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“Estoy harto de escuchar que es una sensación”

Para el juez Juan Pazos, el fatal intento de asalto en la autopista a Córdoba es un claro caso de inseguridad.

La causa judicial que investiga la trágica tentativa de robo ocurrida el último lunes a la noche a la vera de la autopista a Córdoba, que dejó un saldo de dos muertes, no avanzó en cuestiones técnicas aunque abrió una fuerte polémica a raíz de distintas declaraciones. Por un lado, el juez de Instrucción Juan José Pazos dijo que no se puede brindar un marco legal hasta que no se conozcan los resultados de las pericias balísticas y los testimonios de la viuda del ingeniero asesinado, presuntamente por su propio padre que abrió fuego contra dos ladrones ultimando a uno de ellos, y las de su progenitor. El magistrado hizo declaraciones que despertaron malestar en varios sectores ya que se refirió a la causa que investiga como un ejemplo de “que la inseguridad no es una sensación”. Sus dichos fueron tildados de oportunistas por funcionarios provinciales, entre ellos el secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, quien los tildó como “poco felices”.

Cerca de las 21.30 del lunes, un matrimonio de recién casados que se desplazaba en un Ford Fiesta por la autopista Rosario–Córdoba debió detener la marcha del rodado a la altura del kilómetro 299 por un desperfecto en el automóvil. El conductor, Lucas Renna, un ingeniero de 28 años, llamó a su padre, que asistió al lugar a bordo de una camioneta Chevrolet Blazer, para ayudarlo a cambiar una rueda pinchada.

Pero la llegada de dos personas con aparentes intenciones de robo, no está claro si antes o después que el progenitor de Renna, terminó en una balacera ya que el hombre sacó un arma de fuego que llevaba en la guantera de su camioneta. Como resultado del intercambio de disparos, fallecieron Lucas y Ricardo Javier Castaño, alias Bonchi, un ex convicto de 25 años. Además, la esposa del ingeniero, fue rozada por un plomo que le causó una herida leve en el hombro izquierdo.

En medio de tamaña angustia familiar, un dato que corrió como reguero de pólvora despertó todo tipo de comentarios, ya que la bala que terminó con la vida del ingeniero, y que fue extraída de su cuerpo, habría salido del arma de su propio padre, una pistola calibre 11.25, conocida por su alto poder de destrucción. El hombre se abstuvo de brindar una declaración informativa en la subcomisaría 22ª y salió en libertad algunas horas después, para asistir al velatorio y posterior entierro de su hijo.

Con todas las reservas que implica el secreto de sumario, el juez Juan José Pazos declaró ayer a El Ciudadano que todavía es muy prematuro afirmar cómo fue la mecánica del hecho ya que ni el padre del ingeniero ultimado ni su viuda estaban en condiciones de declarar en el Juzgado y el segundo ladrón implicado se encuentra prófugo. Pero el magistrado sí hizo particular referencia a los “hechos de inseguridad” que sufre la sociedad y dijo que le parece una falta de respeto que algunos funcionarios hablen de “sensación”.

“Para los que dicen que la inseguridad es una sensación, yo los invito a hablar con este hombre (en referencia al padre del ingeniero fallecido). Estoy harto de escuchar que es una sensación”, agregó el juez Pazos

Con igual tono se manifestó el abogado Gonzalo Basualdo, defensor del padre del ingeniero, quien valoró el accionar del juez Pazos y repudió las declaraciones brindadas por funcionarios policiales y del ministerio de Seguridad.

“Mientras que el juez Pazos garantizó a rajatabla el secreto de sumario, las filtraciones de datos por parte de algunos funcionarios del ministerio de Seguridad y de jefes policiales generaron una polémica inútil y despiadada que lo único que hizo fue agregar un plus de dolor a la familia, que en definitiva fue la verdadera víctima de este hecho de inseguridad”, dijo Basualdo.

Pero los dichos del magistrado fueron tildados de oportunistas por funcionarios provinciales. En ese sentido se manifestó el secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, quien tildó como “poco felices” los comentarios del magistrado. “Bienvenida la preocupación de un funcionario, sea judicial o no, sobre los problemas sociales, pero me llama la atención que recién ahora se estén acordando de este tema”, agregó.

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