A la altura del 4200, el bulevar Avellaneda alberga desde hace tres años a cerca de 300 familias que en busca de una solución al problema habitacional fueron ocupando paulatinamente un enorme predio, perteneciente al gremio estatal de UPCN, en el que se proyectaba la construcción de 130 viviendas para afiliados. Hoy, las casillas, en su mayoría de material, se erigen con firmeza sobre el pantanoso césped curtido por el calor estival e inundado por la lluvia estancada como consecuencia de la falta de desagües. La situación llama a un acuerdo entre las partes involucradas (vecinos, propietario y municipio), aunque ya desde el propio gremio analizan desistir de seguir adelante con el juicio por intrusión: creen que la situación ya no tiene marcha atrás, hoy resulta imposible pensar en desalojar a semejante masa de gente que se asentó, en la mayoría de los casos, comprándole una porción de tierra a dueños que no eran tales. De hecho, hoy se llega a vender un lote por hasta 100 mil pesos.
Numeración
Apenas se cruza la intersección con Garibaldi, en dirección hacia el sur, una vivienda exhibe, tallado en madera y prolijamente coloreado de blanco, el número 4325. Pegada a ésta, otra anuncia la dirección 4389. Es que, ¿cómo se calcula la numeración en un asentamiento irregular? Sencillamente a ojo, aunque ello pueda dar lugar a confusiones.
“Mi marido mandó a hacer el cartel pero después nos dimos cuenta de que ya había otra casa con el mismo número”, explicó Graciela, mientras juntaba las manos en gesto de súplica y, mordiéndose el labio inferior, miraba al cielo buscando algún culpable por la desatención de su pareja. Casos como éste hay muchos.
Los postes de madera que en 2012 sostenían algunos pocos hilos que servían como delimitadores de los lotes fueron reemplazados por una masa homogénea de ladrillo que, desde una toma aérea, cubre todo el espacio, produciendo incluso una extraña sensación de claustrofobia. Hoy, cerca de 300 familias (–el censo realizado en 2013 por la ONG Techo indica 200, pero varios entrevistados revelaron que se incrementó notoriamente la cantidad de nuevos vecinos durante el año pasado–) aguardan por un arreglo entre la Municipalidad y el gremio estatal –aunque ello no asoma como tarea fácil– para que a su vez se regularice su situación: sueñan con la urbanización.
“Yo llegué hace poco. Le compré el terreno a una señora que los vendía. No se puede pasar por el barro que hay, no hay luz en la calle ni agua. De la luz estamos todos enganchados y con el agua hay que esperar recién a la noche. Ésta (por Avellaneda) es la única calle que tenemos para salir”, sintetizó Mónica, quien vive junto a su marido y tres de sus hijos. Asegura que no es su caso, pero sabe de “gente que ha pagado hasta 100 mil pesos por un terrenito por acá: no se consigue mucho más barato que eso”.
Rosa es madre de ocho hijos y desde noviembre de 2012 vive en el asentamiento delimitado por las calles Avellaneda, Laguna del Desierto, Achupallas y Garibaldi. “En un momento, los policías nos vinieron a desalojar pero después no pasó nada. Mi marido hizo una casita con ladrillos de canto y con eso nos estamos arreglando. Pero el tema de los servicios es un desastre. El agua la tenemos que traer desde Avellaneda y la vía”, expresó ofuscada.
El predio ubicado entre los barrios Acíndar, Alvear y Vía Honda fue ocupado en enero de 2012. Lo único que quedó sin ser intervenido fue la canchita de fútbol, situada en la parte trasera, donde se disputan los tradicionales encuentros entre argentinos y paraguayos.
Estos últimos, cuya ocupación laboral en su mayoría está en el rubro de la construcción, se encuentran instalados en el sector este.
“No los sacamos más”
Ante ello, UPCN, que alcanzó a construir 27 de las 130 viviendas proyectadas para sus afiliados, realizó una presentación judicial por usurpación del terreno, pero luego el entonces juez Correccional de la 5ª Nominación, Carlos Leiva, resolvió no hacer lugar a la denuncia por considerar que, ante la inexistencia de violencia, la acción constituía una ocupación ilegítima, obligando la actuación del fuero civil.
“No los sacamos más. A los 15 días (de haber sido ocupado el predio) ya había construcciones de ladrillos y a los tres días ya tenían luz. Es más, tuvieron la luz antes que nosotros en la obra. Eso después fue loteado y vendido a un precio de aproximadamente 4 mil pesos por terreno de diez por diez. Ya prácticamente desistimos y nos dedicamos a terminar las viviendas que llegamos a construir y a pensar en una solución para el resto de las familias, porque esas 130 casas ya estaban preadjudicadas”, contó a este diario Néstor Audero, delegado zonal del departamento Rosario de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
El gremialista reveló que se le hace imposible figurarse un final para la novela iniciada tres años atrás por considerar que “las posibilidades de desalojar el predio son nulas”, como consecuencia de alto costo, tanto económico como social, que ello podría representar. “No tengo la menor idea. Supongo que si el municipio nos lo pide (por el terreno) se lo cedemos a cambio de otro de iguales características”, advirtió.
