Manuel Parola
Los penales de la provincia resguardan a la mayor cantidad de personas privadas de su libertad desde que se tiene registro: son 8.270 personas las que se encuentran detenidas, entre cárceles y sedes policiales. Se trata de una población mayoritariamente masculina, donde la mitad de ellos tienen menos de 30 años, proporción que asciende a los dos tercios si se tiene en cuenta a los internos de hasta 35 años. La mitad de los censados por el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) del Ministerio de Seguridad provincial fueron detenidos en alguno de los últimos tres años, mientras que sólo 1 de cada 4 son reincidentes. La categoría legal más presente en los expedientes es la del delito contra la propiedad, mientras que dos de cada diez internos están allí por homicidios dolosos. La sobrepoblación en las cárceles tiene un promedio del 21,9%, pero el número se duplica al hablar de las sedes policiales: en 3 de cada 4 comisarías se superan al menos en un 50% de la cantidad de plazas disponibles.
La población carcelaria de Santa Fe tiene como característica que 6 de cada 10 personas nunca habían habitado los penales previamente, mientras que sólo 23,6% son reincidentes. Según el relevamiento del OSP, la tasa de encarcelamiento registrada duplica al índice del 2008, año en el que comienza a tomarse registro de la población de las cárceles y sedes policiales de la provincia. Según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), la tasa de encarcelamiento cada 100 mil habitantes en Argentina era de 235 para el año 2020, último año informado por el organismo nacional. Esto implica que la tasa de la provincia de Santa Fe en el año 2021 se ubica apenas por debajo de la última tasa publicada. Berdardette Blua, coordinadora del capítulo Santa Fe de la organización Pensamiento Penal, observa con “bastante alarma y alerta” este incremento de la población ya que desde el 2008 la tasa de encarcelamiento “no hizo más que incrementarse y en diez años se duplica. En el 2016 es cuando esa curva empieza a elevarse más abruptamente”.
La abogada reflexiona sobre las razones que llevan a este crecimiento y encuentra un posible origen en el impacto del nuevo sistema procesal penal, el cual cumplió 8 años de vigencia en la provincia el pasado 10 de febrero. “Es un sistema que venía con muchas promesas” afirma Blua, entre ellas, una mayor celeridad en los procesos. “También habría que ver mayor celeridad de qué tipo, investigar si es más rápido en denuncias de hurto” o en procesos originados en delitos graves. A su vez, observa que “los presos siguen proviniendo de las zonas empobrecidas de la ciudad y es algo que el sistema no vino a modificar”.
Quien coincide con su análisis es Marcelo Marasca, docente de la cátedra de Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR): “El sistema acusatorio se basa en la frecuencia de las prisiones preventivas”. Si bien el OSP detectó que la cantidad de personas sin una condena firme pasó de componer un 52,3% a un 44,7%, el número sigue siendo preocupante: “El juicio abreviado explica esta hipótesis de que el modelo oral de enjuiciamiento genera condenas” de una manera más veloz. A esto se le agrega que, debido a la incorporación del delito de flagrancia -por el cual sólo es necesaria la declaración del efectivo de policía actuante para iniciar una denuncia por un crimen del cual, según su palabra, fue testigo-, los antecedentes son más fáciles de generar. En caso de encontrarse con la denuncia de una persona con antecedentes, la misma será demorada hasta que se resuelva su situación. Todo esto, cuenta Marasca, suma a la facilidad de llenar los penales: “Ese porcentaje tenés que leerlo en relación a los presos totales que tenés: seguís manteniendo una enorme cantidad de presos sin condena porque, si bien el porcentaje baja, el número total de presos sube y las personas sin condena son un montón.
Las sedes policiales como lugar de encierro: un retroceso
Los penales locales, en 2008 llegaron a albergar 3.794 personas. La población carcelaria santafesina se mantuvo con un crecimiento leve aunque sostenido hasta el año 2011. Pero desde 2014 no ha dejado de crecer la cantidad de personas privadas de sus libertad, hasta llegar a tener hoy 8.270 entre las cárceles de la provincia y los apresados en las comisarías. Estos espacios son las que presentan el mayor nivel de aumento en la cantidad de personas detenidas en sus instalaciones, lo cual para Marasca “el alojamiento en las comisarías no es deseable bajo ninguna circunstancia”.
“Si bien en este caso no son los valores más altos históricamente, estamos volviendo a una situación sobre la cual habíamos comenzado a retroceder tras la aparición del nuevo sistema penal”. A partir del 2014, la cantidad de personas detenidas en comisarías empieza a bajar hasta llegar al nivel mínimo registrado en 2017 “y después, despacito vuelve a subir”. Marasca lee, de esta forma, que se trata de un retroceso en una política “muy interesante de quitar a los presos de las comisarías, que no son espacios para encarcelamientos prolongados y eso era una política pública que había que profundizar y al contrario, se está retrocediendo y volviendo a la situación anterior del inicio del nuevo sistema penal”.
