Una economía en recesión, inflación sin freno, flojos resultados fiscales con vertiginoso endeudamiento, brusca caída del consumo y altos niveles de pobreza y desocupación, constituyen los principales indicadores del primer año de gestión de Mauricio Macri, que ahora apuesta todo al 2017.
En un juego de ganadores y perdedores, el plan favoreció al campo, al sistema financiero, la actividad minera, las empresas de servicios públicos (que dejaron de perder por el tarifazo de luz y gas) y el sector inmobiliario (que empezó a recuperarse tras la eliminación del cepo).
En la otra vereda se ubicaron la producción industrial, con fuertes derrumbes en el rubro de línea blanca, y la automotriz, la construcción y los supermercados.
Casi al final del año, el sueño macrista de un segundo semestre con mejores resultados quedó sepultado y no hubo brotes verdes, por lo cual todas las esperanzas se trasladaron al 2017, en el que espera una recuperación cercana al 3%, cifra que no está en la mirada de las consultoras más optimistas.
Ni tan siquiera la promocionada “lluvia de dólares” le dio oxígeno a la gestión macrista, pese a los esfuerzos por mostrar un país “normalizado” y del “Mini Davos” que congregó a directivos de multinacionales.
Producto del repetido argumento de la “herencia recibida” y los magros resultados de un año prácticamente perdido, el desempleo llegó al 8,5% en el tercer trimestre, lo que significa que 1.069.000 personas no tienen empleo y 1.274.000 son subocupadas, ya que sólo viven de “changas” y ocupaciones temporarias.
La cara más dramática de la Argentina es la pobreza: uno de cada tres argentinos es pobre, según lo informó el INDEC después de tres años sin datos y ubicó en el 6,3% el índice de indigencia, gente que sólo tiene para comer.
Desde el inicio de su gestión, Macri tomó medidas económicas clave que sellaron la posición ideológica de su equipo capitaneado por Alfonso Prat-Gay y por Federico Sturzenegger en el Banco Central.
Llegó a un acuerdo con los fondos buitres, finalizó con el cepo cambiario, implementó una eliminación en las retenciones de las mineras, mientras llevó a cabo una baja en el caso de exportaciones de trigo, maíz, girasol, carne y productos de economías regionales, aunque postergó las de la soja para el año próximo.
Implementó un fuerte ajuste en las tarifas de luz y gas, con aumentos del 500% y en otros casos por encima de esos valores, que terminó en la Justicia, con cacerolazos incluidos, hecho que terminó generando incertidumbre y más preocupación.
Impulsó un blanqueo de capitales, llamado Sinceramiento Fiscal, que tuvo hasta ahora un buen resultado: ingresaron más de 21.800 millones de dólares, de los cuales unos 7.185 millones lo fueron en efectivo, que permitió dar envión a la recaudación que hasta noviembre venía con resultados inferiores al nivel inflacionario.
Este blanqueo tuvo como contrapartida el ajuste en jubilaciones y el pago de juicios, cuyo efecto fue dispar ya que no alcanzó a todos los haberes.
En el combate contra la inflación, el Banco Central tomó una medida audaz: elevó de 28 a 38% las tasas de las Lebac, que en principio frenó la inflación, pero impactó en los créditos altos e indirectamente planchó una recuperación económica.
Se eliminaron las Declaraciones Juradas de Anticipos de Importación (DJAI), que se reemplazó por un Sistema Integral de Monitoreo, lo cual terminó impactando en sectores sensibles de la economía, principalmente las pymes.
Los datos oficiales del INDEC son preocupantes: la economía acumuló hasta septiembre una caída del 2,4% y difícilmente pueda mejorar ese desempeño, por lo que es posible que cierre en torno al 3%, como lo ubican consultoras privadas.
La industria cayó en octubre un 8% y la construcción se desplomó casi 20%, al retroceder hasta niveles registrados en 2007.
La inflación rondará el 40% para todo el 2016, un número altísimo y si bien había iniciado un período de enfriamiento, en las últimas semanas volvió a encender señales de alarma y plantea una preocupación para el corto plazo.
La pérdida de poder adquisitivo ronda el 10% y el consumo continúa en fuerte descenso, cercano al 7%, sin una expectativa de recuperación en el corto plazo.
Otro dato de las estadísticas públicas se vincula con que el déficit primario de octubre trepó a 62.958,7 millones de pesos, con un incremento del 183% respecto a igual mes 2015.
En el caso del resultado financiero, tras el pago de los intereses de la deuda pública, el rojo trepó a 77.500,5 millones de pesos, con un incremento de 336%, datos que hasta el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció que son “insostenibles”.
Así, el déficit primario rondaría el 5% del PBI para este año, pero treparía al 8% si se tienen en cuenta los pagos por servicios de deuda.
Para cubrir este rojo fiscal, el Gobierno apeló a una jugada siempre riesgosa: el país emitió deuda externa por unos 53.527 millones de dólares en los últimos doce meses, equivalente al 11,1% del Producto Bruto, según un estudio privado.
En datos oficiales, la balanza comercial acumula en el año un superávit de 1.952 millones de dólares, aunque obedece en gran medida a la suba de las exportaciones del sector primario y una baja de las importaciones para el sector industrial.
La caída en las compras al exterior no fue en el sector de bienes de consumo, sino en los de capital, lo que en definitiva es un dato negativo porque anticipa una falta de expectativa de recuperación en la actividad.
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