Terminal Puerto Rosario (TPR) es la concesionaria de los muelles I y II de la otrora pujante zona de embarque al sur de Rosario, por donde se despachan millonarias exportaciones, sobre todo de granos. La empresa es propiedad del emporio Vicentin, defraudador serial de productores y bancos originaria del norte santafesino, y de la compañía de logística chilena Ultramar.
Desde hace tiempo, TPR viene incumpliendo con las inversiones a las que las obliga su contrato con el Estado, con el riesgo de tornar inoperables las instalaciones que explota, y además escamotea las negociaciones salariales con los estibadores.
Hartos del ninguneo, portuarios irrumpieron en Concejo y Municipalidad camino a Gobernación
El sindicato que representa a los trabajadores, el Supa, lleva adelante hace días una nueva protesta ante los magros ofrecimientos patronales en la reapertura de paritarias y la amenaza de despidos masivos para que a la firma le “cierren sus cuentas”.
Este jueves, la presión acumulada, tras una audiencia en que la compañía pegó el portazo, derivó en una convocatoria frente a la Municipalidad que desbordó en incidentes y rotura de instalaciones.
El recorrido de los estibadores afiliados al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) comenzó en el edificio del Concejo, donde hubo disturbios, siguió en el Palacio de los Leones, donde forzaron una de las pesadas puertas de ingreso y provocaron daños en el mobiliario interior, y alrededor de las 11.30 llegó hasta la sede de Gobernación, frente a la plaza San Martín.
La violencia no se justifica, pero es corolario de un prolongado conflicto durante el cual la concesionaria recurre a extorsiones tanto al gobierno provincial como al nacional: amenazas de despidos de hasta medio millar de trabajadores, exigencias de que los Estados se hagan cargo de las inversiones que le corresponden al privado y reclamos de baja del canon trimestral que paga por explotar las instalaciones.
La semana pasada, TPR decidió abonar la mitad del salario a los trabajadores y anunciar despidos, cuando aún estaba vigente la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación sobre una nueva fase del conflicto laboral que suma varios meses. El reclamo de los trabajadores es reabrir las paritarias, que con un 60% de adecuación quedaron desfasadas ante la inflación. Los estibadores piden llevarla al 100%, en sintonía con las previsiones de precios para este año.
La medida de fuerza previa fue en noviembre. Allí intervino la cartera laboral de Nación, pero sin éxito. En un comunicado difundido el miércoles último, la concesionaria defendió su decisión de no abonar los salarios caídos a los trabajadores que “no prestaron servicios” durante las protestas del mes pasado y despedir a quienes “atentaron contra la vida de los empleados y los bienes de TPR”. Pero, además, abonó sólo la mitad de los sueldos, una actitud leída como provocación.
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Que paguen los otros
Este martes, ante una nueva convocatoria a conciliación de las partes cursada por el Ministerio de Trabajo santafesino, Vicentin-Ultramar se retiró ratificando la decisión de despedir a 50 trabajadores. Y la tensión escaló. “La solución de este conflicto está en manos del gobernador de Santa Fe”, dijo entonces el secretario General del Supa Rosario, César Aybar. Quedaron pintados los asistentes del Enapro y de la Casa Gris, además de los gremiales.
Ya en agosto último, TPR había pagado salarios sin la suba del 30% convenida en paritarias. Y encima le reclamó a los estibadores que aceptaran una baja de las asignaciones y cargas sociales como condición para cumplir con lo pactado en las negociaciones salariales. Es decir, que los propios asalariados financien el incremento, que de esa manera terminaría licuado. No fue sorpresa.
La socia corporativa Vicentin se había financiado con dinero del Estado, como el crédito por 330 millones de dólares que le otorgó el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri pese a su historial de incumplimientos financieros, y los millones que tampoco les pagó a los productores que le entregaron granos.
Fue el de Vicentin un imperio de suculentos negocios con plata de los otros, un megafraude total de 1.500 millones de dólares que dejó a todo su directorio imputado por estafa y administración fraudulenta y una convocatoria de acreedores que se extiende sin solución ante los artilugios legales interpuestos por el consorcio.
Como socia de TPR, Vicentin continuó con la misma lógica: esgrimió que los trabajadores debían ceder pretensiones porque la firma estaba complicada económicamente por tener dos de los tres muelles que opera (norte y centro) inactivos.
Desde el gremio respondieron a la empresa que es así porque no cumplió con las inversiones de mantenimiento y adecuación comprometidas en la concesión, por lo que esos terrenos entraron en riesgo de derrumbe ante reiterados socavones. El mismo dato está en oficinas provinciales y nacionales, donde se barajó la idea de dar de baja la concesión.
La firma ya ni siquiera goza de confianza en el Enapro, el ente multipartito que administra el puerto rosarino e integran las operadoras, proveedores, gremio y Estados. El directorio decidió sacarle a TPR el sillón que ocupaba Carlos Bello en representación de las concesionarias y dárselo a Servicios Portuarios (Sepor), que opera los muelles VI y VII.
Ahora, el conflicto portuario amenaza con extenderse a todo el país si persiste la intransigencia de la sociedad Vicentin-Ultramar, que ya preocupa a automotrices que importan por las terminales multipropósito autopartes, y a cerealeras que hacen lo propio con fertilizantes. La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (Fepa) se declaró en estado de alerta en solidaridad y acompañamiento a sus compañeros del Supa, y estudia la convocatoria a un paro nacional.
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