Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Hace exactamente 100 años, la negativa de las grandes empresas inglesas y holandesas del momento de proveer combustibles a precios razonables, motivó al coronel Enrique Mosconi a idear la creación de la primera gran petrolera estatal verticalmente integrada del mundo. Así nació, en junio de 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con el objetivo de lograr ser autosuficientes en materia energética e impulsar el desarrollo industrial nacional sin dependencia alguna de potencias extranjeras. Tan libre como ética, nacía la mayor empresa de la historia argentina.
La creación y puesta en marcha de esta empresa le permitió al Estado argentino explotar y producir energía hidrocarburífera para abastecer el incremento de la demanda interna de energía, en el marco del auge de la industria automotriz. Pero este no fue el único objetivo cumplido por el accionar de esta empresa: a través de una gestión estratégica orientada el interés nacional, llevó a cabo una política de precios competitivos que obligó a las empresas extranjeras a reducir los suyos para no perder mercado; éste aspecto fue un factor clave en la competitividad de la incipiente industria nacional, pero sobre todo, en el proyecto industrializador iniciado en la década del cuarenta.
Fue en ese entonces, específicamente durante el primer gobierno peronista, que la empresa 100% estatal logró en nueve años incrementar la producción de petróleo un 70% y elevar el consumo y distribución de petróleo de 6 a más de 14 millones de toneladas. La capacidad de las destilerías de YPF en el mismo período pasó de 8.000 a 25.025 metros cúbicos de tratamiento diario. Con el impulso inicial de YPF se creó la empresa Gas del Estado y se planificó la realización de un gasoducto desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires (uno de los más grandes del mundo en su momento). La producción de gas natural pasó de 8 millones de metros cúbicos en 1946, a 448 millones en 1954. El gas manufacturado se elevó en el mismo período, de 94 a 247 millones de metros cúbicos. El número de usuarios se triplicó…
Llegó el momento en que la empresa fue utilizada para negocios espurios y como herramienta para estafar al Estado. Durante la última dictadura cívico militar, YPF se endeudó fuertemente en el extranjero, pero esos dólares no se utilizaron para apalancar la empresa sino que fueron a financiar la fuga de divisas a manos de los sectores especulativos. El déficit crónico de la empresa propició su entrega a manos extranjeras. Mediante su privatización, en la década del 90, se produjo la descapitalización y abandono de la firma, lo que llevó a una estrepitosa caída en la producción y refinación de petróleo, y al incremento del déficit energético crítico, con su consecuente impacto en la balanza de pagos del país.
Con una intención deliberada, YPF abandonó su rol y función histórica, su razón de ser de motorizar el desarrollo industrial y económico mediante el abastecimiento de combustible a bajo precio y la puesta en marcha de grandes obras de infraestructura que impulsen el aumento de las capacidades industriales de la Argentina. Fue así que la orientación de su gestión se alineó a las directrices del mercado global, equiparando los precios locales con los internacionales, generando un contexto difícil y negativo para la reconstrucción de la industria nacional, y sus inversiones fueron mayoritariamente destinadas al crecimiento de las exportaciones y no al desarrollo endógeno para la generación de trabajo local.
En este caso particular no existe un problema de correlación de fuerzas para una actuación distinta dado que, en la actualidad, YPF domina el 46% de la producción petrolera nacional, el 32% de la gasífera y consta de un gran porcentaje de capacidad instalada en desuso. Esto quiere decir que cuenta con “espalda” y poder suficiente para ponderar orientar su producción y estrategia en dirección al interés nacional.
Es importante destacar la relevancia que tiene YPF (y sus empresas conexas) en el impulso de otras industrias estratégicas para el crecimiento y el desarrollo nacional, ya que cuenta con la capacidad de invertir y producir a costo competitivo una enorme cantidad y variedad de insumos críticos para otras industrias elaboradoras de bienes intermedios y finales, que actualmente se importan, obstruyendo la capacidad de generar de trabajo y valor agregado.
Ejemplo claro de ello es la vinculación con la actividad petroquímica. En el Complejo Petroquímico Integrado Puerto General San Martín, Santa Fe, se produce principalmente, estireno, etileno y etilbenceno, materias primas del poliestireno, con el que se elaboran productos plásticos, caucho (para neumáticos, calzados, cintas transportadoras, pisos e insumos para la industria y el hogar), solventes aromáticos (usados por otras industrias y también para naftas) y propelentes (insumo clave para bienes de tocador como desodorantes).
Esta industria ha sufrido históricamente los problemas derivados de la falta de planificación y vinculación estratégica con la producción de materia prima (nafta virgen), quedando a merced de los vaivenes de la economía mundial y de la discrecionalidad del empresariado que, en determinadas ocasiones, ha tenido objetivos divergentes con el desarrollo nacional, económico y social, frenando el necesario proceso de inversión y reconversión tecnológica.
Con una inversión razonable se puede expandir la producción de combustible para proveer al sector agropecuario, expandir la producción de asfalto (clave para la obra pública) y abastecer de energía en momentos de mayor demanda. Se trata de un proyecto factible y rentable a nivel de pre-factividad, cuyo impactos socio económicos resultan por demás positivos.
Si bien el contexto es otro, las posibilidades de reorientar la función de esta empresa siguen estando presentes. Debemos remarcar que si ello no ocurre es principalmente por la consolidación y profundización de un modelo económico netamente exportador que encuentra como mayores beneficiarios a un grupo reducido de empresas transnacionales, mientras en nuestra tierra quedan saldos siempre insuficientes para subsidiar el desempleo, la pobreza y desigualdad.
Es aquí donde se encuentra la principal contradicción, puesto que, si bien la producción y exportación de petróleo sirve a la generación de divisas, estas políticas atentan contra la creación de empleo y el desarrollo de los diversos sectores económicos. También, porque un aumento en la capacidad productiva del país traería aparejado un proceso de industrialización que posibilite sustituir el gran volumen de importaciones que representan la mayor sangría de divisas de la economía nacional. Sin lugar a dudas, un proyecto de desarrollo en ese sentido, conlleva beneficios sustancialmente mayores a la exportación de petróleo y sus derivados.
Dicho esto, resulta importante destacar la necesidad de que la mayor empresa del país retome el rol de testigo y referente de los sectores estratégicos, y no actúe, como hasta el momento, como un intermediario entre el interés de lucro del capital privado y el interés social del Estado.
Hoy, como hace cien años, YPF es una herramienta clave para impulsar el desarrollo industrial que genere los puestos de trabajo que la Patria Argentina y su Pueblo tanto necesitan.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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