El abogado Gabriel Ganon es el hombre designado para comandar el Servicio Público de la Defensa en el marco de la reforma del sistema procesal penal provincial, impulsada en la última etapa del gobierno de Jorge Obeid y profundizada en la actual gestión de Hermes Binner. Accedió a ese cargo por concurso y obtuvo acuerdo legislativo en febrero pasado, junto con los defensores regionales, uno por cada nodo santafesino. Hasta su nombramiento, se desempeñó como defensor general en el distrito bonaerense de San Nicolás. Aquí, habla de la importancia de que tanto la fiscalía como la defensa sean órganos autónomos para evitar interferencias en su ejercicio profesional; del rol de la defensa pública para evitar el avasallamiento de los derechos por parte del propio Estado, y del cambio de mentalidad que deberá darse en todos los actores del proceso penal, especialmente en las fuerzas de seguridad. Y opina que el poder político tiene que asumir su deber de control sobre la Policía.
—¿Qué cambio va a haber en el sistema de defensa a partir de esta reforma?
—Es un cambio histórico en la provincia de Santa Fe: la transformación de un sistema de enjuiciamiento penal que prácticamente no garantizaba la verdadera defensa en juicio, y esta transformación implica que el Estado provincial verdaderamente se haga cargo de garantizar ese derecho. Esto ha quedado bastante propiciado por el reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso (de Rubén Luis) Godoy (albañil condenado a perpetua 17 años atrás en base a una confesión arrancada bajo tortura; el tribunal ordenó revisar el fallo). Así que es un giro copernicano realmente muy importante de dar cobertura y asistencia técnico-jurídica a toda persona acusada por la comisión de un delito en todo el territorio provincial.
—¿Qué pasará con fiscalía y defensa?
—La fiscalía y la defensa se convierten a partir de ahora en un órgano autárquico y autónomo con facultades propias de organización y facultades presupuestarias. Esto también es muy importante para garantizar tanto la acusación pública como un órgano autónomo, como también la defensa pública: convertirla en un verdadero órgano autónomo, independiente de todos los otros poderes del Estado.
—Usted tiene experiencia en este terreno a partir de haber trabajado en San Nicolás, Buenos Aires. ¿Qué cree que puede cambiar en Santa Fe?
—Yo creo que la diferencia es sustancial: porque en provincia de Buenos Aires no hay autonomía y autarquía de la defensa pública. En provincia de Buenos Aires, si bien está dividido por circunscripciones judiciales y en cada circunscripción judicial hay defensores –y hay defensores jefes de esas circunscripciones o departamentos judiciales–, el sistema del ministerio público esta unificado en la Procuración General de la provincia: detenta tanto la jefatura del ministerio público de la acusación como el ministerio público de la defensa. Acá en Santa Fe se ha establecido la igualdad de armas: por un lado la cabeza de la defensa pública en el defensor provincial y la cabeza del ministerio público de la acusación en el fiscal general de la provincia.
—¿Cuál es el rol del defensor, en el sentido de la defensa de las libertades individuales no sólo con la cuestión procesal, que ahora se pretende que cambie, sino sobre las arbitrariedades habituales que se denuncian en las fuerzas de seguridad?
—Creo que, justamente, la existencia de una defensa pública autónoma y autárquica lleva a tratar de ponerle freno al abuso de poder por parte del Estado, que las agencias de ejercicio del poder represivo del Estado vean limitado su ejercicio al cumplimiento de los estándares legales. Con un control adecuado, y una adecuada garantización del derecho de defensa en juicio de todas las personas acusadas, no va a quedar otra alternativa que ajustarse al cumplimiento de la ley por parte de todos los actores procesales.
—Este cambio también va a implicar una modificación sobre la Policía. Usted tuvo algunos choques en provincia de Buenos Aires, sufrió amenazas, incluso hubo un preso que dijo haber sido contratado para apuñalarlo. En Santa Fe, las fuerzas de seguridad aparecen como no acostumbradas a ser monitoreadas. ¿Cómo cree que va a ser su trabajo acá?
—Esto implica un cambio cultural muy fuerte que tiene que ser acompañado por cada uno de los poderes del Estado. Y, en la medida que cada uno de los poderes del Estado cumpla con su rol y su función, yo creo que cada uno de los actores va ajustarse a lo que significa el cumplimiento del ejercicio del poder represivo del Estado dentro de un Estado democrático de derecho. Esto de que las policías en general no son afectas a sentir el control tiene mucho que ver con la falta de ejercicio de control político, no solamente jurisdiccional. Yo creo que una Policía que es controlada fuertemente, políticamente, y que no está autonomizada en su ejercicio, se ajusta al cumplimiento de la ley. Yo creo que las pautas de cumplimiento de la tarea policial tienen que ser fijadas por el poder político. En la provincia de Buenos Aires han transcurrido diferentes períodos. En los períodos de autonomización o de prácticamente autarquía, de descontrol de la Policía es cuando empiezan a ocurrir este tipo de incidentes, que se han visto agravados también por la ausencia de autonomía y autarquía de la defensa pública, con presiones, no solamente con este tipo de amenazas, sino también con presiones estructurales por parte de la Procuración General que también dirigía la acusación fiscal y la defensa. O sea que cada vez que uno intentaba ejercer o tratar de limitar el poder represivo, o que se limite el poder represivo dentro de los estándares del Estado democrático de derecho, se producían estas fricciones que significaban acosos administrativos o acosos de este tipo.
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