“Hay maneras de saber que hubo suministro directo hacia la casa de Saurín”, dijo ayer el titular de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Daniel Cantalejo, cuando lo consultaron sobre la causa en la que se investiga el presunto hurto de energía eléctrica por parte del juez de Instrucción santafesino Rubén Saurín y en la cual la empresa es querellante. “Éste es un caso claro; no hay dudas”, enfatizó el funcionario, quien ratificó que el balance realizado por los técnicos de la EPE “indica que hubo transmisión de energía” en forma irregular hacia la casa del cuestionado juez.
En la causa hubo sacudones fuertes las últimas dos semanas. Primero, la defensa del juez Saurín denunció por falso testimonio a los operarios que habían detectado la conexión irregular en marzo del año pasado. El juez a cargo del caso, Darío Sánchez, dio curso al planteo y uno de los trabajadores debió volver a declarar; en esa segunda citación, alegó la defensa, hubo contradicciones. No obstante, la EPE salió a respaldar a sus operarios y realizó dos planteos en la Justicia: denunció por fraude procesal al juez y recusó a Sánchez por supuesta “parcialidad” hacia su colega.
Pese a las idas y venidas, que demoran la investigación de fondo, Cantalejo señaló: “Confiamos en la Justicia”. Pero de inmediato agregó: “Aunque esto parece el mundo del revés”. El titular de la EPE criticó además la estrategia del defensor de Saurín –el abogado penalista Néstor Oroño, conocido en Santa Fe por patrocinar a represores y a funcionarios procesados por la inundación de 2003–, que había acusado a la EPE de “plantar una prueba” para armarle una causa a Saurín.
Cantalejo se quejó porque el juez investigado aún no fue llamado a indagatoria pese a que las pruebas aportadas por los operarios son, a su entender, “sumamente claras”. “Se ha encontrado una conexión directa de un cable que no pasa por el medidor pero está demostrado que el consumo de energía se producía dentro de la vivienda” de Saurín, ubicada en Italia al 7700, a pocos metros de la laguna Setúbal, en el exclusivo barrio de Guadalupe.
Mientras tanto, el juez Sánchez se dispone a procesar –bajo la figura de falso testimonio– a uno de los trabajadores de la EPE que participó del operativo del 26 de marzo de 2009. El motivo: la presunta contradicción en la presentación de una de las pruebas –un fragmento del cable retirado de la vivienda de Saurín–, que para Oroño constituye motivo de duda; de allí la hipótesis de la “prueba plantada”.
El defensor de Saurín sostiene que el cable aportado como prueba es distinto al que la propia empresa fotografió para incorporar al acta de infracción, que es de donde surge la investigación. Oroño solicitó una serie de medidas al juez Sánchez para comprobar si hubo una actuación irregular por parte de la EPE o de sus operarios para perjudicar a Saurín. El abogado pidió una pericia de las TOE (Tropas de Operaciones Especiales de la Policía) para determinar si el cable de la foto es el mismo que se encuentra como prueba en el expediente.
La investigación en la que aparece implicado el juez Saurín tiene un fuerte trasfondo político. El gobernador Hermes Binner y su ministro de Justicia, Héctor Superti, se manifestaron públicamente –en reiteradas ocasiones– en contra de Saurín, cuya culpabilidad dan por segura. El último fin de semana, Binner volvió sobre el tema: “La sociedad ya lo condenó (a Saurín). Siendo un juez que está trampeando un medidor de la energía, es indudable: la sociedad ya lo ha condenado. Y creo que la peor condena que puede tener un servidor público es la condena de la gente”.
En medio de la investigación, Saurín había intentado renunciar a su cargo para acogerse al beneficio de la jubilación; en mayo último, cuando su caso llegó a la Caja de Jubilaciones, el gobierno rechazó el pedido por decreto. Saurín está en condiciones de jubilarse desde 2006, pero siguió ejerciendo y recién cuando se anunció que la EPE se constituiría como querellante de la causa apuró los trámites para su retiro. Dos meses después del decreto de rechazo –en julio– el juez laboral Carlos Guillermo Garibay dictó un fallo para ordenar a la provincia que acepte la renuncia de Saurín. El gobierno adelantó que acatará el fallo pero igual seguirá adelante con la acusación contra Saurín –vía EPE– por presunto hurto de energía.
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