Ciudad

“La Toma” se moviliza en búsqueda de una definición

Cooperativas y microemprendimientos están en alerta por un obstáculo judicial a la expropiación del local.

Desde mediados del 2001, cuando 35 empleados decidieron tomar el local del ex supermercado Tigre de la calle Tucumán entre Corrientes y Entre Ríos, hasta estos días que corren, en los que un juez declaró la inconstitucionalidad de la segunda expropiación del local realizada por la provincia con acuerdo y voto unánime de ambas cámaras en la Legislatura, han pasado muchas cosas. Tantas que a aquellos empleados, que hoy sostienen el comedor universitario que despacha entre 200 y 300 menúes diarios a estudiantes a un costo de 6,50 pesos y de 12 pesos para los clientes particulares, se le sumaron con el paso del tiempo cooperativas y microemprendimientos que fabrican pelotas, calzado, uniformes de trabajo, estampas remeras, acopian cartones, hacen radio, y producen en talleres de carpintería. Y a ellos hay que agregarle además organizaciones sociales donde trabajan psicólogos, actores, guardavidas y organizaciones gremiales, entre otros sectores.

Por eso es que la semana pasada, con el apoyo de 80 organizaciones sociales, concejales y legisladores provinciales, los más de 120 trabajadores que hoy se referencian de una o de otra manera en La Toma decidieron decir basta y reclamar que de una vez por todas se le ponga punto final a esta historia que lleva casi nueve años. Con ese objetivo, y dejando en claro que no se mueven del lugar, los trabajadores anunciaron dos movilizaciones para los próximos días. La primera será este miércoles, uniéndose a la marcha que se realizará conmemorando el 34º aniversario del golpe Estado que sufrió el país en 1976, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La segunda, programada para el 30 de este mes, a las 18, consistirá en un “abrazo solidario” al Centro Cultural La Toma. 

Carlos Ghioldi, uno de los representantes de la cooperativa dijo: “Nosotros no nos movemos bajo ningún punto de vista. Ni sueñen con eso, y rechazamos este intento de privilegiar el interés mezquino de tres cómplices de un vaciamiento en contra del interés de más de cien personas que trabajan actualmente en el lugar”, agregó el dirigente en referencia a los integrantes de la sindicatura que presentaron el planteo a la Justicia. Para Ghioldi “los síndicos son cómplices del vaciamiento que se produjo en la empresa y que llevaron a tener una deuda que era ochenta veces el capital de la empresa. Son cómplices de la más escandalosa quiebra y vaciamiento de la que se tenga memoria”, explicó el dirigente.

El fallo del juez Pedro Boasso que desencadenó la reacción de las cooperativas y microempredimientos declara inconstitucional la ley que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras en la Legislatura provincial en diciembre de 2008 y que fuera promulgada por el Ejecutivo en febrero de 2009.

“El accionar de la provincia aparece claramente como contradictorio”, dijo el juez en los considerandos del fallo sobre la segunda expropiación (la primera había sido en 2004 pero nunca llegó a efectivizarse). Según Boasso luego de la primera ley de expropiación el Estado santafesino “permaneció inactivo durante más de dos años, y tras ser intimado bajo apercibimiento ofreció un monto en concepto de indemnización. A posteriori consintió la aprobación del monto indemnizatorio pero no pagó, y pocos meses más tarde el órgano especializado en dictaminar acerca de la viabilidad de la explotación (Ministerio de la Producción) lo hizo desfavorablemente”. Boasso prosigue su argumentación diciendo que la provincia “volvió dos años después a declarar la necesidad de utilidad pública con referencia al mismo inmueble y adjudicándolo al mismo beneficiario, sin aportar nuevos elementos”.

Sobre el fallo del juez, Ghioldi dijo que era en el mejor de los casos “incongruente, porque considera la viabilidad económica en lugar de atender la función social de los emprendimientos” que funcionan en Tucumán al 1300. “Éste es un predio de utilidad pública y presta un gran servicio social a trabajadores y emprendedores que de otro modo estarían desocupados. Pero el juez está pasando por alto todo eso”, dijo Ghioldi. Sobre la supuesta contradicción del accionar de la provincia, mencionada en el fallo por el juez, Ghioldi dijo que “no se puede analizar la contradicción sabiendo que hablamos de dos gobiernos diferentes” (el gobierno de Jorge Obeid, durante el cual se hizo la primera expropiación y se emitió un dictamen desfavorable del Ministerio de la Producción y el actual de Hermes Binner, donde se hizo la segunda expropiación). Actualmente en el Centro Cultural La Toma funcionan diez cooperativas, treinta y cinco agrupaciones de microemprendedores y quince organizaciones sociales. En total, hay más de cien personas trabajando en el lugar.

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