“Lo que mató a Jere, Mono y Patón no fueron sólo las balas de los matones a sueldo de los narcos y las barras. El aparato policial que ampara, oculta y vive del crimen organizado es responsable también de cada una de las balas que recibieron nuestros compañeros”. El fragmento pertenece al comunicado que el Frente Popular Darío Santillán emitió para convocar a una movilización que tendrá lugar a partir de las 10 de hoy frente a los Tribunales provinciales de Balcarce y Montevideo con el fin de exigir el esclarecimiento de los asesinatos de los tres militantes barriales ejecutados durante la madrugada del 1º de enero en la zona sur. La concentración, que se realizará en forma simultánea en otras siete provincias del país, se movilizará luego hasta la sede local de Gobernación para pedir una audiencia con Antonio Bonfatti.
Ayer, familiares y amigos de los tres jóvenes asesinados brindaron una improvisada conferencia de prensa en la plaza San Martín –frente a la sede local de Gobernación– en la que enumeraron los reclamos que plantearán hoy al poder judicial y político en torno de lo que denominaron Masacre de Villa Moreno.
“Que caiga el que tenga que caer porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, esgrimió un representante del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán tras resaltar: “Estamos denunciando connivencia entre el delito organizado en el barrio, las fuerzas policiales de las seccionales y sectores del poder político”.
Con menos énfasis político se manifestaron los padres de los tres jóvenes asesinados: Jeremías Jonathan Trasante, conocido como Jere, de 17 años; Claudio Damián Suárez, apodado Mono de 19, y Adrián Leonel Rodríguez, de 20 años, a quien llamaban Patón.
“No fue un ajuste”
Eduardo Trasante, pastor evangélico y padre de siete hijos, volvió a repudiar las primeras versiones difundidas por algunos medios de comunicación que hablaron de un “ajuste de cuentas” y desmintió que los pibes asesinados hayan estado vinculados con el consumo o la venta de estupefacientes.
“Apelamos a que se aclare eso. Muchas veces el hecho de vivir en un barrio hace que cierta parte de la sociedad caracterice a la gente barrial como delincuente, como personajes y gente ligada a todo el mal vivir. Nuestros hijos no estaban en eso. Y esta suerte de protesta es por los nuestros, pero también por todos los jóvenes que han muerto y por todos los que siguen en riesgo”, dijo.
En la misma línea habló la mamá del Mono Suárez. “En vez de averiguar qué pasó salieron a ensuciarlos a los tres, que era la droga, que eran soldaditos y no es así. Ellos nunca se metieron con nadie. Lo único que sabemos es que a los tres los mataron como si fueran perros. Tenían muchos proyectos y sus asesinos les cagaron la vida matándolos en un segundo como si fueran animales. Hasta el día de hoy no entendemos qué pasó”, dijo Stella Maris, madre de 11 hijos. Ignacio, el padre del Patón Rodríguez y de otros seis hijos, dijo con lágrimas en los ojos que quiere justicia por la muerte de su pibe.
Durante las primeras horas del 1º de enero, los tres muchachos fueron ejecutados con una ametralladora FMK3 por un grupo de personas que desembarcó en el barrio para vengar el ataque a balazos que había sufrido minutos antes Maxi R., conocido como El Hijo del Quemado, mientras circulaba a bordo de un costoso BMW, según se desprende de la pesquisa judicial.
Se trata de un integrante de la barra de Newell’s que se presume fue atacado por haberle disparado el 29 de diciembre ocho tiros en las piernas a un pibe de Villa Moreno, que pertenece a otra de las facciones de la hinchada rojinegra. La seguidilla de vueltos derivó en el triple homicidio de los tres militantes barriales en los primeros minutos de 2012.
Pedro Salinas, representante local del Frente Darío Santillán, dijo que más de siete provincias se sumarán a la movilización prevista para las 10 de hoy frente a los Tribunales provinciales de Rosario, en la que familiares de los tres jóvenes ultimados pedirán ser atendidos por el juez que instruye la causa, Juan José Pazos, para más tarde movilizarse hasta la sede de Gobierno y exigir una audiencia con el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, el ministro de Justicia, Juan Lewis, y su par de Seguridad, Leandro Corti.
“Queremos exigirles la voluntad política necesaria para tocar cuestiones estructurales en este tema que no es un caso aislado, ni marginal, sino que es algo estructural que viene sucediendo todos los días”, dijo Salinas.
“La hipótesis que barajamos es que nuestros pibes fueron confundidos por esta banda de sicarios con soldaditos de un cacique, de uno de los lugartenientes del barrio que estaba en conflicto con esta otra banda”, sostuvo el representante local del Frente Darío Santillán, tras agregar que además se trató “de un mensaje claro y contundente no sólo con el poder y la impunidad con la que se manejan sino también con la capacidad logística operativa con la que cuenta esa banda”. En ese sentido, el militante social desmintió que las víctimas tengan vinculación con la barra brava de Newell’s o con el delito organizado.
“El Estado debe cumplir su rol”
Los concejales del Frente parala Victoria, Norma López y Roberto Sukerman sostuvieron que el Estado “debe cumplir su rol y garantizar la seguridad a los vecinos”.
En declaraciones hechas por LT8, sostuvieron que el asesinato de tres muchachos en las primeras horas del domingo 1º de enero en la zona sur, que en un primer momento se presentó como un ajuste de cuentas, no hace otra cosa que “estigmatizar la juventud y la pobreza con las adicciones y el tráfico de drogas”, lo que conlleva a “condenar doblemente a los sectores más vulnerables”, sostuvo Sukerman.
“A las adicciones se las combate con políticas públicas en salud mental y al narcotráfico, con decisiones del poder político gobernante”, manifestó por su parte la edila Norma López.
“La falta de políticas específicas para los barrios, de presencia policial para prevenir el delito y de acciones concretas para la lucha contra el tráfico de drogas, se hacen evidentes en un estado que sólo parece invertir en las zonas céntricas y deja abandonados a los barrios”, agregó el concejal Sukerman.
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