“Las condiciones de alojamiento no son adecuadas: no se puede garantizar una alimentación adecuada, la atención médica, no hay lugares donde se pueda prever el acceso al trabajo, a educación, a visitas, a un patio”. Por otro lado, “las condiciones de seguridad obviamente tampoco son adecuadas. Son lugares donde las posibilidades de fuga, de incendios, de accidentes dentro de los lugares de alojamiento son más proclives. No es un lugar apto, trae problemas aparejados a que el lugar no está preparado para tener personas por mucho tiempo”, sostiene.
Una tercera observación a su análisis contra la población en las sedes policiales: los policías. “Implica que la Policía debe destinar personal que además no está capacitado para el cuidado de personas privadas de libertad”. Otro problema son las numerosas situaciones de violencia a las cuales La Rosarina, como define a la policía local la forense Virginia Creimer, está señalada: “Situaciones de violencia hay en ambos, el Servicio Penitenciario no está privado de situaciones de violencia, de torturas, de vejaciones. Pero la predisposición del espacio físico determina las condiciones de posibilidad para que algunas cosas pasen. La configuración del espacio físico también determina las posibilidades que tiene el personal de custodia de ejercer violencia” reflexiona Marasca.
Gobernar y castigar: ¿A quiénes estamos metiendo presos?
Según el informe, la mitad de los encuestados fueron privados de su libertad en alguno de los últimos tres años: el 2021 explica el 23,2%, mientras que el 14,6%, por su parte, había ingresado en el año 2020, mientras que el 13,9% había ingresado en 2019. Otra característica de la población carcelaria que se desprende del relevamiento tiene que ver con la edad y el género de los internos: el 3,4% de las personas presas son mujeres, mientras que la mitad de los censados no superan los 30 años. La proporción aumenta hasta los dos tercios de los internos si nos extendemos hasta los 35 años. Blua insiste en una situación metódica: la cantidad de mujeres se obtiene de la población informada de las cárceles de mujeres, por lo cual no toma en cuenta identidades feminizadas en el registro.
Marasca sostuvo que “hablar de un mayor porcentaje de condenados no habla de quiénes estamos persiguiendo. Se siguen otorgando un montón de prisiones preventivas”, lo cual de alguna manera explica la falta de condena en casi 5 de cada 10 personas que están privadas de su libertad. “La persecución del Estado tiene que guiarse por términos cualitativos” y se pregunta “¿a quiénes estamos metiendo presos?”.
El debate que el criminólogo propone es sobre qué delitos se persiguen desde la política penal, entendiendo que las llamadas Leyes Bloomberg “fueron reformas con poco criterio del código penal y de la ley ejecución, que agravaron algunos delitos sin ningún criterio” y recuerda que “la política criminal del código penal que había previo a la reforma” priorizaba “la vida por encima de los robos” y concluye en que “esos agravamientos de la pena” y “las modificaciones que han sufrido en el último tiempo los códigos procesales penales en donde la justicia logra condenas más rápido, resultan en este fenómeno: las cárceles llenas y generalmente de personas provenientes de sectores populares, presos por delitos contra la propiedad, fundamentalmente. Debemos pensar, como sociedad, para qué existe la cárcel, para quiénes, y qué fin le atribuimos a la cárcel: hay un gran temor, de parte de todos los actores, de decir ‘hay que desencarcelar’”
Sumando a esa línea, Bernardette Blua entiende que la construcción de más cárceles “no puede ser la respuesta”. “Una cárcel nueva no te soluciona el problema de fondo. Si el sistema penal llega siempre tarde, cuando el conflicto ya está ahí, entonces es el Estado el que tiene que generar recursos, generar políticas públicas que eviten que la gente caiga presa” dice la abogada titular de Pensamiento Penal. “Si la respuesta del Estado siempre es la cárcel, tiene que ser una cárcel no hipócrita que, si le exige al preso que se resocialice, que le brinde una cantidad de profesionales que lo asistan y acompañen en ese proceso, o que permita que las asociaciones civiles entren con talleres”.
Al ser consultada sobre las condiciones de encierro en las unidades penitenciarias de la provincia, Blua contesta que “por las cosas que se ven en las cárceles, yo no te hablaría de un encierro humano” debido a la cantidad de “gente junta, porque no hay comida digna, no tenés acceso a la salud, no tenés móviles que te trasladen, porque no tenés salidas transitorias porque, incluso si te fueron otorgadas, no tenés servicio penitenciario que te lleve a tu casa. Es todo eso lo que no acompaña” dice Blua, y sentencia: “El problema principal es que el servicio penitenciario debería tener una mayor cantidad de profesionales no uniformados: psicólogos, trabajadores sociales, médicos”. “La solución nunca va a ser más cárceles, y menos si es con más cárceles como las que tenemos ahora”.
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