Ciudad

Vigiladores tienen quien los vigile

Por Agustín Aranda.- Esta semana se creó el Registro de agencias de seguridad privada y en la cámara que las agrupa lo celebran. “Si un vigilador no está registrado, la empresa debe dar cuenta”, marcó Jorge Paleari, de Integral Security.

Casi un 70 por ciento de las agencias de seguridad privada de Santa Fe están radicadas en Rosario. Se trata de un sector que conforman unas 250 empresas que emplean a 10.000 personas y  que tuvo su gran salto en la última década: en el año 2000, funcionaban unas 130 empresas en toda la provincia, prácticamente la mitad. Ahora con semejante presencia, y con una relación de 2 vigiladores privados por cada policía, la necesidad de regular el sector se hizo urgente.

Y esta semana se dio el paso clave: el Registro de Agencias de Seguridad Privada y Vigiladores quedó conformado. Se trata de una base de datos “on line” que permite a cualquier ciudadano verificar los datos de las agencias de seguridad privadas y el personal que tienen, desde el agente raso hasta sus principales ejecutivos. “Blanquea toda esa historia negra de los ejércitos particulares. Nos pone trasparentes. Estamos en la web. Si un vigilador no está registrado, como empresa deben dar cuenta de la razón. Y en caso de que no puedan, deberán someterse a las sanciones de la provincia”, subrayó Jorge Paleari, presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad de Santa Fe y titular desde hace 11 años de Integral Security System, una de las tantas que integran la expansiva red.

“En Argentina la relación con respecto a cantidad de vigiladores y policías es 2 a 1, pero en el resto de los países es mucho mayor”, advirtió a El Ciudadano Paleari. La cifra sorprende, pero el empresario de seguridad adjudicó el crecimiento del sector –cuyo radio de acción abarca desde el control del ingreso a edificios que  nada tienen de lujosos hasta la información sobre solvencia de personas, pasando por la custodia de barrios cerrados que se vienen multiplicando en la región– a “cambios culturales”. E incluso marcó que el desarrollo de la seguridad privada en la provincia es sólo “incipiente” si se lo pone en “perspectiva internacional”.

En ese marco, Paleari sostiene que la actividad “posee fines de lucro pero también de seguridad a la comunidad”, y que el tan esperado registro los “inserta en la sociedad” e iguala en posibilidades a las 250 agencias de seguridad privada que funcionan en Santa Fe.

A nivel provincial, Rosario es la ciudad con mayor presencia de empresas de seguridad privada: son 169, aunque no todas están activas. Unas 40 empresas simplemente existen, están habilitadas –por la legislación provincial vigente, decreto 512/91– “pero no están operativas”.

Privada seguridad

Tal como indicara el presidente de la Cámara, desde el 2000, cuando funcionaban unas 130 empresas de seguridad privada en Santa Fe, la actividad aumentó entre un 6 y un 8 por ciento anual hasta la actualidad, donde funcionan unas 250 agencias, que emplean a 7 mil personas. Pero además, Paleari marcó que “hay muchas empresas y vigiladores que trabajan por fuera de la Cámara” y contabilizó unas 3 mil personas más dedicadas a la seguridad privada en la provincia, con lo cual completan las 10 mil.

Según el presidente de la Cámara, la razón del desarrollo sostenido del sector corresponde a una tendencia mundial en donde la seguridad pública decrece a favor de la privada, “porque en esta, el 80 por ciento es servicios y el 20 por ciento es seguridad”. A modo de ejemplo, Paleari indicó que un guardia de seguridad privada ha desplazado a los porteros en los edificios. “En una obra de construcción hace 10 años era impensado que hubiera un guardia de seguridad. A partir de que aumentaron las exigencias con respecto a las medidas de seguridad en las obras, se requirió muchas más presencia de agentes para que controlen a los trabajadores”, explicó. Y agregó que las principales empresas constructoras de la ciudad trabajan con empresas de seguridad “hace muchos años” para “relevar si los obreros cumplen con las medidas de seguridad”. Insólito que el cumplimiento de normas de higiene y seguridad se controle desde agencias privadas, pero el empresario tiene una explicación: las constructoras pueden así “protegerse de la responsabilidad civil”.

A pesar del incremento a través de los años, Paleari aseguró que la seguridad privada en Argentina es incipiente si se la compara con lo que ocurre en otros países. “A nivel mundial, es un negocio que mueve 250 mil millones de dólares. La relación con la cantidad de policías es 2 vigiladores cada oficial de policía. En Brasil, es 7 a 1; en Uruguay es 4 a 1; en Estados Unidos es 24 a 1; en Italia es 9 a 1; y en España 14 a 1”, precisó.

Consultado por la relación entre la seguridad pública –responsabilidad que cae sobre el Ministerio de Seguridad, que encabeza Álvaro Gaviola– y la pujante seguridad privada, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Horacio Ghirardi, aseguró que la existencia de la última, lejos de suplantarla, contribuye a “complementar, trabajar en conjunto y entender que hay muchas cosas que se pueden hacer en materia de seguridad”, como el intercambio de información o los llamados corredores seguros. “Tenemos que entender que el servicio de seguridad privada existe, que debe ser controlado y que debe ayudar a un Estado con más calidad”, apuntó tras la presentación en la sede de gobernación santafesina.

Requerimientos

De acuerdo al presidente de la Cámara, el 70 por ciento de los directores de agencia de seguridad son abogados. Como correlato, es condición que un ex policía, militar o con conocimientos técnicos en seguridad integre las agencias de seguridad privada. En el decreto de 1991 se menciona que en caso de no contar con un miembro idóneo –jefe o superior, en situación de retiro de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, que hubieren desarrollado en sus respectivas armas, tareas de seguridad– deberá tener un director técnico ejecutivo, quien debe ser una persona retirada como jefe o superior de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales pero que no puede ocupar cargos en la administración pública de ninguno de los niveles del Estado, entre otros requisitos.

El personal será denominado “vigilador” y deberá demostrar como requisito previo a la presentación de servicios a requerimiento de la Jefatura de Unidad Regional el conocimiento en manejo de armas y condiciones de tiro. Entre los requerimientos establecidos en la normativa, el personal de las agencias de seguridad tendrá que tener entre 18 y 65 años, no haber sido expulsado de las fuerzas de seguridad o administración pública, no tener condenas por delitos dolosos y no haber sido despedido de otra agencia privada por hechos delictivos.

Además, de acuerdo al decreto las agencias privadas pueden optar o acumular los rubros: agencia privada de informaciones, de vigilancia y de seguridad. Sólo la primera, dedicada a averiguación de orden civil y comercial, solvencia de persona o entidades y seguimiento, búsqueda de personas y domicilio– tiene prohibido que el personal porte armas.

“Los requisitos para la portación de armas son muy importantes. En todos los casos se necesitan exámenes psicofísicos, exámenes de tiro, se obliga a las empresas a tener cuadernos de tiro –registro de práctica de los vigiladores–. De todas maneras, solamente el 8 por ciento de los 200 mil vigiladores que trabajan en Argentina tienen permiso para portar armas”, explicó Paleari.

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