El juez Rubén Saurín, investigado por presunto hurto de energía en su domicilio particular, insistirá con su pedido de jubilación pese a que la semana pasada el Ejecutivo provincial lo rechazó por decreto. Ayer su abogado, el penalista Néstor Oroño, presentó un recurso de amparo en Tribunales pidiendo que se declare inconstitucional el decreto 737 firmado por el gobernador Hermes Binner, en el que se argumenta que como existe una causa penal en contra de Saurín no se avanzará en otorgarle el beneficio de la jubilación hasta tanto la investigación determine si el juez violó la ley. El objetivo de Binner es lograr que Saurín continúe en funciones mientras avanza la causa en su contra.
En paralelo, el juez tiene un jury abierto por su desempeño en la llamada “causa de los franceses” –dos ciudadanos franceses detenidos durante 33 días luego de un procedimiento ordenado por Saurín, a quien luego denunciaron–, jury que su abogado pidió considerar caduco puesto que pasaron 60 días desde que su cliente fuera denunciado y hasta el momento no se formuló la acusación. Oroño cuestionó el decreto firmado por Binner: “No tiene sustento legal. La ley 7.050 de Enjuiciamiento de Magistrados nunca dice que se le debe negar la renuncia a un juez sometido a jury. El artículo 10 plantea que, si durante el trámite de enjuiciamiento renunciare el magistrado, el proceso de jury debe continuar hasta la sentencia”.
El abogado que defiende al juez Saurín agregó: “El Tribunal de Enjuiciamiento no se expidió admitiendo o rechazando la denuncia. Ni siquiera llegó (Saurín) a ser acusado por el procurador, sino que se reservaron las actuaciones. El artículo 10 de la ley 7.050 se refiere a los acusados”. Y dijo sobre el jury: “Está caduco porque el artículo 17 bis de la 7.050 dice que, transcurridos 60 días desde la denuncia, si no se formula la acusación, las actuaciones caducan de pleno derecho. No hay ninguna posibilidad jurídica de continuar el jury”.
En el recurso de amparo que Oroño ingresó ayer en Tribunales se argumenta que el decreto del Ejecutivo viola la independencia del Poder Judicial: “Existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que la permanencia o cese de un magistrado no pueden quedar librados al arbitrio de otro poder del Estado”. En diálogo con la prensa, Oroño se preguntó: “¿Cómo se puede obligar a una persona a seguir prestando una función que quiere abandonar?”.
Por otro lado, a Saurín lo investiga la Justicia por un hecho que fue caratulado como “conexión directa clandestina”. El año pasado, operarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) detectaron en su casa de barrio Guadalupe una conexión irregular a la red de electricidad. La investigación avanzó hasta que el procurador de la Corte, Agustín Bassó, ordenó a la fiscal Graciela Parma cesar las indagaciones y el juez Jorge Patrizi archivó la causa. A principios de este año, el ministro de Justicia Héctor Superti cuestionó esa actuación y volvieron a tornarse públicos los cortocircuitos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Entonces, la fiscal insistió y logró que la causa fuera reabierta, aunque cayó en manos del juez Darío Sánchez. Ayer, Parma señaló: “La prueba de la EPE nos va a llevar a descubrir la verdad en el caso Saurín”, en alusión a la pericia técnica que los operarios presentarán cuando se abra la etapa de pruebas. “Yo solicité el desarchivo de las actuaciones y que se diligenciaran pruebas que en su oportunidad había ofrecido la EPE. En esa etapa estamos en este momento”, declaró la fiscal en una entrevista con la emisora santafesina LT10.
“Entiendo que la prueba de la EPE es fundamental en esta causa. Nadie mejor que la EPE para ofrecernos una prueba que nos lleve al descubrimiento de la verdad que es el objetivo del proceso penal”, agregó la fiscal.
El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, defendió esa pericia: “El estudio que se hizo en su momento es el que se va a presentar cuando sean citados los técnicos. Son trabajos que se hacen a conciencia y en conjunto con escribanos y con la universidad. Y se hacen así porque, después, todo el mundo tiene derecho a defenderse. Se toman todas las medidas para que la documentación sea exacta”. Ciancio auguró que, en caso de que a Saurín se lo encuentre culpable de hurtar energía, le cabrá “una multa muy severa”.
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