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Trabajo: el ajuste llega desde Brasil

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    La resistida reforma laboral que aprobó el país vecino, salvo por su salvajismo, en rigor no es nueva ni en la región y ni en el mundo, y no sirve para ninguno de los objetivos planteados públicamente.

La reforma laboral en Brasil podría calificarse como una (contra) reforma.

Sería una reforma si en sus contenidos hubiera avances o adecuaciones de la normativa laboral. Por el contrario, implica solamente la eliminación de derechos, el debilitamiento de la negociación colectiva y tiende a la eliminación de la presencia de los gremios. Es una iniciativa abolicionista del derecho del trabajo, antidemocrática e inefectiva.

La (contra) reforma contiene diversas aristas. Por un lado, un franco retroceso de las condiciones de trabajo en materia de jornada, salario, descanso, vacaciones, transporte, salubridad. Por otro, promueve la externalización del trabajo y en peores condiciones, crea modalidades de contratación sin derechos laborales, abarata y facilita los trámites de despido. Hasta aquí los cambios producen espanto. Sin embargo, el corazón de la flexibilización es aún peor.

¿Por qué? El proyecto sancionado por el Congreso brasileño establece que los acuerdos colectivos en las empresas están por encima de lo que marcan las leyes laborales y los convenios colectivos de actividad. Cualquier grupo de trabajadores “empresarizado” podría negociar con cada empresa condiciones menos beneficiosas que las que establecen las leyes y las convenciones colectivas.

Además, se permite que trabajadores que se encuentran en relación de dependencia sean contratados a través del sistema de monotributo, que no cuenta con ninguno de los derechos laborales que prevén las leyes y los convenios colectivos. En síntesis: fin del derecho laboral como derecho protectorio, fin del sindicalismo como protagonista social y fin del trabajador en relación de dependencia por tiempo indeterminado.

Brasil viene de una etapa en donde el Estado se había puesto al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores (la historia legislativa brasilera en materia laboral no estuvo exenta de oscilaciones y contradicciones) pero la etapa abierta con el gobierno ilegítimo de Michel Temer marca un punto de inflexión, reactivo contra el principio que rige el derecho del trabajo y de la seguridad social.

Esta normativa (salvo en su salvajismo) no es nueva ni en la región ni en el mundo. Tiene larga data. Lo que está claro es que no sirve para ninguno de los objetivos declarados públicamente. No hay pruebas empíricas de que generen empleo o aumenten el trabajo de calidad. No mejora la productividad ni la competitividad. Al contrario, la inestabilidad, la inseguridad y el deterioro de condiciones conspiran contra la eficacia productiva. Solo genera pobreza y precariedad. O sea desigualdad, y de eso, sobran las pruebas.

En la Argentina, algunos empresarios, profesores universitarios y medios de comunicación, comenzaron a pedir con entusiasmo “reformas” similares. De aplicarse aquí, implicarían prácticamente la eliminación de la negociación colectiva, ya que debilitaría la capacidad de negociación de los gremios, y legalizaría modalidades de contratación que hoy constituyen fraude laboral, y son castigadas por la ley, con la excusa del costo laboral y la modernidad.

Con esas excusas y sin siquiera modificar las leyes, este retroceso comenzó a producirse en la Argentina desde principios de 2016 a través de la flexibilidad “de hecho”. En ese contexto, la fragilización de los sindicatos se está convirtiendo en política de Estado, agravando el cuadro.

La reacción de diversos sectores gremiales, políticos y académicos, incluyendo una reciente afirmación de la CGT: “Advertimos que defendemos la plena vigencia de la legislación laboral, los convenios colectivos de trabajo, los sistemas de seguridad social, la Justicia laboral y el modelo sindical. La quita o retroceso en los derechos fundamentales e históricos de los trabajadores no serán objeto de negociación alguna”, están motivando los intentos gubernamentales de despegarse del texto literal de la reforma aprobada en Brasil.

Pero basta recordar las palabras agraviantes del presidente en contra de los convenios colectivos, del ausentismo, la conflictividad, la huelga y en particular los sindicatos, la Justicia laboral y los abogados a los que acusó de “mafiosos”.

Ahí está el verdadero espíritu de este gobierno conservador. Volver al siglo XIX.

Por si hiciera falta, un diario centenario, en sus reiteradas publicaciones en la “tribuna de doctrina”, convalida, promueve y exige esa dirección. Sin claudicaciones. Impiadosamente. Claramente en contra de los trabajadores y del trabajo.

En la Argentina hay todavía límites objetivos por la institucionalidad heredada y por la presencia sindical existente (más allá de sus límites y tensiones). Este “empate” se rompería por la validación democrática: para intentar avanzar a otro estadío de desregulación, flexibilización y modificación sustancial de la negociación colectiva o para frenarla. Por eso el proceso electoral que estamos atravesando es importante. Para recordar y tener presente lo que ha pasado en el mundo del trabajo en estos dos años. Para fortalecer un bloque que haga frente sin concesiones a los intentos que, sin lugar a dudas, encarará el actual gobierno en dirección a modificar la relación entre capital y trabajo en nuestro país, a través de reformas laborales votadas en el Parlamento.

Sólo recuperando el poder político para gobiernos populares tienen futuro los derechos de los trabajadores, el pleno empleo, la negociación colectiva protectora, reguladora de la organización del trabajo e instrumento democrático en la redistribución del ingreso.

(*) Ex ministro de Trabajo de la Nación

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