La desaparición forzada seguida de torturas y muerte de Franco Casco finalmente se ventilará en un juicio oral y público en los Tribunales federales de Rosario. Ayer, el juez Carlos Vera Barros dio por finalizada la etapa instructiva y elevó la causa a un Tribunal Oral en lo Criminal para que fije la fecha de inicio del debate. En total serán juzgados 19 policías santafesinos y queda pendiente la situación procesal de dos odontólogos, una médica policial y un vecino de barrio Agote por falso testimonio. Otras 12 personas fueron sobreseídas.
Llegar a la instancia de un juicio oral con 19 policías acusados de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima “es un logro para la familia” de Franco, que lo buscó desde el momento de su desaparición, el 6 de octubre de 2014 en cercanías de la estación ferroviaria de Rosario donde pensaba tomar un tren de regreso a Florencio Varela, hasta la trágica aparición de su cadáver tres semanas después en las aguas del río Paraná.
“Reivindicamos este fallo. La realización del juicio ha sido un momento procesal muy buscado, esperado y luchado por la familia y por todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que intervinieron para apoyar, acompañar y visibilizar a los familiares de Franco”, dijo Salvador Vera, uno de los abogados querellantes en la causa.
Vera no dejó de recordar a Elsa Godoy, la mamá de Franco, quien “anhelaba la realización del juicio y lamentablemente no va a poder estar en las audiencias, ni mirar a los ojos a los responsables del asesinato de su hijo. Pero estarán sus hijas y estará Ramón, el papá de Franco”. Los dos últimos años de vida de Elsa fueron un emblema de lucha contra la impunidad. Falleció en agosto de 2016 víctima de un agravamiento de su enfermedad de chagas.
En relación a la posible fecha del juicio oral Vera dijo que debería producirse en la primera mitad del año próximo para no violentar los plazos generales de las prisiones preventivas, que en su mayoría fueron prolongadas por un plazo extraordinario de seis meses, tras superar los dos años.
“Esperemos que el juicio se produzca a la brevedad y se conozca la verdad de la desaparición forzada, la aplicación de tormentos y el asesinato de Franco para que se sancione adecuadamente a los agentes policiales y que cumplan condena en cárcel común”, concluyó Vera.
Al banquillo
En una extensa resolución judicial, Vera Barros titular del Juzgado Federal 3 de Rosario, clausuró ayer parcialmente la etapa instructora y remitió la causa a un tribunal oral que será elegido por sorteo.
En total son cuatro los policías de la comisaría 7ª que además de la desaparición forzada seguida de muerte deberán responder por torturas: Diego José Álvarez, Cecilia Ruth Elisabeth Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco.
Otros siete agentes serán juzgados como autores de la desaparición forzada seguida de muerte: Esteban Daniel Silva (quien quedó sobreseído de aplicar torturas), César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débroa Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero y Enrique Gianola Rocha.
Por último, los dos agentes de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar serán acusados por encubrir los delitos en su calidad de funcionarios públicos.
Por el contrario, sus jefes Aníbal Candia, Sergio Damián Pieroni y Carlos Albertos Ríos quedaron sobreseídos, al igual que otras nueve personas que habían sido imputadas en la causa.
Queda pendiente la situación de cuatro personas. Daniel C., un vecino de barrio Agote procesado por encubrimiento y falso testimonio, por hacer de coartada de los policías de la seccional 7ª para justificar la detención ilegal de Casco, cuya situación se encuentra apelada.
También está recurrido el sobreseimiento de dos odontólogos del Instituto Médico Legal (IML) acusados de encubrimiento por un informe incorporado tres años después al legajo que contenía un error sugestivo: indicaba que el estudio había sido elaborado horas antes de que se hallara el cuerpo de Franco.
También la situación procesal de la médica policial que revisó a Casco en la comisaría de Cafferata 342 y no constató lesiones, según la acusación, para colaborar con la versión policial.
Viaje sin regreso
Franco tenía 20 años y vivía en la localidad bonaerense de Florencio Varela, junto a su pareja y su hijo pequeño. A principios de octubre de 2014 viajó a Rosario para visitar a familiares de Empalme Graneros hasta el día 6, que emprendió el regreso a la estación de trenes para tomar el viaje a Retiro de las 23.30. Nunca llegó. Al día siguiente, su papá Ramón viajó a Rosario y lo buscó en la 7ª donde reconocieron que Franco había pasado la noche detenido por resistencia a la autoridad y no le dieron más datos.
Luego la Fiscalía le exhibió fotos de su hijo visiblemente golpeado y un acta que decía que lo habían liberado. Su cuerpo apareció el 30 de octubre flotando en el río Paraná.
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