Por Alicia Alvado y María Laura Da Silva – Télam
Un total de 4.109 personas trans ya fueron incorporadas al programa Potenciar Trabajo que desde el inicio de la pandemia por coronavirus reforzó la participación de este colectivo, que en un 88% nunca tuvo acceso al empleo formal. Es esa la realidad que apuntan a revertir los proyectos de cupo laboral que comenzaron a discutirse en Diputados e iniciativas de la sociedad civil como Contratá Trans.
“La falta de oportunidades laborales es parte de la cadena de violencia que construye el travestidicio social, uno de los motivos que reduce la expectativa de vida y que las lógicas del mercado no resuelven, por eso se necesitan políticas de acompañamiento”, dijo a Télam Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
No obstante, destacó que “la agenda del acceso al empleo de las personas trans tiene hoy una transversalidad más sustantiva y robusta que en otra época”, que se evidencia en “la convicción política y social” para implementar programas y “celebrar alianzas” entre sectores para concretar avances.
En cuanto a políticas públicas de inclusión laboral para este colectivo, a nivel nacional se destaca su incorporación al programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social.
La activista trans y asesora de la Secretaría de Economía Social de la Cartera de Desarrollo, Vanesa Cufré, informó que desde el 18 de marzo “se presentaron 5.149 solicitudes de ingreso” a este programa que otorga una asignación igual al 50% del salario vital y móvil, de las cuales ya “fueron dadas de alta 4.109”, mientras otras 204 se agregarán en julio.
“El objetivo es acompañar la terminalidad educativa, que puede ser simultánea con otras propuestas, como la capacitación en oficios, la incorporación en unidades productivas y el apoyo a través de financiamiento a proyectos de carácter productivo”, detalló.
Según un relevamiento realizado en 2015 por el Ministerio Público de la Defensa, entre personas trans residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), sólo el 9% estaba trabajando en el mercado formal, el 15% se desempeñaba en la informalidad, el 3,6% era beneficiaria de políticas públicas y el 72,4% ejercía la prostitución.
“La meritocracia que establece el criterio de juventud y certificación de experiencia y conocimiento no tiene en cuenta las variables de la exclusión social a la que son sometidas las personas trans, y las empresas replican un estereotipo negativo basado en prejuicios y una expectativa de situarlas en la prostitución”, agregó Rueda.
Además, casi el 70% ni siquiera tuvo una entrevista laboral “con posterioridad a asumir socialmente la identidad o expresión de género autopercibida”, añadió.
“No hay oportunidades laborales para las personas trans”, dijo a Télam Marcela Tobaldi, presidenta de la organización La Rosa Naranja.
Para Tobaldi, si bien la ley de Identidad de Género “fue un logro muy importante porque nos reconoció un derecho humano fundamental”, no ha tenido un impacto importante en la situación laboral, teniendo en cuenta que en “la ciudad más rica del país (por CABA)”, el 88% nunca tuvo acceso al empleo formal y el 50% de las trabajadoras registradas se desempeñan en el sector público.
“La gente no quiere trabajar con una travesti y las que estamos empleadas en general no somos tomadas en serio y no podemos romper el techo de cristal”, aseguró la dirigente.
Por su parte, la referente de la organización trans Damas de Hierro de Jujuy, Lourdes Ibarra, comentó que “si bien hay inclusión legal, no ha llegado la inclusión social real para nosotras” y la falta de acceso al mercado laboral “es parte del contexto violento” que explica que “las personas trans no vivamos más de 35 años”.
“Y a pesar de que hemos alcanzando grandes metas como el cupo laboral trans en el municipio de San Pedro, la ordenanza lleva dos años sin ser reglamentada ni ejecutada”, explicó.
Según el primer censo de población trans femenina realizado en Jujuy, al 64,4% se le dificultó la búsqueda laboral por su identidad de género y si optar por una alternativa a la prostitución siempre les resultó difícil “es imposible en este contexto”, donde “las que han podido tener un trabajo independiente como peluquera, repostera o venta ambulante, ahora no lo pueden desarrollar”.
Ibarra cuestionó la falta de “políticas de empleo, de capacitaciones, de formación que nos permita elegir” entre más opciones, y que “Dios atienda en Capital” también en materia de ayuda social para la población trans.
En tanto, uno de los proyectos de ley nacional de cupo trans en discusión es el impulsado por el Frente Orgullo y Lucha y la diputada Mónica Macha (FdT), que establece “la obligación de ocupar personas trans en una proporción no inferior al 1%” del personal en que depende del Estado Nacional.
Entre las iniciativas privadas de promoción del empleo trans se destaca la plataforma web “Contratá Trans”, que llevan de manera conjunta el bachillerato popular travesti trans Mocha Celis y la ONG Impacto Digital.
En diálogo con Télam, Manu Mireles, secretaria académica de la institución educativa y responsable de la coordinación de capacitaciones del proyecto, contó que desde el lanzamiento del proyecto “se han acercado más de mil currículum y hemos ubicado a alrededor de 300 personas”.
“El principal rubro de inserción para personas travesti trans ha sido el tecnológico y de diseño de software: ese segmento sería el más abierto”, destacó.
La idea es centralizar la carga de currículum en una plataforma que “sirva de insumo” para políticas de “discriminación positiva” que faciliten el acceso a la contratación de personas trans por parte de “empresas, ONGs y Estados”, según explica el portal.
“Hablamos de una población sistemáticamente excluida. La expectativa de vida no alcanza los 40 años, el 90% es excluida de su casa y del sistema educativo antes de los 19 y la mayoría no llega ni siquiera a una entrevista laboral”, puntualizó Mireles.
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