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Análisis

Sancor: la plata llegó después de la huelga


Fue necesario un paro total de actividades en la industria láctea para que reaccionaran las partes y el gobierno destrabara los fondos estimados en 450 millones de pesos para asistir a la cooperativa Sancor en su profunda crisis.

Tras algunos momentos de tensión y un absoluto acatamiento a la medida de fuerza por parte de 30 mil afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria de la República Argentina (Atilra) en el país, el Ministerio de Trabajo de la Nación se convirtió en el puente de las distintas posiciones.

Ante el cese de actividades en sus plantas, el Centro de Industria Lechera (CIL) interpuso un recurso de conciliación obligatoria el jueves, día del paro, que había comenzado con un plazo de 24 horas, pero que amenazaba extenderse por tiempo indeterminado.

La huelga nacional fue votada por los 400 delegados de Atilra que se dieron cita en la sede y esperaron pacientemente el miércoles por la tarde que el secretario general del gremio, Héctor Ponce, finalizara una extensa conferencia de prensa.

Ante una pregunta de NA, Ponce admitió que el gremio estaba dispuesto a reducir hasta un 70 por ciento el monto del aporte patronal permanente que perciben de las empresas lácteas, de más de 3 mil pesos mensuales por empleado, y que tiene como destino la obra social.

Esta decisión demostró que no sólo Sancor está en crisis sino la industria láctea en general y así se acordó la modernización del convenio colectivo de trabajo de todo el sector.

Apymel, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, en medio de las negociaciones dio a conocer que unas 200 pymes del sector están en peligro de desaparecer.

Sancor, con 79 años de existencia, se ha convertido en un emblema de una industria que no escapa a los problemas de costos y precios internacionales.

Finalmente el pasado viernes, luego del mediodía, se firmó un acuerdo por el cual el gobierno quedó comprometido a dar los 450 millones de pesos a Sancor, fondos que, según explicó el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, irán a parar a un fideicomiso para enfrentar el “desmanejo” de la cooperativa.

Buryaile puso de relevancia, entre otros aspectos, que hay gerentes de Sancor que cobran sueldos de 400 mil pesos y que no han sabido estar a las alturas de lo que necesitaba la cooperativa.

El presidente Mauricio Macri, por su parte, evaluó en la semana que habría que buscarle un “socio” a la cooperativa basada en Sunchales, Santa Fe, con 11 plantas, cuatro inactivas, 4.400 empleados y 22 mil relacionados en forma indirecta.

En tanto, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se quejó por la demora del gobierno central en dar la ayuda, ya que las negociaciones insumieron 60 días y produjeron a Sancor la pérdida de unos 200 millones de pesos.

Los tamberos santafesinos, agrupados en la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe), festejaron el acuerdo, pero señalaron que hace falta una profunda reestructuración en Sancor.

El secretario de la entidad, Marcelo Aimaro, aseguró que “este dinero alcanza para comenzar a pagarle a los productores, abonar los sueldos, comprar insumos y para que reactiven la industria nuevamente, pero el gobierno pondrá sus condicionamientos para reestructurar a fondo, como corresponde”.

“Hay que reestructurar la empresa, volver a recuperar la producción, la materia prima, que no va a ser mañana; hay que pagarle al productor para que pueda rearmarse, es un proceso que va a llevar un tiempo”, dijo.

Mientras tanto en las góndolas de supermercados y autoservicios ya es patente el desabastecimiento de productos Sancor, como yogures, crema, el conocido queso untable Mendicrim mientras que la leche hace tiempo que no se comercializa.

Ocurre que muchos tamberos proveedores dejaron de entregar la materia prima por falta de pago y quizá unos mil se pasaron a la soja ante el estado de las cosas, en el último año.

Mientras tanto, el silencio por parte del presidente de Sancor, Gustavo Ferrero, sólo fue interrumpido por algunas frases que trascendieron en las cuales pedía que el gobierno, las cámaras empresariales y el sindicato llegaran a un acuerdo, mientras sus empleados aceptaron diferir el 15% de sus salarios por seis meses.

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