Guillermo Correa
El colectivo Paren de Fumigarnos, envió una nota a la diputada provincial Érica Hynes, titular de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara baja de la provicia en la que le solicitaron “una vez más” el “urgente tratamiento” del proyecto para modificar la ley 11,273, normativa que regula el uso de fitosanitarios en el territorio santafesino. El pedido, extensivo a los demás miembros del cuerpo –3 legisladoras y 5 legisladores– se enmarca en la extensa campaña para modificar la ley vigente que data de 1995, el año anterior a que se aprobara a nivel nacional el cultivo de la soja transgénica y su “paquete tecnológico” de productos asociados. Pese a ello, todos los intentos por un cambio en resguardo de la salud de la población han sistemáticamente naufragado en el Congreso provincial. “Venimos dando testimonio desde
hace más de 14 años de cómo la exposición permanente a los agrotóxicos ha dañado severamente nuestra salud. Todo lo que venimos denunciando fue respaldado por innumerables estudios científicos que ponen en evidencia que las/los vecinas y vecinos, no mentimos: estamos enfermos y estamos muriendo por el uso indiscriminado de agrotóxicos”, escribió la entidad multisectorial en la misiva. Y el intento, según explicó uno de sus integrantes, Daniel Romano, es que el proyecto, al menos, salga de la comisión en la que está y pase a otra: si se mueve, no perderá estado parlamentario, que es lo que ocurre con las iniciativas que quedan “dormidas” en el Legislativo, sin darle tratamiento.
“Necesitamos una nueva ley que frene esta situación dramática”, expresa la Multisectorial en su misiva. Y describe cuál es esa situación: “Cáncer (fundamentalmente linfomas y leucemias), intoxicaciones agudas a organofosforados, hipotiroidismo, celiaquía, malnutrición, abortos espontáneos, malformaciones congénitas que llevan a toda una vida de discapacidad”.
“La lista de enfermedades, discapacidades y muertes por agrotóxicos es ya conocida”, advierten.
Hasta ahora, los intentos por cambiar la lógica productiva que se comenzó a expandir sin límite hace un cuarto de siglo vienen chocando con un poderoso lobby empresario, pese a que la normativa propuesta no procura la erradicación de cultivos transgénicos, sino sólo ampliar las zonas de resguardo sobre las poblaciones rurales, parajes habitados e instituciones como escuelas, además de cursos de agua, que multiplican la dispersión de sustancias y llegan a la cadena alimentaria humana y de cualquier especie viviente. Pero la presión es fuerte: de hecho cuando en diciembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza de prohibición del herbicida glifosato en la superficie de la ciudad, cuya superficie cultivable es cuanto menos pequeña, entidades como Acsoja (Asociación de la Cadena de la Soja Argentina) y Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) expresaron de inmediato su fuerte disgusto: la primera manifestó su “profundo desacuerdo con la ordenanza N° 9.789”, mientras que la segunda directamente consideró a la normativa, que había tenido voto unánime, como “un disparate, algo que no tiene pies ni cabeza”. En ambos casos se invocó la inocuidad del agroquímico, considerando la ordenanza como “algo alejado de la ciencia y basado en cuestiones ideológicas”. Esto ocurrió a fines de 2017, cuando dos años antes, en 2015, la Organización Mundial de la Salud había considerado oficialmente al glifosato como “probable cancerígeno humano”.
Hasta ahora ha sido la Justicia y los cuerpos legislativos a nivel local los que pusieron límites, en todos los casos de distancia, y no de uso. De igual modo, todos y cada uno de los reparos han sido rechazados, resistidos, y hasta incumplidos, lo que dio origen a varias causas judiciales y fallos que ya amparan, por ejemplo, a las poblaciones de San Jorge o Celedonio Escalada, entre otras.
Pero la normativa a nivel provincial fue sistemáticamente frustrada, incluso con mecanismos curiosos: desde Paren de Fumigarnos, Romano recordó que hubo proyectos diferentes en en su letra, presentados por legisladores distintos y en fechas no coincidentes: parece una obviedad, pero dejó de serlo: en al menos un caso fueron unificados, se tomó como fecha de ingreso en la Legislatura el primero y la pérdida de estado parlamentario operó trancurridos dos período de aquel, no de los otros.
Los resultados –cuenta el activista– fueron calcados, salvo en un caso, en el que una iniciativa resultó aprobada en la Cámara baja: esa perdió el estado parlamentario en el Senado.
La lista de legisladores que firmaron las distintas iniciativas es tan extensa como multipartidaria: se involucraron fuerzas políticas –o corrientes internas– del Partido Socialista, Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, Ciudad Futura, Igualdad y Participación, y alianzas como el Frente Social y Popular. Ninguna prosperó.
A la par que esto ocurría, se acumulaban investigaciones y denuncias, como las de los Campamentos Sanitarios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que lograron trazar –al menos como probadas coincidencias– un paralelo entre modelo productivo imperante, fumigaciones próximas y daños a la salud comprobados.
También en paralelo, según refirió el activista de la Multisectorial, esta vez el proyecto es nuevamente de Carlos del Frade, del Frente Social y Popular (autor de otra iniciativa caída), pero cuenta con las firmas de otros cinco diputados: Rubén Giustiniani (Igualdad), Lucila de Ponti y Matilde Bruera (ambas del bloque Justicialista-PJ), Fabián Palo Oliver (UCR en el Frente Progresista), Damaris Pacchiotti (Ciudad Futura en el Frente Social y Popular). Son seis sobre medio centenar, claramente una minoría, pero esperan que esta vez sea distinto.
Lo que plantea en sus ejes, explica el miembro de la Multisectorial, es 1,500 metros “sin ningún tipo de veneno, como en la provincia de San Luis”, en cinturones donde se pueda hacer cualquier tipo de cultivo agroecológico (“comida sana”), y prohibición de toda fumigación aérea.
Fuera de los ejes, hay elementos que parecen de sentido común, que Paren de Fumigarnos respaldó, aunque fueran menos metros, con la lógica de que cualquier avance tiene un saldo positivo: por caso el reciclado obligatorio de los envases de agrotóxicos –en condiciones de extrema vulnerabilidad se utilizan como utensilios domésticos, aunque esa realidad no sea reconocida– y comercialización de químicos peligros con receta y no en venta libre.
Todo recibió el título de caducado por no tratamiento.
Ahora el nuevo proyecto, que viene en tándem con otro para fomentar la producción agroecológica, tiene esas mismas premisas y hasta tuvo despacho de la comisión de Salud, pero está varado en la que preside Hynes, e integran la socialista Gisel Mahmud, Mónica Peralta (GEN), el abogado Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Alejando Boscarol (UCR en Juntos por el Cambio), Ariel Bermúdez (Creo), Gabriel Real (PDP) y dos de los firmantes: Del Frade y Bruera. Y de ahí la ONG, que ya tiene presencia en cada uno de los 19 departamentos, espera que, transcurrida la mitad del año “se mueva” para ser aprobado antes de diciembre, cuando, como todas las iniciativas emparentadas, perderá estado parlamentario si no se aprueba.
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