En el arranque de este año eleccionario comienzan a tejerse, como siempre en el ámbito político tanto nacional como provincial, nuevas alianzas y a producirse corrimientos de todo tipo que anticipan un panorama complejo en muchos sentidos, sobre todo teniendo en cuenta que se despliegan sobre una base económica y social crítica.
Los conflictos gremiales expresados en los últimos paros y marchas masivas que tienen a las trabajadoras y los trabajadores en la calle reclamando por un sueldo digno están delineado un escenario difícil que se irá agudizando si continúa el gobierno nacional en su tesitura de no rever el rumbo del plan económico que, al igual que en los noventa, condena a la mayoría a sufrir el enorme costo social que implica la brutal transferencia de riqueza realizada hacia a los grandes corporaciones y grupos concentrados en este corto tiempo. Un viraje a la derecha que, se puede constatar, se está replicando en varios países de Latinoamérica con la aplicación de medidas de corte neoliberal que sólo pueden aplicarse a costa de la miseria y represión de la sociedad.
En Santa Fe, la llegada de Cambiemos a la presidencia de la Nación, que integran el PRO y la UCR entre otros, reconfiguró el diseño del mapa político provincial y produjo una alteración de las viejas alianzas de poder. Es por eso que hoy algunas voces desde el Frente Progresista vienen alentando la posibilidad de “refundar” este espacio identificado con la ideología de centroizquierda y de abrir la puerta para que se sumen actores pertenecientes a otras fuerzas políticas como el peronismo, el radicalismo no alineado al gobierno nacional, y diferentes organizaciones sociales.
Como integrantes del Frente, el Partido Si acuerda con esta perspectiva como estrategia que apunta a construir una alternativa política opositora a este modelo de exclusión y que pueda disputar el poder al macrismo en las próximas elecciones. Sin embargo, la integración de nuevas fuerzas políticas deberá estar supeditada a que éstas adhieran a los postulados que sostiene el progresismo, como el rol fundamental del Estado como regulador del mercado, la defensa de los sectores más vulnerables de la población y de los derechos humanos y la promoción de políticas que tiendan al desarrollo productivo del país y a la distribución social de la riqueza.
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