En la última semana de diciembre, antes del inicio de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación confirmó la prórroga de prisión preventiva de Fortunato Carlos Heredia, considerado como uno de los principales integrantes de la banda de Claudio “Gallo” Andrada, la que cayó en octubre de 2013 en Córdoba y Santiago del Estero con más de media tonelada de cocaína. Lo resolvió la sala IV del tribunal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, al homologar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta que había prorrogado la prisión preventiva de Heredia, el único de la organización que tenía domicilio en Bolivia y que era encargado de entregar los embarques en la Argentina. Se presume que el imputado colocó al menos 1.400 kilos de cocaína en la provincia de Buenos Aires, al transportar la droga acondicionada en el techo de camiones de carga, según determinó la Justicia federal de San Isidro al desatar el operativo Octubre Blanco.
En mayo de 2014, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez elevó a juicio la causa que se sigue contra Heredia, Claudio “Gallo” Andrada, Oscar Dorao, Fabián Schwindt, Aldo Velázquez, Juan Volker y Claudio Andrada (hijo) por tenencia y transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Los hombres habían sido detenidos luego del operativo realizado por Gendarmería el 23 de octubre de 2013 en la Ruta Nacional N° 9, en la provincia de Córdoba, y también en la localidad santiagueña de Frías. En esa oportunidad se logró secuestrar 548 ladrillos de cocaína, que arrojaron un peso total de 583 kilos y 239 gramos. La droga se encontraba en el techo de un camión Mercedes Benz, que había sido especialmente acondicionado para el transporte de la sustancia.
A Andrada padre, sindicado jefe de la banda, y a Schwindt, el fiscal Domínguez también les imputó el delito de tenencia ilegal de armas, por haberles encontrado un revólver Smith & Wesson 44 al primero y un revólver 22 al segundo. Las armas fueron secuestradas en los allanamientos que se concretaron en los domicilios de Andrada, en la localidad bonaerense de Martínez, y en el de Schwindt, en San Isidro, en el marco de una de las medidas que había ordenado la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ese mismo 23 de octubre.
La causa se inició el 16 de abril de 2012 a partir de actuaciones realizadas por Gendarmería. En ese momento, se suponía que Andrada era el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas; que formaba parte de dealers de la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, y que estaba muy ligado al poder político de la provincia.
Con el transcurrir de la investigación, la Justicia logró conocer el modus operandi de la banda, que consistía en transportar cocaína procedente de Bolivia en avionetas que aterrizaban en distintas pistas clandestinas en el norte del país. Luego, los integrantes de la organización se dividían los roles para recibir la droga, acondicionarla de manera oculta en camiones y transportarla –vía terrestre– hacia distintos puntos de la Argentina, para su posterior estiramiento, fraccionamiento, acondicionamiento, distribución y comercialización. En el caso de la cocaína secuestrada en la requisa del 23, el destino era Santiago del Estero y Buenos Aires.
Los roles
En el dictamen del fiscal federal se aclara que, desde un principio, la investigación estuvo a cargo de la División Antidrogas de Gendarmería, “que con el correr de las tareas investigativas que fueron desplegando, sumado a las escuchas telefónicas que se practicaron sobre los abonados telefónicos con los que se comunicaba la organización criminal liderada por Claudio Andrada, permitieron aportar suficientes elementos probatorios para conocer detalladamente la identidad de sus integrantes, los roles que cada uno de ellos ocupaba y el fin ilícito que los unía”.
Según Fiscalía, el Gallo Andrada era el líder de la organización criminal, con contactos en el exterior y ramificaciones en el interior del país. De origen santiagueño, sus padres aún viven en la localidad de Frías de esa provincia. Justamente en ese domicilio, el Gallo solía quedarse cuando realizaba los viajes de negocios al norte del país. Andrada también poseía una casa en el partido de la Costa y se presume que era el propietario de al menos cuatro vehículos de alta gama.
En el caso de Heredia, el fiscal federal indicó que era el proveedor en la Argentina. De esta manera, solía acompañar “el transporte del material ilícito, custodiarlo hasta su efectiva entrega al destinatario y recibir del mismo el importe dinerario correspondiente”. Era el único de la banda que tenía domicilio en Bolivia, de donde procedía la droga.
El hijo del Gallo, conocido como Claudito, cumplía un rol preponderante en la banda. El fiscal Domínguez puntualizó que “participaba de la mayoría de los viajes realizados por su padre a la ciudad de Frías” y además “se encargaba del fraccionamiento y comercialización” de la cocaína.
Velázquez, por su parte, fue señalado como chofer de la organización criminal y “comerciante de estupefacientes al menudeo”, además de haber participado de todos los viajes que el Gallo realizó a la ciudad de Frías. En el caso de Schwindt, Domínguez señaló que era un “colaborador directo” de Andrada, tanto en el transporte como en el fraccionamiento y distribución de la droga. Lo llamaban Piter o Sordo, y junto al hijo del líder solían concurrir al galpón de José C. Paz en el que acondicionaban la mercadería que luego vendían en Buenos Aires.
Dorao, alias Tucu, era el encargado de “ubicar las locaciones –campos– para ser utilizados como pistas clandestinas”, en las que descendían las avionetas con la droga. Volker, cuñado de Andrada padre, también era su chofer y colaborador directo. Además, solía viajar a Frías y, entre otros bienes, a su nombre figuraba el camión que fue secuestrado el 23 y que llevaba más media tonelada de cocaína.
Además, en el dictamen se sostenía que para entonces estaban prófugos Raúl Juárez, Ramón Peralta, Mario Cejas y Gustavo Collado Correa.
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