La Justicia hizo lugar parcialmente a una presentación de los hijos de María de los Ángeles Paris, la bibliotecaria que murió esposada dentro de la comisaría 10ª de la zona norte el pasado 3 de mayo. Así habrá una nueva autopsia sobre el cuerpo de la mujer, en la que se autorizó la participación de un perito de Buenos Aires.
La querella había denunciado penalmente al forense que hizo la primera autopsia en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario, al interpretar que incurrió en incumplimiento de deberes de funcionario público, debido a “graves falencias” en esa práctica.
A la vez, solicitó que la reautopsia no se hiciera en el IML, o al menos que no se llevara adelante sin personal capacitado en el llamado Protocolo de Minnesota, es decir, con algún profesional que se desempeñe en la Morgue Judicial de la Nación. Y se había solicitado que la nueva autopsia se realizara en Buenos Aires, ya que la autopsia local no había sido ni eficiente, ni completa, ni transparente.
El juez rechazó el pedido para que el examen se practique fuera de Rosario, pero avaló que se realice con un forense de Buenos Aires y dos de la provincia de Santa Fe.
El magistrado resolvió además que si no se puede concretar la participación del forense porteño, que sea el propio director de la departamental forense quien reasigne a los peritos.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación, el forense Matías Kuverling pudo haber incurrido en incumplimiento de deberes al hacer la primera autopsia, llevada adelante un día después de la muerte de Paris.
Paris, quien trabajaba en la escuela Gurruchaga, ingresó a la comisaría de barrio Alberdi pidiendo ayuda, según pudo reconstruir la querella. Horas después de ese momento estaba muerta dentro de una habitación de la seccional.
Para la querella, la bibliotecaria fue privada ilegalmente de la libertad aquella noche, “de manera arbitraria y coercitiva y habiendo sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes”, lo cual encuadra en el Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas, aplicable a la responsabilidad del Estado.
La causa está en manos de la fiscal de Corrupción y Violencia Institucional, a cargo de Karina Bartocci, mientras que la parte de la pesquisa referida a si había sido víctima de un homicidio fue llevada adelante por su par Luis Schiappa Pietra, cuya actuación fue cuestionada por el gremio Amsafé y la querella, representada por los abogados Sebastian Sancevich, Federico Pagliero, Julia Giordano y María Eugenia Mistura.
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