Ciudad

Mal ejemplo

Un juez de Faltas se negó a realizar el test de alcoholemia

Lo interceptaron en un operativo en la zona del Bajo, el último sábado, y esquivó el control: igual le secuestraron el auto.


Un juez de Faltas de la ciudad que se negó a realizar el test de alcoholemia durante un operativo de tránsito, e intentó evitar que se labrara el acta de infracción correspondiente haciendo ostentación de su cargo, fue inhabilitado para conducir por 90 días. Pese a la tensa situación, ocurrida el sábado pasado en avenida del Huerto y Sarmiento, los agentes municipales respetaron el protocolo de actuación y remitieron el auto al corralón.

El secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, dijo que al funcionario se le iniciará un sumario administrativo y mientras dure el proceso de investigación no podrá ejercer sus funciones.

El incidente fue protagonizado por el abogado Adrián Céliz y salió a la luz ayer cuando los ediles del Frente para la Victoria (FpV) Roberto Sukerman y Norma López presentaron un pedido de informe para que el Ejecutivo remitiera al Concejo un detalle pormenorizado del operativo llevado adelante por los agentes de tránsito, como también si el juez tiene otras multas por infringir normas de tránsito, dijeron..

No obstante, cualquier ciudadano puede acceder al listado de multas de tránsito cargando en el portal de Trámites Online municipal los datos de las patentes de los vehículos de los que se pretende obtener información. Así, el sitio web municipal muestra que el Ford Focus JFH 316 que, según quedó asentado conducía Céliz el sábado por la madrugada fue interceptado por un operativo de rutina no tiene una sino varias actas de infracción, entre ellas, una por “violar disposiciones referentes al estacionamiento medido” y otra por exceso de velocidad que superó de un 25 a un 50 por ciento el margen permitido.

Noche de furia

Sukerman contó que tuvo conocimiento de lo ocurrido por testigos del hecho que refirieron que el sábado, a las 3 de la madrugada, durante un operativo vehicular en avenida del Huerto al 1000, agentes de tránsito detuvieron a un automovilista. Éste se bajó del vehículo, empezó a gritar, tiró las llaves y se negó a hacerse el test.

“Resulta que era un juez de Faltas que está en actividad. Es bochornoso que un funcionario público, que es quien debe juzgar las conductas de los rosarinos, se desenvuelva en forma no ética y en infracción de las mismas faltas que debe juzgar”, sentenció el concejal.

No obstante, el edil ponderó el accionar de los empleados municipales. “Hicieron lo que correspondía ante esa situación: labraron el acta de infracción, remitieron el vehículo al corralón y tuvieron que defenderse del intento de abuso de autoridad del doctor Céliz.

Pero la conducta del funcionario no se correspondió con el decoro que su investidura requiere. Se negó al control, increpó y amenazó a los agentes intervinientes, y en todo momento se manejó de forma agresiva e indecorosa para su cargo”, indicó.

Hacer valer la ordenanza

Este incidente reavivó la polémica por la ordenanza 9303, vetada por la intendenta Mónica Fein y luego ratificada por el Concejo Municipal en la sesión del 20 de noviembre del año pasado, que establece que los jueces de Faltas deben ser designados por concurso con acuerdo del cuerpo del Palacio Vasallo. “La normativa, justamente, busca la designación de personal idóneo, lo que eleva la calidad institucional y evita secretismos y amiguismos”, consideró Sukerman.

Pasado polémico

Por su parte, Norma López recordó que el funcionario cuestionado, antes de ocupar este cargo, se desempeñó como subdirector de Habilitaciones de la Municipalidad. “Tuvo una actuación en lo que fue el registro de oposición de Esperanto, muy criticado por los vecinos de la zona de Zeballos y Presidente Roca en ese momento”, dijo la edila.

“Parecería que después, como un premio, la intendenta lo nombra juez y lo que me parece es que no honra el cargo. Ahora, no solamente debería someterse a que otro colega lo juzgue a él y que le quepa la sanción correspondiente por haber infringido las normas de tránsito sino que, además, se le debe iniciar un sumario para determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias que le corresponden a alguien que debería dar el ejemplo y que no tiene ética para cumplir con al función de juez”, concluyó Sukerman.

El funcionario ya fue apartado de su cargo

El secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, se mostró firme sobre el proceder del Ejecutivo con miras a lo sucedido con el juez de Faltas que se negó a realizar el test de alcoholemia durante un control de tránsito. En este sentido señaló que, en función del incidente acontecido, al infractor se le iniciará un sumario administrativo y no ejercerá en sus funciones hasta que termine el proceso.

Asegurado también dijo que el funcionario no podrá conducir por tres meses ya que, de acuerdo con las normas vigentes, la sanción que le cabe por la infracción cometida es la inhabilitación de la licencia por un plazo de 90 días.

Respecto de las acciones a tomar por parte del Ejecutivo, el funcionario subrayó: “No es un hecho menor y se llevarán adelante todas las instancias de investigación que correspondan, pero como todavía no pasaron 48 horas de lo ocurrido hay que esperar que desde la Dirección General de Tránsito envíen los informes para así dar curso al inicio del sumario”.

Asegurado indicó que las sanciones para el juez podrían ir desde la suspensión de las funciones hasta el relevamiento definitivo del cargo. Finalmente, resaltó el proceder de los agentes municipales quienes, pese a estar frente a un juez de Faltas, “hicieron lo que correspondía: labraron el acta de infracción, lo que muestra que la infracción existió y remitieron el vehículo al corralón”.

“Se busca la transparencia institucional”

La ordenanza 9303 que establece que los jueces de Faltas deben ser designados mediante concurso de oposición y antecedentes, se basa en un proyecto del concejal Diego Giuliano, de Rosario Federal. La normativa fue aprobada el año pasado en el Palacio Vasallo, aunque luego la intendenta Mónica Fein la vetó. Los ediles insistieron con el tema y en la sesión del 20 de noviembre de 2014 ratificaron su vigencia. “Se busca la transparencia y calidad institucional. De aplicarse la norma, este juez tendría que apartarse ya mismo del cargo”, dijo Giuliano.

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