Un mes y medio antes de que finalice el contrato con el actual operador, el gobierno provincial formalizó la adjudicación de la autopista Rosario-Santa Fe a su nuevo concesionario, que la explotará por diez años. Se trata de la unión transitoria de empresas (UTE) formada por Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA. Entre otros requisitos establecidos en el pliego, deberá repavimentar por completo el corredor vial.
Ayer se confirmó que el gobernador Hermes Binner y el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, rubricaron el decreto 2.236/10 por el cual se adjudicó la concesión de la autopista a la UTE cuya particularidad principal radica en el hecho de que cinco de las seis firmas que la conforman tienen domicilio en Rosario.
“Se trabajó para completar el proceso administrativo en un plazo mínimo”, indicó Ciancio. “La adjudicación pudo realizarse antes de fin de año, tal como se había anunciado”. El ministro no confirmó cuánto costará el peaje una vez que el nuevo concesionario se haga cargo del servicio, pero dio algunas pistas: “Haciendo un cálculo, el costo del vehículo pasante para la categoría automóvil está en 4,98 pesos. Estamos viendo varios escenarios para el plan de obras y de ahí la carga que hay que poner para transformarlo en tarifa”.
Si bien es un hecho que el peaje va a aumentar, Ciancio se mostró optimista: “Estamos con buenas posibilidades de lograr un precio razonable y un fondo de obras razonable, para en estos diez años de concesión establecer no sólo la repavimentación sino el tercer carril, para tenerlo terminado en ese tiempo”. En los próximos 45 días el gobierno verificará la documentación de la UTE ganadora con las expectativas de que sea “una transición ordenada” mientras dure el contrato con Consorcio Vial SA, actual concesionario de la autopista.
La salida del viejo operador –Aufe SA– fue un dolor de cabeza para el gobierno. Sin margen de maniobra, ante el vencimiento de los plazos contrató en forma directa a Consorcio Vial –formado por Supercemento y Edeca– y a partir de allí se desató un vendaval de críticas, no sólo de la oposición –que incluso llevó el tema a la Justicia– sino del propio oficialismo, que cuestionó el mecanismo de la contratación directa.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo lanzó la nueva licitación, a la que se presentaron tres grupos de empresas: uno de ellos, encabezado por Supercemento, impugnó la oferta de la UTE que finalmente ganó la licitación, pero la presentación fue desestimada y ayer, con el anuncio oficial, se completó el proceso. Además de las ofertas económicas, el gobierno analizó el plan de obras. La nueva adjudicataria pagará un canon mensual de 200 mil pesos.
El pliego prevé que se conforme un fondo de obras con el dinero que surja de la diferencia entre el valor del vehículo pasante propuesto por la empresa y la tarifa que determinará el gobierno. Ese fondo se destinará a las tareas de repavimentación y a la construcción de tres nuevos accesos: a los puertos de San Lorenzo y Capitán Bermúdez y a la zona de countries situada al norte de la ciudad de Santo Tomé.
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