisiones están creadas para desconocer derechos. El negocio de las ART es pagar menos infortunios. No es para sorprenderse, estas comisiones están creadas para eso. El sistema está inventado para desconocer derechos y desalentar a los trabajadores a recurrir a la Justicia”.
Obtener ganancias a costa de la salud de los trabajadores
Es preciso recordar que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
En este marco están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismos administrativos que verifican el cumplimiento de los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión.
Hablar de salud y más de salud laboral y relacionarlo con “empresas privadas” genera, conceptualmente un sonoro “ruido”. Difícil conciliar lógicas, básicamente porque la esencia de las empresas es obtener ganancias, en este caso a costa de la salud de los trabajadores.
El tema, de larga preocupación en los gremios y sindicatos, quedará, por ahora, para futuros debates. En este sentido, Amsafe provincial, disparó que la nueva normativa está dirigida “a resguardar el lucro de las ART, las cuales tienen a cargo la tarea de gerenciar la salud y la seguridad laboral”.
Y agregaron en un comunicado público: “Es necesario abordar cuestiones centrales del sistema de riesgos de trabajo, entre ellas la prevención, la calidad de las prestaciones que reciben los trabajadores y las trabajadoras y la reinserción laboral.
Cuando las condiciones de trabajo no están dadas, se pierde la salud y muchas veces la vida”. “Entendemos que el único camino posible para el resguardo de la salud de los trabajadores, es la prevención, siendo absolutamente necesaria la sanción de una Ley de Prevención de Riesgos del Trabajo para todo el país y la efectiva aplicación de la Ley 12.913 de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo en nuestra provincia.
Estamos convencidos, y así quedó demostrado en cada uno de los debates que protagonizamos en este tiempo, que esta Ley no beneficia a nadie más que a las ART, que son empresas comerciales privadas y cuyo principal objetivo es el lucro”, remarca un documento firmado por las CTA y la CGT de la Ciudad de Santa Fe.
Un renglón aparte
Un reglón aparte es el rol del ministro de Trabajo Roberto Sukerman, quien asumió el proyecto como propio y si bien señalo en reiteradas oportunidades ser “muy respetuoso de las voces críticas”, no estuvo exento de miradas tan contrapuestas como contundentes.
En este sentido, una de las primeras en marcar sus diferencias fue la diputada provincial quien cuestionó al ministro de Trabajo por impulsar la adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART y remarcó: “El ministro no dice la verdad cuando dice que es un sistema ágil para los trabajadores, es ágil para quitarles derechos”.
Y agregó a modo de síntesis: “Desde que los derechos humanos se incorporaron en nuestra Constitución, en 1994, cualquier persona que quiera reclamar por un derecho tiene que poder hacerlo a través de la Justicia. Si eso no ocurre, no existen los derechos humanos”.
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