Las más de 20 familias que habitan en la propiedad de Necochea 1924/28, cuyo desalojo se está tramitando en la Justicia como parte de un compleja trama burocrático-histórica –el Concejo aprobó el pasado 23 de septiembre un decreto que encomendaba al Departamento Ejecutivo “intervenir” en forma “urgente” en el caso, en su carácter de “verdadero titular de la finca” en disputa– preparan ahora una suerte de “exposición colectiva” en el Centro Cultural La Toma, donde invitarán a funcionarios, concejales, organizaciones sociales y políticas y al público en general. La movida, que según anticiparon los vecinos se concretará la semana que viene, contendrá espacios en los que cada una de las familias que corren riesgo de quedar en la calle pondrán fotos y otros recuerdos de su vida en la propiedad. Y no serán pocas: algunas de las familias están allí desde “hace más de 30 años”.
La continuidad de la vida de las familias en el lugar parece pender de un hilo que, al contrario de cómo debería ser, está muy flojo: todo depende de la aparición de la documentación que acredita a la institución (la misma Municipalidad) como titular legal de los terrenos. Según los registros, tras el fallecimiento del dueño original, el lugar había sido comprado en subasta pública en los primeros años de la década de 1940 por el terrateniente Carlos Deliot, quien falleció sin descendientes directos y legó todas sus propiedades –que no eran pocas– al municipio. Con la indicación, además, de que si alguna se enajenaba, lo recaudado debía ir íntegramente al Hogar del Huérfano.
La propiedad de Necochea 1924/1928 forma parte del “legado Deliot” –que incluye, por ejemplo, el gigantesco Polideportivo de bulevar Segui y avenida Rouillón y la isla “El Charigüé” de 2.200 hectáreas– en manos de la Municipalidad.
Sin embargo un particular, José Luis Pampinella, quien afirma ser sobrino nieto del dueño original, desconoció la subasta –y por tanto la donación posterior– e inició cuatro reclamos judiciales: uno sucesorio, otro solicitando la administración provisoria de la propiedad hasta tanto se resuelva la herencia, y dos para desalojar a quienes viven allí. Y en su reclamo tendría una ventaja clave: el presunto extravío de la documentación probatoria de la subasta.
Empero, entre los habitantes de Necochea 1924/28 hay quienes llegaron a tener contacto con el dueño original. Y lo recuerdan como un “inmigrante europeo” al que no le conocieron pariente alguno.
En tanto, hasta la aparición del descendiente de Pampinella, la propiedad en cuestión fue habitada por diferentes familias, muchas de ellas derivadas allí por asistentes sociales de la Municipalidad. Fue un albergue y un hogar al mismo tiempo, donde han nacido y vivido personas que ahora tienen hasta 60 años. Y muchas aún siguen allí.
“La Municipalidad, que es la principal responsable, va a tener que hacerse cargo del tema. ¿Cómo y por qué? Por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, dada la evidente irresponsabilidad e imprudencia con la que se actuó y los daños que se ocasiona a cada una de las familias”, advirtió Romina Perea, abogada de las más de 100 personas que pueden quedar en la calle.
“Nosotros nos guiamos por la información que nos dan los expedientes. Hay tres distintos para Necochea y Pasco, y de uno de ellos vemos a la Municipalidad intervenir diciendo que los terrenos son municipales, que hubo un adquiriente por subasta de esos terrenos y que ese adquiriente se los donó con cargo de administrarlos para el Hogar del Huérfano. Todo eso sucedió en 1944”, explica la abogada Perea. Se refiere así a lo que testimonios orales y vivientes corroboran, y también a la donación por parte de Deliot: la escritura de donación lleva el número 357 y fue rubricada el 9 de noviembre de 1944 por el escribano Pablo Del Castillo.
“El problema –explica la abogada– es que la Municipalidad dice esto pero no lo acredita, no presenta los papeles. Y eso habilita al juez a seguir adelante con el desalojo”.
Fue corriendo el año 2007 cuando el Departamento Ejecutivo tuvo que acreditar los documentos y no lo hizo. O no pudo hacerlo. Aldo Gómez, ahora concejal por el socialismo y en su momento abogado de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, explicó a este diario que no pudo realizar la acreditación porque el remate no fue inscripto en el Registro de la Propiedad “y por eso continua a nombre de Pampinella”. Aún así, él también se suma a las voces que dicen que la casa es municipal.
Pero con las voces no alcanza. “Se van a quedar muchas familias en la calle sin saber siquiera si los terrenos son de este heredero. Él dice que son de él y la Municipalidad dice que son de la Municipalidad, pero sólo nos puede salvar la aparición de esos papeles”, advierte la abogada Perea. Y su colega Carlos Silva, que también interviene en el caso, completa: “En esta instancia sólo podemos llegar a pedir prórrogas, solicitando a la Municipalidad que busque alternativas para solucionar el problema de vivienda de las familias”.
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