El sindicato único de trabajadores privados de la libertad ambulatoria (Sutpla) tiene como objeto luchar por los derechos laborales y la reinserción social de los trabajadores que cumplen una pena privativa de la libertad. Busca establecer parámetros en el cumplimiento del trabajo en cárceles a fin de lograr la reinserción social bajo el paraguas de la ley 24660. Para ello, en diciembre pasado se realizó una asamblea en la vecina localidad de San Lorenzo donde se dio forma a una sede provincial de dicho sindicato –que funciona a nivel nacional–, que quedó adherido a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Su secretario ejecutivo refirió que sólo el 30 por ciento de los detenidos trabaja y el 80 por ciento es reincidente, por lo que entiende indispensable puntualizar sobre el trabajo y la educación de los internos a fin lograr la reinserción de la población carcelaria a la sociedad.
En diálogo con El Ciudadano, Alejandro Gómez, secretario ejecutivo de la comisión directiva del Sutpla sanlorencino, explicó que el contexto de encierro hay 4.329 detenidos en unidades penitenciarias y comisarías de la provincia y sólo un 30 por ciento trabaja, mientras que el resto espera un cupo. El representante gremial, que cumple una condena por robo a cuatro años bajo la modalidad de arresto domiciliario, refirió que la mayoría de los internos tiene entre 18 y 22 años y no recibe contención alguna, a lo que sumó que el 80 por ciento es reincidente, es decir personas privadas de la libertad que ya tenían una condena previa. Por lo que destacó que la reinserción social, la educación y el trabajo son puntos fundamentales para disminuir la reincidencia, a lo que agregó que hay muchas anomalías respecto a estos ítems, por lo que buscan trabajar en ello.
Gómez detalló: “Siempre trabajé sobre cuestiones sociales: fui un funcionario y cometí un error”. Respecto de las críticas que escucha sobre la creación de este sindicato, el representante gremial agregó: “Hace 6 meses que estoy con prisión domiciliaria: me dieron 4 años ¿y no voy a hacer nada? ¿Pagan 30 mil pesos por mí y no voy a devolverle nada a la sociedad? Lo que hay que entender es que se está pagando lo mismo para que (los detenidos) duerman y salgan peor”, refirió.
“La comunidad debe entender que es una obligación del Estado reinsertarlos, reeducarlos. Hay 150 millones de pesos que no van a ningún lado, con 200 millones de pesos pagan el sueldo de las 4.300 familias”, refirió. Gómez sostuvo que Sutpla a nivel nacional se creó en 2012 y hace 4 meses tuvo la iniciativa de contactarse con la CTA, que a su vez lo vinculó con Sutpla nacional y se logró traer la estructura a la provincia. El 17 de diciembre se constituyó la sede San Lorenzo, en cuya comisión directiva se encuentra Gómez, a la cabeza, junto al tesorero Daniel Porciel y Mauro Campos en la secretaría de Acción Social.
Gómez explicó que trabaja a través de un representante legal que se contacta con los privados de la libertad, ya que él cumple un arresto domiciliario, y también por las familias de los detenidos. En este momento, están impulsando las afiliaciones al sindicato y el segundo paso será intimar a los distintos organismos que trabajan con la problemática, léase Ministerio de Seguridad, Desarrollo Social, Derechos Humanos, entre otros, para iniciar un diálogo, ya que uno de los intereses de la entidad es la creación de nuevos talleres en distintas dependencias, inclusive en alcaidías (que dependen de la Policía y no del Servicio Penitenciario).
El sindicalista detalló que el preso cumple una condena y de lo único que está privado es de la libertad, y ello no le limita el derecho al trabajo en condiciones óptimas y a un salario mínimo vital y móvil, y concluyó que el planteo que realizan se encuentra dentro del marco de la ley.
Sin aval oficial
Una fuente vinculada con el gobierno provincial detalló que desde el Ejecutivo no avalan la sindicalización de presos y que no existió ningún contacto con dicha organización, luego de que trascendiera una versión en contrario en medios de la ciudad de Buenos Aires.
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