El fiscal general de Santa Fe, Julio De Olazábal, escuchó ayer el reclamo de familiares de víctimas de violencia institucional y los instó a que presenten “una queja escrita” sobre el maltrato que afirman recibir de parte los fiscales que investigan las muertes de sus hijos. De Olazábal se encontró ayer por la mañana con un grupo de familiares de víctimas de gatillo fácil en la puerta de la sede de Gobierno de Rosario cuando se disponía a ingresar para abrir las jornadas sobre violencia institucional (ver aparte) que organizó el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal general adujo que si contaran con el cargo de auditor de los fiscales habría otro control de las pesquisas y aclaró que también incide en estas prácticas la falta de cobertura de cargos.
Ayer a media mañana, el fiscal general se vio rodeado de familiares de víctimas de crímenes violentos y sus abogados en las escalinatas de Gobernación. “Los fiscales no nos atienden, nos mandan a la secretaria, no nos informan nada, nos citan y nunca nos atienden, nos tratan mal”, fueron las quejas que repitieron familiares de las víctimas de crímenes, casos donde la mayoría tiene a policías de Santa Fe como sospechosos.
“Me llegó una citación que tenía vencimiento de 72 horas para presentar unas pruebas. Cuando llego a la fiscalía de Rosario estaba todo cerrado porque estaban de feria”, graficó la mamá de David Vivas, un automovilista de 25 años que murió por un impacto de bala policial en el cuello en Villa Constitución. Al relato de esta madre se sumaron el de la familia de Jonathan Ojeda, de 17 años, muerto tras el disparo de un cabo de 37 años, y el de los padres de Jonatan Herrera, de 23, ultimado en Tablada: todos coincidieron en la falta de información y en el maltrato de parte de los fiscales. Además, presentaron sus quejas y su disconformidad los familiares de dos casos que pasaron al fuero federal debido a que hay indicios de que sus muertes se enmarcan en la figura de desaparición forzada de persona: Gerardo “Pichón” Escobar y Franco Casco.
El fiscal general se comprometió a concertar una reunión donde se presenten las particularidades de cada caso e instó a que, como medida urgente, le entreguen escritos con “las quejas” para que los pueda analizar. A su vez, reconoció que a dos años y medio de la implementación del nuevo sistema estas prácticas pueden deberse a la falta de un auditor: “No hay nadie que controle y las víctimas no pueden hablar con nadie”, dijo, y aclaró que también incide que “no fueron cubiertos los cargos de fiscales y de empleados, lo que dificulta todo mucho más”.
JORNADA DEL MPA
La jornada de capacitación “Estrategias para el abordaje de la problemática de la violencia institucional” se realizó desde las 10.30 de ayer en el Salón Blanco de Gobernación, y contó con la presencia de fiscales, jueces y funcionarios provinciales.
FISCALÍAS ESPECIALES
De Olazábal dijo que se crearán “fiscalías especiales”, que no dependan de las regionales, para investigar a la Policía: “Tendrán a su cargo una policía judicial y dependerán de la fiscalía general, para que no estén en confianza con la fuerza y que no duden en investigar estos hechos”.
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