El secuestro virtual no es una modalidad sólo local pero en los últimos años sumó gran cantidad de hechos en la ciudad. Es un delito que se comete desde el anonimato.
Generalmente la víctima es una persona mayor que recibe un llamado telefónico de madrugada en el que es amenazada con la retención de un ser querido. Una vez que el ladrón logra embaucar a su interlocutor llega el pedido de rescate. Este ardid fue utilizado con creces por una banda que el año pasado cayó luego de varios allanamientos. Esta metodología delictiva implicó un botín millonario que 4 de los 5 detenidos se comprometieron a devolver luego de arribar a un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal. Aunque el convenio tuvo que sortear varios escollos. En junio se efectivizó sólo respecto de la mujer del grupo – que cursaba un embarazo – mientras que el resto debió esperar varios meses, ya la modalidad para el cumplimiento de la pena –5 años de prisión domiciliaria– y los antecedentes del cabecilla demoraron su homologación que se concretó a fines del año pasado, y el grueso del grupo cumple la condena en sus casas.
En abril pasado se produjeron una serie de secuestros virtuales cuya pesquisa quedó en manos de la Policía de Investigaciones, que luego de varias medidas protagonizó una serie de allanamientos en zona sur y la detención de cinco personas. Cuatro de ellas, identificadas como Lucas Grancha, 23 años, Sergio Zerpa, de 24, Luis Costich de 33 y su pareja Gladis Costich, los últimos dos gitanos, arribaron a un acuerdo con el fiscal Nicolás Foppiani a través de sus defensores. El juicio abreviado tuvo como objeto la comisión de 8 secuestros virtuales con un botín cercano a los 70 mil dólares, 90 mil pesos, joyas, lingotes y monedas de oro. Los hechos tenían un modus operandi similar: Costich y su mujer se hacían pasar por secuestrados, Grancha por secuestrador y pedían un rescate que debía ser depositado en la vía pública, mayormente en algún contenedor del lugar. El botín era recogido por Zerpa para luego huir del lugar. En el grupo también se encontraba Gustavo M., alias Masacote que no acordó con la Fiscalía.
Cuatro de los cinco acusados admitieron su responsabilidad en el hecho –en el caso de Zerpa con una participación secundaria– y las partes acordaron una condena a 5 años de prisión domiciliaria para los Costich y Grancha mientras que sobre Zerpa recayó una pena de 3 años de prisión efectiva –a partir de los 8 meses puede acceder a beneficios penitenciarios como la libertad condicional– y salidas laborales. El convenio además implicaba el resarcimiento a las víctimas, 360 mil pesos prorrateados entre todos y el decomiso de más de 80 mil pesos secuestrados durante los allanamientos como así también celulares, productos tecnológicos y dos automóviles.
Sin aval
El caso recayó en el juez Gustavo Pérez de Urrechu, quien presidió la audiencia de homologación del juicio abreviado. El magistrado no quedó convencido con la modalidad en el cumplimiento de la pena y sólo avaló el acuerdo respecto de la mujer ya que la ley admite que una embarazada pueda cumplir una prisión domiciliaria.
Entonces el fiscal apeló la decisión y el caso llegó a la Cámara Penal, donde el camarista Daniel Acosta resolvió, en septiembre pasado, revocar la resolución de primera instancia y dar lugar al trámite del abreviado al entender el fin resocializador de la pena y la supremacía de las leyes.
Con este decisorio las partes volvieron al ruedo con el planteo aunque un antecedente penal de Costich en La Matanza, provincia de Buenos Aires nuevamente evitó el acuerdo. Finalmente en noviembre pasado el juicio abreviado fue homologado aunque con modificaciones para Costich, que deberá cumplir ya no 5 sino 8 años de prisión. Lo que no varió fue la modalidad de prisión domiciliaria que generó diversos cambios de opiniones entre los letrados en los pasillos. Respecto de Grancha y Zerpa el acuerdo permaneció con el lineamiento original, 5 años de arresto domiciliario para el primero y 3 años de prisión efectiva con salidas laborales para su compañero de fechorías.
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