Al menos 40 policías de la Unidad Regional I que estaban siendo investigados por corrupción serán imputados mañana en Santa Fe por defraudación, entre otros delitos. La causa es por irregularidades de dinero en la designación de horas Ospe, como se conocen las “extras” del personal policial. La medida, que abarca a jefes de alto rango, se da en un momento en que las Fuerzas Públicas están en el ojo de la tormenta. La semana pasada, medio centenar de policías, entre ellos el jefe de Asuntos Internos, fueron detenidos en Rosario por el asesinato de tres personas. Más de 30 agentes por orden de la Justicia federal que investiga la desaparición forzada de Franco Casco, y casi 20 por el fuero provincial, por el fusilamiento de Emanuel Medina y David Campos.
Según informó la Fiscalía, 40 policías santafesinos fueron citados ayer a declarar en una audiencia imputativa donde se los acusará por defraudación a la Administración Pública, falsificación de documento público y mal desempeño de sus funciones. La audiencia comenzará mañana a la diez, y estará a cargo de la fiscal María Laura Martí, de la unidad de Investigación y Juicio Nº 4 de Santa Fe, quien lleva adelante la pesquisa. Si bien varios medios dijeron que la investigación abarca a 200 policías, desde el Ministerio Público de la Acusación informaron ayer a El Ciudadano que la imputación alcanzará a 40 funcionarios policiales por ahora, varios de alta jerarquía.
A la hora de brindar detalles sobre las maniobras fraudulentas en las horas Ospe, desde la Fiscalía General aclararon que la investigación está bajo reserva, pero que en general pasaban horas extras (que no cumplían) para cobrarlas como trabajadas.
También informaron que la investigación la impulsó el Ministerio de Seguridad provincial, ya que fue el titular de esa cartera, Maximiliano Pullaro, quien le acercó la documentación necesaria a la fiscal Martí para que inicie la investigación penal contra los efectivos.
La provincia tiene más de 23 mil empleados policiales. Según fuentes oficiales, sólo en la gestión de Pullaro, es decir en los últimos dos años, se abrieron 1.500 sumarios administrativos, que incluyen denuncias por delitos leves hasta causas muy graves. De esa cantidad de agentes investigados, 260 fueron pasados a disponibilidad, es decir, que mientras son investigados por la Justicia no cumplen funciones pero siguen cobrando el salario. Lo llamativo es que esas investigaciones suelen durar entre cinco y ocho años: en Santa Fe suman 700 los policías en disponibilidad, muchos de los cuales fueron sorprendidos con las manos en la maza, pero por las demoras administrativas de la sanción penal consiguen jubilarse antes de ser sancionados y las causas quedan impunes.
Bajo la lupa
La misma fiscal Martí ordenó hace días atrás la detención del jefe y subjefe de la seccional 2ª de Santa Fe (Marcelo Marcelo Scyarchcinsky Matías Villarreal) por un escandaloso caso de cohecho por el que corrió igual suerte el subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé (Maximiliano Nieva). Hoy tendrá lugar la audiencia de prisión preventiva para ver si los uniformados siguen el proceso detenidos o en libertad. La fiscal ordenó el secuestro del libro de guardia de la dependencia policial, en barrio Sur, además de peritajes caligráficos y escuchas telefónicas. La pesquisa arrancó en mayo, cuando incautaron un auto que tenía pedido de secuestro y luego lo remitieron a la seccional 2ª, que pidió dinero para devolvérselo a sus dueños.
En Rosario
Tres años después del caso Franco Casco (el joven que desapareció luego de ser ilegalmente detenido en la seccional 7ª de Rosario y cuyo cadáver apareció semanas después flotando en las aguas del Paraná a fines de octubre de 2014) la Justicia federal ordenó días atrás la detención de unos 30 policías que fueron imputados por desaparición forzada. Entre ellos el jefe de Asuntos Internos Aníbal Candia, y a profesionales de la salud del Instituto Médico Legal, que depende de la Corte Suprema de Justicia. Pocas horas después, el fiscal Adrián Spelta ordenó detener a 18 efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica por el “fusilamiento” de David Campos y Emanuel Medina, en junio pasado. Los imputó por homicidio calificado y encubrimiento.
La gravedad de las acusaciones contra medio centenar de policías provocó la reacción del diputado provincial Carlos Del Frade, quien pidió respuestas al poder Ejecutivo por medio de un proyecto presentado en la Cámara baja.
En el mismo pide que “expliquen las razones por las cuales casi medio centenar de policías fueron requeridos por la justicia Federal y Provincial sin que se conocieran medidas o acciones de parte del gobierno anteriores a las mencionadas decisiones de ambos fueros.
El escrito resalta que el gobernador Miguel Lifschitz pidió que “la excepción no se confunda con la regla” pero admitió que “hay problemas de formación en la Policía”. Al respecto, los diputados piden al Ministerio de Gobierno que explique cuál es el verdadero análisis que hace la administración sobre por qué la Justicia actúa sobre hechos conocidos que debieron corregirse desde la esfera política.
En ese sentido se refieren a la detención de Aníbal Candia, jefe de la división Asuntos Internos creada en 1996, que “implica revisar todo lo actuado por esa repartición”. Con el mismo criterio se pregunta qué se hizo desde el Ministerio de Seguridad con los policías de la seccional 7ª denunciado por el caso Casco desde 2014.
En el texto publican un informe realizado por la Procuración de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: alrededor de 250 integrantes de la fuerza están sumergidos en causas judiciales, la mayoría por apremios ilegales, que vienen del llamado sistema procesal penal viejo. Y concluye que la recuperación democrática está a punto de cumplir 34 años y “uno de sus principales capítulos inconclusos es la democratización” de las fuerzas de seguridad: “Estas preguntas derivan en un inquietante planteo, ¿la policía de Santa Fe está conducida por el gobierno o su autogobierna?
