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“Nadie actuó coaccionado”

La fiscal Mabel Colalongo continuó ayer con su alegato en el juicio oral y público a cinco represores. “No son crímenes de guerra, son delitos de lesa humanidad dentro de un plan sistemático", sostuvo.

La fiscal subrogante Mabel Colalongo continuó ayer con los alegatos contra los cinco represores que son juzgados por crímenes cometidos durante la última dictadura, que había comenzado el miércoles de la semana pasada en el primer piso de los Tribunales federales de bulevar Oroño 940. Entre otras consideraciones, la representante del Ministerio Público Fiscal descartó que los cinco imputados “hayan actuado bajo obediencia debida o coacción”. Y agregó: “No son crímenes de guerra ni excesos, son delitos de lesa humanidad dentro de un plan sistemático”.

Luego de la postergación de anteayer por la imposibilidad de unos de los jueces (Omar Paulucci) de ser parte del tribunal debido a que no se encontraba en la ciudad de Rosario, en la mañana de ayer la representante del Ministerio Público Fiscal continuó con sus alegatos.

En el reinicio, la fiscal se refirió a “la responsabilidad de los imputados en los hechos de la causa analizando la prueba de cargo”, comentó Jésica Pellegrini, una de las abogadas querellante.

Asimismo, de los diversos testimonios prestados durante toda la causa, que la fiscal Colalongo fue mencionando rigurosamente, y de la prueba documental, la representante pública consideró “probada la participación de los mismos en los ilícitos que se les atribuyen”, agregó Pellegrini.

Por su parte, la representante del Ministerio Público reiteró que los represores Omar Pascual Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Walter Salvador Dionisio Pagano, y Eduardo Rodolfo Constanzo “eran miembros del Destacamento de Inteligencia del Batallón 121 por lo cual era muy difícil que desconocieran el funcionamiento de los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica de Armas”.

En este sentido, recordó “la declaración de Agustín Feced ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, donde expresamente dijo que el Servicio de Informaciones estaba bajo control operacional de las Fuerzas Armadas y bajo las órdenes del Servicio de Inteligencia, y la Orden 404 que imponía la presencia obligatoria del personal de Inteligencia en procedimientos de detención de elementos subversivos”.

En otro momento de su exposición, la fiscal sostuvo que “a diferencia de la vincha de Amelong pidiendo legalidad (que llevó el 31 de agosto pasado, cuando comenzó el debate oral y público), este juicio se ajustó a la única legalidad posible que es la del Estado de Derecho”.

Luego, analizó “el encuadre de las conductas de los imputados en los tipos penales correspondientes, calificando las mismas como privaciones ilegítimas de la libertad agravadas mediante el uso de violencias y amenazas, agravadas también por dirigirse contra perseguidos políticos, por haber durado más de un mes en muchos de los casos, delito de tormentos y homicidios agravados por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse cometido en procura de lograr la impunidad de los autores”.

Y agregó: “Todos estos delitos no fueron cometidos en forma aislada sino masiva por lo que el Derecho Internacional los incorpora como delitos de lesa humanidad”

En otro tramo del alegato, Colalongo se refirió a la participación de los cinco imputados en los hechos, señalando que “en todos los casos se los debe considerar como coautores ya que, por el rol preponderante de la Inteligencia, tenían el dominio de los hechos y la decisión final, aún en los casos en que entregaban a los secuestrados a otra área o sub-zona, como en los casos de Hilda Cardozo o Jaime Dri”.

“Además tenían presencia activa en los lugares clandestinos de detención, por lo que no es casual que todas las víctimas los mencionen”, explicó.

En otro tramo de su exposición, Colalongo descartó que “los imputados hayan actuado bajo obediencia debida o coacción”.

En relación con el cumplimiento de órdenes, sostuvo que “aún en el derecho militar, no es necesario acatar una orden manifiestamente ilegal”, manifestando que,  “discutir estas cuestiones es una ofensa a la racionalidad, que las víctimas aceptan con una paciencia claramente admirable”.

“Nadie actuó coaccionado, nadie dijo si no torturás, te torturo, si no matás, te mato.  Las órdenes de matar, torturar, violar, sustraer identidad de menores, no debían ser cumplidas, debieron oponerse”, sostuvo la fiscal.

“Todo lo hicieron convencidos. No son crímenes de guerra ni excesos, son delitos de lesa humanidad dentro de un plan sistemático”, terminó diciendo.

El juicio oral y público continuará el próximo lunes 8 de marzo, a partir de las 9.30, cuando la representante del Ministerio Público Fiscal continúe con su alegato. En caso de terminar con los fundamentos y el posterior pedido de penas para los cinco imputados, los jueces pedirán un cuarto intermedio de al menos 48 horas para que los abogados de los represores preparen sus defensas.

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