El gobierno provincial y los dos organismos que reúnen a los fiscales federales y de la provincia firmarán hoy un convenio que materializa la apertura de una delegación regional de la Procuraduría contra Narcocriminalidad (Procunar) en Rosario y la conformación de una unidad de análisis criminal integrada por personal del Ministerio Público Fiscal de Nación y del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El objetivo es que ese órgano, que por el momento no será un grupo de más de 15 especialistas, conjugue desde la etapa investigativa la información de casos donde se entrelazan delitos de jurisdicción provincial y federal.
El convenio lo firmarán este mediodía la procuradora de la Nación y cabeza del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó; el fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal, y el gobernador Miguel Lifschitz, ya que la provincia destinará recursos económicos y logísticos para el funcionamiento.
El convenio con la procuradora Gils Carbó equivale, en materia de justicia e investigación y persecución penal, al que firmaron Lifschitz y Macri a principios de septiembre último para la llegada de fuerzas federales.
El convenio
“El convenio dispone recursos materiales para establecer la sede de la Procunar en Rosario y una unidad de análisis criminal. El trabajo será conjugar información de delitos que corresponden a la esfera federal con los delitos de la Justicia provincial, para que la tarea de investigación sea más eficiente a partir del uso de información mutua”, indicó Lisandro Pellegrini, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación.
Uno de los detalles que faltaba resolver el viernes, era el lugar físico donde se desenvolverá la sede de Procunar. Se espera que esté operativa en no más de 30 días.
El equipo de trabajo se integrará con doce especialistas en investigación narcocriminal y delitos económicos. Seis los aporta la Procunar (a nivel nacional la dirige el fiscal Diego Iglesias) y los otros seis el Ministerio Público de la Acusación provincial.
Esa unidad de investigación estará al mando de la fiscal Adriana Saccone, que desde hace tiempo funciona como enlace entre la esfera federal y la provincial en Rosario, otro fiscal o secretario que designe la Procuración y los fiscales provinciales que defina el jefe del área Rosario, Jorge Baclini.
La delegación de la Procunar y la unidad de análisis criminal vendrán a suplir un antiguo déficit muchas veces diagnosticado pero pocas veces concretado: la coordinación de esfuerzos entre provincia y Nación para atacar el delito.
“A lo que apuntamos es a romper esa pared que siempre dividió las investigaciones de la Justicia federal y provincial. Que el tema se zanje de antemano, que la información que se busca y recaba se comparta desde el primer momento y se pueda usar para fortalecer causas tanto en la Justicia federal como en la provincial”, explicó Lisandro Martínez Gorostiaga, subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia de Santa Fe.
Para el funcionario provincial, “en parte, el ejemplo es el de la causa de Los Monos. En ese caso, con las pruebas recabadas se trabajó la figura de asociación ilícita en los tribunales provinciales y todo lo referido a delitos económicos y de drogas se derivó a la Justicia federal”.
La de Rosario, una sede destinada a la región Noreste
La sede Rosario de la Procunar está destinada a la región del Noreste argentino, por lo cual su tarea se proyectará a las provincias de Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En tanto, la unidad de análisis criminal que se pone en marcha es específica para la zona de Rosario.
La delegación NEA de Procunar es la segunda del país. La primera fue la del NOA, inaugurada en junio pasado, con sede en Salta capital y jurisdicción sobre las provincias vecinas.
La diferencia, según explicó el secretario de Asuntos Penales de Santa Fe, es que la provincia de Salta desfederalizó la persecución penal del menudeo y en Santa Fe no, por lo cual acá la coordinación es más necesaria.
Sin embargo, el tema no está del todo zanjado en la provincia. En el Senado provincial se busca dar media sanción a un proyecto de adhesión a la ley nacional que habilitó la desfederalización del delito de narcomenudeo, lo cual habilita a las policías locales y los tribunales provinciales a investigar, perseguir y juzgar este tipo de delito cuando es de baja escala.
Las provincias que lo pusieron en práctica hace unos años no marcaron diferencias a la hora de los resultados.
Luego surgió otro problema: Nación no giró fondos que comprometía la ley, por lo cual en varias provincias funcionó a medias y en otras directamente se dejó de aplicar, como Entre Ríos.
Uno de los detalles a tener en cuenta es la ofensiva de los senadores provinciales por involucrar a la Policía provincial en la persecución de la venta minorista de drogas casi como un acto reflejo tras la firma del convenio entre el gobernador Lifschitz y el presidente Macri, que habilitó la llegada de fuerzas federales a territorio santafesino.
La cláusula 5ª de ese convenio establece que “en los casos en que las operaciones se refieran a delitos de competencia federal como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas o lavado de dinero, entre otros, las mismas quedarán bajo supervisión y directivas de Gendarmería Nacional”.
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