Para la Municipalidad, es un problema del titular del predio
El secretario de Planeamiento de la Municipalidad, Pablo Barese, consideró que el crecimiento, tanto en número como en tamaño, de los asentamientos irregulares requiere de un plan de trabajo específico para cada caso, ya que “es difícil establecer generalidades” cuando se interviene un espacio de estas características.
En lo que respecta al predio de UPCN, el funcionario explicó que se trata de terrenos privados, por lo que es el propietario el responsable del resguardo. En este sentido, fundamentó que, “si bien las áreas de control municipales hacen un trabajo muy fuerte en este sentido” y que siempre hubo predisposición para resolver la cuestión, “no puede esperarse que el Estado se haga cargo” de que un privado no haya resguardado su propiedad.
En esa línea, el titular de la mencionada cartera admitió que el municipio no dispone del suelo suficiente para dar respuesta a las 35.600 familias que viven en asentamientos irregulares, de acuerdo con el censo realizado en 2013 por la ONG Techo. En rigor, “más de la mitad de esas familias está en terrenos privados”, con lo cual se hace aún más compleja la gestión.
“No se trata de sostener la situación en la que se encuentran actualmente, sino ordenarla o efectuar un traslado a un sector que siga este orden. En eso también entra en juego el trabajo social del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat que consiste en detectar las razones de empleo de las personas y su situación para poder después consensuar con ellos”, agregó.
El funcionario mencionó que el proyecto municipal Rosario Habitat, desarrollado en conjunto con el Polo Tecnológico Rosario, el Concejo Municipal, el Banco Municipal y el Ente de Transporte, “generó 8 mil nuevas soluciones habitaciones”. El trabajo desarrollado sobre los asentamientos consistió en determinar cuáles familias podían permanecer en su lugar y cuáles trasladarse. Uno de los barrios intervenidos fue el Toba, emplazado en la zona de Travesía y Juan José Paso. De las 500 familias que allí vivían, sólo 250 conservaron su lugar mientras que el resto fue trasladado a un predio cercano, propiedad del gobierno nacional.
Sin embargo, Barese explicó que los escenarios no siempre resultan igual de sencillos.
“Es todo un trabajo social: ver quién quiere mudarse o está dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, las 216 familias que se fueron del barrio Corrientes (delimitada por las calles Rueda, Corrientes, Deán Funes y España, también conocido como villa La Lata) fueron trasladadas a Provincias Unidas y bulevar Seguí”, contó.
Otro caso excepcional se da en la zona de Wilde y Jorge Newbery, donde se encuentra instalado un asentamiento conocido como La Bombacha. Simultáneamente a la aprobación del proyecto para levantar 240 viviendas, combinando entre propiedad individual y colectiva, el Ejecutivo solicitó al urbanizador que cediera 80 de esos lotes para viviendas de interés social, es decir, para relocalizar a las familias que están sobre la traza.
“Muchas veces no se dispone de un terreno y es necesario salir a comprarlo. Nosotros tenemos un fondo de tierras que se usa con este fin, como sucedió con las 170 familias que estaban sobre los márgenes de la autopista a Buenos Aires”, sostuvo en referencia al terreno adquirido en avenida Rouillon y Rivero, en la zona oeste de la ciudad.
“En los últimos cuatro años se generaron nueve mil nuevas viviendas en la ciudad”
La semana pasada este diario publicó una entrevista con la decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento de la Universidad Nacional de Rosario, Isabel Martínez de San Vicente, en la que se hacía referencia a la expansión territorial de la ciudad como consecuencia de la instalación de asentamientos irregulares y de la implementación de los programas de vivienda social, la mayoría como propiedad individual, sobre la periferia, impactando así en la prestación de servicios varios: energía, agua, seguridad y recolección de residuos, entre otros.
En referencia a ello, el secretario de Planeamiento municipal reconoció que “la política de suelo es exigente” y prioriza el proceso de completamiento por sobre el de extensión.
Los proyectos contemplados sobre el arroyo Ludueña, en los que se observa una mixtura entre propiedad individual y vivienda colectiva de planta baja y cinco pisos, apuntan a generar una densidad media que haga sostenible esa zona en materia de infraestructura y servicios.
“Si se toman los últimos cuatro años, los procesos de urbanización dentro de la ciudad, entre privados y públicos generaron 9.000 nuevas unidades de vivienda aprobadas: 3.500 individuales y 5.500 colectivas”, aclaró Pablo Barese.
La zona de Puerto Norte
El funcionario municipal se mostró a favor de la idea planteada por la decana de la Facultad Arquitectura acerca de la proyección de viviendas destinadas para los sectores medios o medios/bajos que establezcan una mixtura con las torres premium que ya están instaladas en ese sector.
En este sentido, comentó que en 2012, cuando apareció el programa nacional Procrear, las autoridades locales viajaron a Buenos Aires para presentar ante el titular de Ansés, Diego Bossio, un proyecto de estas características. “La idea era ver cómo podíamos construir complejos de viviendas de distintos gradientes de altura. Ahora resta que el gobierno nacional gestione los acuerdos sobre estas áreas concesionadas”, completó Barese, quien negó que ello pueda generar el descontento de los propietarios de las construcciones de alta gama: “Ya propiedades privadas no quedan más en Puerto Norte. Las que quedan son las que son propiedad del Estado nacional, que tiene la potestad para hacer lo que quiera con ellas. Por nuestra parte, acompañamos este proyecto”.
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