La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a poco más de un año de finalizar su mandato, envía al Congreso un proyecto de ley que plantea abrir un nuevo canje a los bonistas para que cobren en el país.
Refrescar algunos datos nos ayudará a entender ciertas actitudes. Argentina y el gobierno de la presidenta Kirchner, dado el cauce que tomó internamente la economía, decidió buscar acuerdos con deudas internacionales ante la necesidad de acceder al crédito exterior. Primero fue Repsol, luego el Club de París, en cada caso aproximadamente se firmaron arreglos por 9 mil millones de dólares. Si así no ocurría, los departamentos jurídicos de las entidades financieras no hubiesen analizado ni autorizado préstamos, bonos, asistencia financiera en general (las entidades más liberales son las que tienen sede en Estados Unidos, las más conservadoras están en Europa). Cuando empezaba a vislumbrarse la concreción de esta ayuda crediticia internacional, se conoce el dictamen del juez Griesa. En momentos en que se pensó que Argentina había encontrado el mecanismo de un arreglo con los holdouts (hablábamos entonces de 1.500 millones de dólares) éste no se concretó.
Si el proyecto elevado por la presidenta al Congreso es aprobado, se cierra toda posibilidad de acceder a dinero externo para el país y por ende para las provincias. Gobierno nacional y gobernadores todos esperaban esta resolución para luego con mayor o menor urgencia solicitar crédito internacional y alentar inversiones. De concretarse esto, Argentina agudizará su problema recesivo e inflacionario. La solicitud del ministro de economía al Banco Central de bajar la tasa de interés y emitir es la mejor fórmula para aumentar el desempleo. Me decía Daniel Muchnik que hace un año y medio que el sector privado no genera un puesto de trabajo, y que en el mismo período el aparato estatal emplea a diario entre 35 y 40 personas.
Días atrás el autor de Vivir con lo nuestro, Aldo Ferrer, compartía su análisis sobre dónde reside a su criterio el mayor problema de Argentina. Me dijo: “El problema lo tenemos fronteras adentro con la inflación y la paralización de nuestras economías regionales”.
Pregunto: ¿esta actitud de la presidenta tiene que ver con el desgranamiento de su poder político ante el fin de su mandato? El ejemplo de esta semana lo protagonizó el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck.
Sigo preguntando: el haber enviado al Congreso de la Nación este proyecto de ley, ¿no es un test que impulsa la presidenta para medir lealtades? Más allá de la intención que Cristina Kirchner deposite en el envío de este proyecto, lo cierto es que la sociedad sí podrá observar cuál es la postura que tienen las oposiciones, cuáles son sus posicionamientos y conductas.
No dejo de advertir la situación incómoda a la que se someterán legisladores del oficialismo que en sus territorios coinciden con las entidades representantes del comercio y el agro sobre políticas productivas, si a la hora de levantar la mano votan favorablemente la ley. Clausurando con su voto toda posibilidad de crédito, de mayor inversión y de generación de empleo en las provincias que representan.
En el ajedrez, la jugada de la presidenta es definir como jaque mate a las oposiciones y a su propia fila. En la calle lo definiríamos como el abrazo del oso.
Por lo tanto hoy Argentina está sometida a un doble riesgo: uno, el económico, el cual ampliamente he descripto hasta aquí con sus consecuencias, las cuales siempre tienen nombre y apellido con traje de dolor; dos, riesgo de la inseguridad por habitante, el cual debemos comenzar a medir. Este último no afecta a todos los lugares geográficos por igual, pero está en condiciones de propagarse. El fin de semana pasado en Rosario el delito y su vinculación en algún caso con el narcotráfico, mostró su peor cara. El asesinato de Mariano Bertini replica en los hijos del Pastor Trasante, en Cristina Ojeda, en Miguel Ángel Pereyra, Héctor Zini, Liliana Vezza, Lita Gómez… Nombres que aparecen rápido en mi memoria con el dolor de sus familiares. Se multiplican en otras familias visitadas por la misma crueldad, a los que no conozco y/o la sumatoria de éstos hechos, me impiden recordarlos. Pero sé que en los últimos tres años la violencia y la sangre cobró un espacio que la política jamás debió permitir. La ciudadanía que tiene miedo, un miedo que no distingue clases sociales; está atravesada por algo nuevo: otra ley. Ley que no fue sancionada en el Congreso de la Nación. Lo que vivimos en Rosario, lo que viven en el Gran Buenos Aires, lo que se vive en Santa Fe, es la presencia de personas que manejan otra ley. Su ley. La que ellos aplican, no la que se dirime en los tribunales de justicia. De esto, también se debe enterar la política.
Ante estos dos riesgos que presenta hoy esta nueva Argentina, deberán los candidatos 2015 replantearse y repensar sus proyectos. ¡Los políticos deben ser gestores de bienestar y sueños de futuros mejores para una ciudadanía que hoy carece de ambos derechos!
Comentarios