De la mano de la Multisectorial de Mujeres, la campaña por la ley de aborto legal, seguro y gratuito pasó por Santa Fe. Diputados nacionales y provinciales, concejalas, dirigentes políticos y sociales participaron de una conferencia en la que se presentaron los lineamientos principales del proyecto de ley que pretende reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los tres primeros meses de gestación, iniciativa que ingresó al Congreso a mediados de marzo.
En la conferencia estuvieron los diputados nacionales por Santa Fe que firmaron el proyecto, Miguel Barrios y Verónica Benas, la ex diputada Silvia Augsburger –que participó de la confección del poryecto–, los legisladores provinciales Alicia Gutiérrez, Lucrecia Aranda y Antonio Riestra y las concejalas santafesinas Adriana Molina y Vanessa Oddi, además de referentes de distintos sectores sociales y políticos.
Los disertantes remarcaron que el proyecto recibió la adhesión de 35 diputados nacionales que representan a todo el arco político; de ese hecho derivan que seguramente será discutido en comisiones este año. Los fundamentos de la iniciativa son los lemas que vienen sosteniendo los movimientos que trabajan por los derechos de la mujer: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. “Son derechos humanos y básicos de todas las personas y por lo tanto deben ser garantizados por políticas públicas”, remarcó la abogada Lucila Puyol.
“La legalización es un tema de justicia social: las que mueren son las más pobres y la clandestinidad del aborto es la principal fuente de mortalidad de mujeres”, agregaron. Luego revelaron datos sobre el tema: en el país se realizan unos 500 mil abortos por año y por esa causa cada día muere –en promedio– más de una mujer. El proyecto garantiza el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación y hacerlo fuera de ese plazo si fue producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves.
De convertirse en ley, los médicos podrán declarar objeción de conciencia y negarse a realizar la práctica, pero el servicio de salud –en el ámbito público y también privado– estará obligado a garantizar la realización del aborto. Para ello, la iniciativa propone derogar los artículos del Código Penal que penalizan la práctica. “Que comience a debatirse es francamente auspicioso. Desde 2005 estamos en campaña juntando firmas”, comentó Puyol.
Por su parte, Benas consideró como un avance incorporar el tema a la agenda de debate, abrir discusiones “que se evitan por hipocresías” y que lo hagan los legisladores. Y dijo que la institución del 25 de marzo como “día del niño por nacer” fue una maniobra para “combatir la lucha de las mujeres por sus derechos”.
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