Alejandro Rofman, director del Posgrado en Economía Social y Desarrollo Local de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet, estuvo en Rosario para participar de una jornada de debate sobre el rol de la economía social. En esta entrevista con El Ciudadano, el economista rosarino repasó temas de coyuntura, como la discusión en torno a los derechos de exportación a los granos (retenciones) que cobra el Estado nacional. “El derecho de exportación es a una renta diferencial”, destacó. También se refirió a la marcha de la económica nacional.
—Hay una suerte de reedición del debate en torno a los derechos de exportación a los granos, aunque menos estridente que el de 2008 con la resolución 125. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
—El derecho de exportación es justificado plenamente por el hecho de que la Pampa Húmeda es una zona fértil que goza de renta diferencial, como se estudia en todas las universidades de economía del mundo. La tierra fértil tiene una renta diferencial porque comparada con la tierra promedio tiene un margen favorable de productividad no fruto de la tarea que hizo el productor sino de la naturaleza. La renta diferencial pertenece a toda la sociedad, y no a un sector. El derecho de exportación es un derecho natural. En la Argentina existe el derecho de exportación hace más de cuarenta años, solamente no hubo en la época menemista, lo que determinó la desaparición del 30 por ciento de los productores agrarios del país. La política agraria debe combinar eficiencia económica-productiva con equidad social y agricultura con agricultores, resguardando el medioambiente y la equidad social que distribuya entre sus integrantes el fruto de lo que se produce. La creación de condiciones de vida rural y de desarrollo es un principio de defensa de los recursos naturales, como lo es el suelo. Esto se puede conseguir si el agricultor vive en la unidad productiva, no como ahora que vive en la ciudad cobrando una renta por el alquiler de su campo. El 70 por ciento de la tierra de la Pampa Húmeda es tierra alquilada.
—¿Cómo analiza la marcha de la economía nacional después de algunos cimbronazos por la crisis mundial el año pasado, aunque el país demostró cierta fortaleza fiscal?
—La mayoría de los analistas económicos y los empresarios no reconocen que el país afrontó la crisis con fortaleza de su economía. La visión Lilita Carrió de la economía sigue siendo el lenguaje habitual de los diarios, que repiten que todo se desbarranca y no que la economía creció un 11 por ciento en el último año. Eso es negar la realidad, que muestra una estructura productiva envidiable para lo que ha sido la historia económica argentina en los últimos sesenta años. El país no tiene un período de bonanza económica como este desde la década 63-73, donde de ningún modo hubo tasas de crecimiento como las actuales, pero al menos no hubo caída. En todos los demás períodos se vivió el proceso cíclico de cuatro años aceptables, y después fuertes derrumbes, esa fue la característica dominante. Desde 2003 hasta 2010, con el bache de 2009, se ha logrado mantener un proceso de crecimiento inédito, que generó una reactivación de puestos de trabajo. La Argentina tuvo en 2003 un 23 por ciento de desempleo y hoy está por debajo del 8 por ciento. Las tasas de desempleo son menores a las de Europa y a las de Estados Unidos. La solidez económica de la reactivación productiva, la persistencia de datos positivos como el superávit fiscal y comercial, la creación de puestos de trabajo, son signos de vitalidad económica que nos debería regocijar y tendríamos que discutir cómo distribuir mejor y con equidad social lo que se produce.
—¿Cuáles fueron a su criterio los puntales de esa recuperación económica durante los últimos años?
—En primer lugar hay muy buena capacidad de inserción en el comercio mundial. La producción agroindustrial, automotriz, sectores de la industria liviana, ante una fuerte demanda internacional, han reaccionado positivamente. Se ha logrado aumentar el nivel de exportaciones y el superávit de la balanza comercial. En segundo lugar hubo una ampliación del consumo interno basado en la valorización del salario, en la creación de nuevo empleo, la asignación universal por hijo que lleva a los hogares de bajos ingresos la posibilidad de recibir el mismo beneficio que un trabajador formal, la incorporación de más de dos millones de jubilados. El salario mínimo pasó de 150 pesos cuando asumió el ex presidente Néstor Kirchner a 1.740. La jubilación mínima creció de 200 a 1.090 pesos. Esa política de fortalecer la capacidad de compra de la población constituyó un estímulo y un círculo virtuoso, más consumo, más demanda, más producción, más empleo, más salario. El gobierno reestableció las convocatorias a las convenciones colectivas de trabajo y eso les aseguró a los trabajadores formales, que son el 65 por ciento, salarios por encima de los índices de inflación.
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