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Banda uniformada

Seccional 19ª: seguirán presos

Cinco policías acusados por graves delitos que incluyen robo y extorsión continuarán detenidos por dos meses mientras se sustancia el proceso en su contra. Una sexta agente de la UR II tiene arresto domiciliario debido a que está embarazada.


Al final de una extensa audiencia de prisión preventiva –duró más de cinco horas– donde se debatió la medida cautelar a imponer a cinco uniformados arrestados el pasado fin de semana, el juez Carlos Leiva dispuso mantener la detención por 60 días de todos ellos.

Durante el debate, los policías que prestaban servicios en la seccional 19ª fueron acusados por la Fiscalía de cometer graves ilícitos en el ejercicio de sus funciones utilizando las lagunas del sistema para obtener un rédito económico, por lo que solicitó una medida cautelar sin plazo. Las defensas se opusieron a este requerimiento a la vez que pidieron la libertad de sus asistidos y, en su defecto, morigeraciones a la prisión. El magistrado resolvió apoyar el pedido fiscal, aunque por un plazo determinado. En el caso también está involucrada la suboficial Lucrecia B., quien tiene arresto domiciliario por cursar un embarazo de riesgo.

Iniciada la audiencia, el fiscal Adrián Mac Cormack pidió la prisión preventiva sin plazos del quinteto, detalló en cada caso los hechos que les imputa, las pruebas con las que cuenta y fijó en cabeza del comisario principal Guillermo Ruiz Díaz la jefatura de una asociación ilícita. El fiscal detalló que las acusaciones están vinculadas con la actuación policial tras un hecho ilícito: se identificaba a los participantes de un delito o contravención y a partir de allí se activaban diversos mecanismos para lograr la entrega de dinero a cambio de no iniciar causas penales o alivianar la situación de algún sospechoso utilizando los pliegues del sistema, falseando el contenido de documentos públicos y ocultando u omitiendo información a la Justicia.

Según la enumeración, el entonces jefe de la repartición, comisario Ruiz Díaz, está acusado de tres hechos delictivos que encuadran en los delitos de secuestro extorsivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público agravado, allanamiento ilegal y asociación ilícita en su carácter de jefe. Su subalterno Sebastián F. está señalado en siete casos encuadrados en los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas, extorsión, allanamiento ilegal, robo agravado y asociación ilícita. Al chofer del comisario, el suboficial principal Juan Antonio G., le achacan tres hechos por delitos similares más la pertenencia a la asociación ilícita. Por su parte, el jefe del destacamento del barrio Toba, el oficial Víctor D., fue acusado de un solo hecho y el agente Eduardo C. enfrenta algunas acusaciones en la que actuó en compañía de Sebastián F.

A su turno, las defensas, en su mayoría particulares a excepción de la defensora oficial Nora Gaspire –abogada de Eduardo C.– se opusieron a la prisión preventiva, pidieron la libertad de sus asistidos y en cada caso plantearon medidas alternativas. Coincidieron en que los elementos probatorios se basan sólo en testimonios y entienden que no hay prueba objetiva ni contundente, a la vez que rechazaron la acusación de asociación ilícita al considerar que no se determinaron los roles, ni el acuerdo previo, ni la distribución de lo obtenido entre otros puntos. El defensor de Ruiz Díaz y Juan Antonio G., Gabriel Navas, fue el más duro en sus expresiones: sostuvo que hay que tener cuidado en plantear acusaciones sin pruebas y que sus clientes sólo cumplieron con su función. Argumentó que es una práctica habitual de los sospechosos echar culpas a la Policía y sostuvo que los uniformados fueron denunciados por gente que tiene antecedentes y que están confesos por los delitos endilgados. A su vez, refirió que los fiscales de Flagrancia deberían estar en el lugar de los hechos: “El sistema necesita que se ensucien los zapatos”, y argumentó que ello sucede por falta de recursos humanos.

Concluyó que esta causa tiene un condimento político detrás y, “cuando la política entra al tribunal, la justicia sale por la ventana”, refirió.

Concluida la exposición, el juez Carlos Leiva dispuso un cuarto intermedio de una hora y al retorno resolvió dictar la prisión preventiva de los cinco uniformados por un plazo de 60 días, es decir hasta el 22 de octubre. Entre sus fundamentos, refirió que existen elementos de convicción suficientes para sostener una probable autoría o participación en los hechos investigados, a lo que sumó la elevada pena en expectativa que tienen los delitos imputados y agregó que no se puede descartar un posible entorpecimiento probatorio. A su vez, llamó la atención de la Fiscalía respecto de la debilidad de la acusación por el delito de asociación ilícita.

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