“Dicen que yo soy un desquiciado por reclamar. Pero a las pruebas me remito: obra clausurada, intervención del Ministerio de Trabajo por no tener a los obreros en regla. ¿Y los inspectores municipales? Bien, gracias”, dijo, con indignación y sarcasmo, Andrés Pasko, vecino de la zona centro de la ciudad. Desde principios de este año, precisamente desde abril, Pasko pelea con garras y dientes contra una importante serie de irregularidades en una construcción lindera con su casa, en Zeballos al 800, que ya le ha destruido la pared medianera, a punto de derrumbarse. “Yo vivo por y para Rosario, y peleo para que se cumplan nuestros derechos”, afirmó.
“Es de terror, no hay control.”, sentenció, nuevamente, Andrés Pasko. Estaba sentado en su living, rodeado de maniquíes desnudos y otros que llevaban puesto elegantes vestidos de novia. Cabe destacar: Pasko es diseñador de alta costura y tiene su propio local en su casa. Sobre la mesa había muchos papeles: denuncias, certificados, planos, fotos, actas notariales. Desde junio de este año, cuando exigió el apuntalamiento de su casa, en riesgo por la obra que hacía dos meses había comenzado al lado de la vivienda, Pasko acumula pruebas. “Sigo el curso normal de la vía administrativa y judicial”, afirmó. Sin embargo, hace sólo diez días que dieron respuesta a sus reclamos.
A medida que caminaba por el largo sendero de la administración pública, Pasko continuó juntando pruebas de las irregularidades que en la obra de construcción se llevaban adelante, lo hayan o no afectado. Así como el detonante fue la falta de apuntalamiento, también pudo constatar ante el Ministerio de Trabajo de la provincia las pésimas e inhumanas condiciones en que trabajan los obreros contratados: “Hacían sus necesidades entre dos chapas. No usaban cascos ni ropa de trabajo, ni siquiera tenían seguro. Podrían haber sido nuevos muertos. Y eso es vergonzoso, incalificable”. En una foto puede observarse, así, a tres trabajadores de la construcción que sólo llevaban puesta una gorrita con visera; de fondo, dos chapas contra la pared oficiaban de baño.
Luego, continuó enumerando: “Tuve una clienta que vino en sillón de ruedas y no podía pasar por la vereda. Para pasar, lo tiene que hacer entre el canterito y la obra, para eso tiene 68 centímetros. Pero resulta ser que el reglamento que se da en el distrito Centro dice que tiene que tener un metro libre. Tengo acá el acta de mi escribano y perito de parte donde se puede observar que hay 68 centímetros de ancho. Yo siempre con pruebas, no hablo pavadas”.
En abril de este año, Andrés Pasko fue advertido de que iban a demoler al lado de su casa para construir un edificio de siete pisos. Según él, ambas partes hicieron las correspondientes constataciones, que declararon que tanto la casa como la medianera estaban en perfectas condiciones. “ Demolieron el techo a mano, pero tiraron las paredes con una topadora. Vibraba toda la casa. Después de que tumbaron, mi socio, que dormía con la cabecera sobre la pared medianera, me decía que crujía todo, que hacía ruido y que sentía cómo se deslizaba la arenilla entre la pared y el papel. A los pocos días llovió, la ropa estaba puesta sobre una silla contra la pared, y amaneció toda mojada. Y no encontrábamos de dónde había salido el agua, hasta que vino la GUM y me hizo sacar todo el papel: coincidían las rajaduras de mi lado con las del vecino, donde ya habían intentado taparlo”.
La primera denuncia que realizó Pasko fue el 21 de junio. “Siempre hice todas las denuncias correspondientes, en Obras Particulares del distrito Centro. Allí se pasó un informe que dice que es obligación realizar todas las tareas de apuntalamiento porque la pared corría riesgo. El apuntalamiento llegó hace diez días: después de que se rompió todo y no se cayó de milagro”. Entre tanto, Andrés denuncia maltrato e indiferencia por parte de las autoridades. Dice que recibió visitas de inspectores desconocidos que, según él, fueron a apretarlo, que lo trataron de mentiroso y que sólo gracias a la GUM su situación no se volvió escandalosa. Ahora, la obra está clausurada.
“La Municipalidad hace caso omiso a todos mis reclamos. Ellos emiten certificado de demolición y certificado de edificación pero no son responsables, no tienen el poder de control. Y si hay desperfectos tenemos que lidiar entre las partes, entre vecino y constructor. Si yo no constato, controlo, tengo un escribano y un perito, ¿cómo sé que hacen lo correcto?”, expresó. Lo que él exige, además de que, claro, su casa siga en pie, es que el Estado opere como contralor. Mientras la pared sigue crujiendo y la arenilla cayendo, él recibe como respuesta de las arquitectas involucradas que su “irracionalidad” no tiene límites. Y con carpetas, expedientes y notas en mano, afirma: “Se burlan y dicen que soy un denunciante compulsivo. Yo digo que ellos abusan de su poder. Vivo por y para Rosario y peleo para que se cumplan mis derechos”.
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