Uruguay comenzará en julio a vender marihuana producida por empresas privadas bajo control estatal en farmacias, según se anunció esta tarde en la Junta Nacional de Drogas del país oriental.
El “2 de mayo vamos a proceder a habilitar el registro de usuarios (consumidores individuales)” del país y “en el mes de julio se va a dispensar el cannabis en las farmacias”, informó el prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, en conferencia de prensa.
Cuando se le pidió precisar una fecha de ese mes, Roballo se limitó a señalar que “en las primeras dos semanas de julio, en ese entorno”.
“Todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por la ley podrán acceder a la compra de marihuana” y tendrán un límite de hasta 40 gramos para adquirir. Como mínimo en el mes de julio habrá 30 farmacias dispensando marihuana, pero esto es una primera aproximación”, indicó Roballo.
“Las farmacias están prontas para la venta de marihuana y ahora depende del Instituto de Regulación y Control del Cannabis que efectivamente se instrumente. Primero que nada se tienen que incorporar los lectores de huella dactilar en las farmacias. Tiene que salir una campaña de comunicación sobre prevención y uso responsable de sustancias. El camino que queda ahora por recorrer es pura y exclusivamente del gobierno”, dijo a el matutino uruguayo El País el vicepresidente del Centro de Farmacias, Alejandro Antalich.
La ambiciosa medida apunta a combatir el mercado negro de drogas, en aumento en el país oriental.
Los cogollos de marihuana se venderán a 1,30 dólares el gramo –alrededor de 20 pesos argentinos–, y cada consumidor podrá comprar un máximo de 10 gramos por semana.
Uruguay aprobó en 2013 una ley de Regulación del Cannabis que permite tres mecanismos para acceder legalmente a la droga: el autocultivo en hogares, el cultivo cooperativo en clubes y la venta de marihuana producida por privados controlados por el Estado a través de farmacias.
La ley no estuvo exenta de críticas de usuarios y organizaciones debido al férreo control estatal sobre los consumidores y la sustancia.
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